La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha informado este viernes de la aprobación de un real decreto-ley con el que se adapta el comercio de derechos de emisión a las últimas reformas comunitarias y se cumple así el requisito de transposición imprescindible para optar a más de 6.800 millones de euros del Fondo Social por el Clima.
Con esta norma se actualiza el marco regulador español a los objetivos climáticos y energéticos de la Unión Europea e incorpora el ETS2, el nuevo sistema de comercio de emisiones que amplía el principio de “quien contamina paga” a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) asociadas a los combustibles utilizados en edificios, el transporte por carretera y otros sectores definidos por la legislación europea.
Según detalla Transición Ecológica, las obligaciones se sitúan en las compañías que suministran los combustibles, y no de forma directa en los consumidores finales, e incluyen el seguimiento y la notificación de emisiones, que han comenzado en 2024, así como la entrega de los derechos de emisión correspondientes a partir del 1 de enero de 2028.
Actualización de las reglas para industria y transporte
El real decreto-ley también revisa las normas aplicables a la industria, a la generación eléctrica y a la aviación, e incorpora de forma completa el transporte marítimo al sistema europeo de comercio de emisiones.
Para los sectores industriales y de generación de electricidad, se establece un objetivo de reducción de emisiones del 62% en 2030 respecto a los niveles de 2005, a la vez que se incentivan tecnologías limpias y se refuerza el Fondo de Innovación. El texto prevé igualmente la entrada de nuevas tecnologías, entre ellas el hidrógeno renovable, al que se asignan derechos gratuitos.
Aagesen ha recalcado que el nuevo marco aporta “seguridad jurídica” a un amplio conjunto de agentes sometidos a este sistema: 900 instalaciones industriales y energéticas, 30 operadores aéreos, 600 navieras, 1.000 distribuidores de combustibles y más de 2.000 importadores, que, según ha recordado, “llevan tiempo pidiendo esa seguridad”.
Fondos para vivienda y movilidad
La vicepresidenta ha precisado que los ingresos procedentes del comercio de derechos de emisión ayudarán a nutrir el Fondo Social por el Clima y ha reiterado que la transposición de la directiva era condición imprescindible para poder acceder a estos recursos europeos.
De acuerdo con sus estimaciones, España podría percibir más de 6.800 millones de euros entre 2026 y 2032. Esta cantidad, que exige una cofinanciación nacional del 25%, permitiría movilizar en torno a 9.000 millones para poner en marcha las actuaciones previstas en el Plan Social para el Clima.
A estos fondos se añadirán los ingresos futuros derivados de las subastas de derechos de emisión del ETS2, que podrán destinarse a iniciativas relacionadas con la transición energética y climática.
La ministra ha detallado que estos recursos se orientarán a financiar la rehabilitación de barrios y viviendas, intervenciones en áreas urbanas vulnerables, el impulso de la vivienda social, el apoyo a la movilidad en el medio rural y un transporte público accesible y asequible.
“Por lo tanto, estamos dando un paso necesario para ese compromiso de una España que se descarboniza, pero que siempre acompaña a los más vulnerables, a una transición justa”, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.