El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha señalado este lunes que la reforma que impulsa la Comisión Europea para el próximo presupuesto comunitario no garantiza por sí misma un uso más eficiente de los recursos, a pesar de que incorpora modificaciones importantes en la forma de planificar, gestionar y controlar los fondos europeos.
En un informe difundido este lunes, los auditores europeos subrayan que la revisión del marco financiero plurianual para el periodo 2028-2034, dotado con cerca de 2 billones de euros, introduce transformaciones profundas que pueden suponer riesgos para la gestión financiera y que exigen reforzar las salvaguardas.
Entre los aspectos que más inquietan, el Tribunal de Cuentas advierte de que, si no salen adelante las nuevas fuentes de financiación planteadas por Bruselas, podría generarse un “déficit presupuestario significativo”, lo que obligaría a elevar las aportaciones de los Estados miembro o a rebajar el nivel de ambición del presupuesto.
Al mismo tiempo, los auditores remarcan que el nuevo esquema conlleva un aumento del endeudamiento de la UE, en parte debido a la creación de nuevos instrumentos de préstamo, entre ellos un mecanismo de hasta 150.000 millones de euros destinado a respaldar inversiones de los Estados miembro.
El documento también cuestiona varios de los cambios estructurales que propone la Comisión, como la puesta en marcha de un gran fondo europeo que agruparía políticas clave como la cohesión o la agricultura, algo que, según los auditores, podría forzar a elegir entre prioridades y complicar el logro de los objetivos fijados.
Además, el Tribunal de Cuentas alerta de que el mayor margen de decisión que se concede a los Estados miembro para elaborar sus planes puede provocar divergencias y debilitar la coherencia del gasto a escala europea, con el riesgo añadido de generar distorsiones en la competencia.
El órgano fiscalizador también muestra sus reservas sobre el nuevo modelo de ejecución presupuestaria, inspirado en el fondo de recuperación pospandemia, que supedita los desembolsos al cumplimiento de hitos y metas concretas.
Según los auditores, este enfoque tiene limitaciones a la hora de medir los resultados efectivos del gasto y no permite determinar con claridad qué beneficios concretos obtienen los ciudadanos de los fondos europeos.