La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido este jueves el Pacto de Toledo, al que ha descrito como el “mejor ejemplo” de política de Estado en España, y ha instado a la derecha a no utilizar el sistema de pensiones como un “arma partidista”.
Saiz ha intervenido en unas jornadas organizadas por Fundación Alternativas con motivo del 30º aniversario del Pacto de Toledo, donde ha subrayado que este acuerdo ofrece “estabilidad” al sistema público de pensiones frente a quienes pretenden transformarlo en un “campo de batalla política”.
“Las pensiones no pueden utilizarse como un arma partidista cuando lo que está en juego es la seguridad de millones de personas y, para ello, lo deseable sería que la derecha fuera mínimamente coherente y responsable y no votara en contra de la legislación que desarrollan las recomendaciones vigentes que ellos mismos votaron a favor”, ha señalado la ministra.
La titular de Inclusión ha criticado que en este momento la prioridad del Partido Popular (PP) sea “otra” y ha advertido de que “no todo vale por querer erosionar al Gobierno, cuando realmente lo que se pretende ocultar es que el Partido Popular está atado a Vox en sus necesarios acuerdos para gobernar distintas comunidades autónomas”.
En este contexto, ha insistido en que “nuestro sistema de pensiones no es moneda de cambio y en el ámbito europeo debemos demostrarlo y lo estamos haciendo con credibilidad”.
La Comisión Europea respalda el modelo de pensiones
En la misma línea, Saiz ha enfatizado que la Comisión Europea respalda el actual sistema de pensiones español, pese a las dudas iniciales de algunos técnicos, y ha asegurado que España está cumpliendo los compromisos adquiridos en esta materia, lo que le permite contemplar el futuro del modelo “con optimismo”.
Ha admitido, no obstante, que el sistema afronta desafíos relevantes, como la jubilación de la generación del 'baby boom', las transformaciones del mercado laboral, el progresivo envejecimiento de la población, la necesidad de avanzar en igualdad entre hombres y mujeres, el aumento de los procesos de Incapacidad Temporal y la obligación de mejorar su gestión.
Frente a estos retos, ha destacado que ahora se dispone de instrumentos más avanzados, entre ellos la recién presentada Integrass, que facilita anticipar distintos escenarios y diseñar con mayor precisión las políticas de pensiones.
“El Pacto de Toledo es el mejor ejemplo de una política de Estado en nuestro país. En España lo ha sido en el pasado y debe seguir siéndolo en el futuro. Hoy más que nunca necesitamos recuperar esa mirada larga, esa capacidad de acuerdo que trasciende el corto plazo. Porque lo que está en juego no es solo un sistema, es algo que es mucho más valioso, que es la certidumbre de que nuestro Sistema Público de Protección Social va a seguir siendo sólido, justo y sostenible”, ha remarcado.
El peso de las pensiones en las cuentas públicas
En el encuentro también ha intervenido el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, quien ha puesto de relieve que el sistema de pensiones absorbe aproximadamente un tercio del conjunto de los Presupuestos Públicos, en torno a 200.000 millones de euros anuales, y ha subrayado la relevancia de analizar y evaluar las políticas para determinar qué medidas son eficaces y cuáles no.
Junto a él han participado la secretaria general de Uatae, María José Landaburu; la exsecretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, María Milagros Paniagua; el catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid, José Luis Tortuero, y la directora del área de igualdad de la Universidad de Oviedo y catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Paz Menéndez.
Los expertos presentes han identificado varios desafíos para el futuro del sistema, entre los que han citado las prestaciones de incapacidad permanente y temporal, las pensiones de orfandad y viudedad, la necesidad de reforzar la prestación por cese de actividad de los autónomos, la reducción de la brecha de género, la implantación de una prestación universal por crianza y el refuerzo de los sistemas complementarios de pensiones.