Un mes después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reaparecido públicamente en una entrevista en la Cadena SER en la que no se ha salido del guion previsto: ha asegurado que los informes del CNI no predijeron la magnitud de la “avalancha”, que Marruecos no tuvo nada que ver y ha anunciado una bonificación del 75% en las aportaciones a la Seguridad Social de los empresarios de Ceuta y Melilla.
Además, se ha vanagloriado del apoyo que su Gobierno ha dado a Ceuta durante toda la legislatura: el líder socialista ha indicado que el suyo es el Ejecutivo “que más ha hecho por Ceuta y Melilla en la historia” y que él es el presidente que más ha visitado la zona y que más recursos ha destinado. En concreto, ha enfatizado, cuando se acabe la legislatura, habrán invertido 180 millones de euros desde 2018 en la seguridad y el perímetro de la frontera de Ceuta.
165 millones de euros
Solo un día antes de la entrevista, El País adelantó que el Consejo de Ministros de este próximo martes aprobará un paquete de 165 millones de euros destinado a recuperar la actividad económica y reforzar los servicios públicos.
La medida desarrollaría la ampliación extraordinaria del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico que Carlos Cuerpo anunció durante su visita a la ciudad. Moncloa había confirmado esa ampliación, pero no había comunicado todavía públicamente una cifra de 165 millones.
El plan adelantado contempla más de 80 millones de impacto inmediato durante los próximos cuatro meses. Otros 70 millones quedarían previstos para 2027. Entre las partidas señaladas figuran 35 millones para pymes y autónomos, 15 millones para comercio y turismo y otros 15 millones vinculados a educación, sanidad y justicia.
La cuantía llega después de que la Cámara de Comercio calculase que Ceuta podía cerrar agosto con pérdidas superiores a los 27 millones de euros. Empresarios de la ciudad han denunciado cancelaciones hoteleras, caída del consumo y una temporada turística prácticamente perdida.
Antes, el Gobierno autorizó 25 millones para la atención de menores migrantes y el Ministerio de Inclusión elevó hasta 44,51 millones el volumen máximo de su respuesta humanitaria.