El Gobierno quiere establecer nuevas condiciones para que los centros de datos puedan acceder a la red eléctrica española, en un momento en el que la expansión de la inteligencia artificial y de los servicios digitales está multiplicando las necesidades de suministro de estas instalaciones.
La principal exigencia consiste en que los nuevos proyectos de mayor tamaño garanticen que al menos el 80% de la electricidad que consuman esté respaldada por nueva generación renovable, una obligación que las empresas consideran excesivamente restrictiva y que ha abierto un enfrentamiento con el Ministerio para la Transición Ecológica.
La controversia ha adquirido ahora una dimensión europea. El Ejecutivo ha incluido la aprobación del real decreto que regula estas instalaciones en las negociaciones con la Comisión Europea sobre el último desembolso del Plan de Recuperación por importe de 25.861 millones de euros. La incorporación de esta norma a las conversaciones con Bruselas introduce un nuevo elemento de presión sobre su tramitación, aunque todavía no existe confirmación pública de que constituya una condición específica para recibir los fondos.
El proyecto busca resolver un problema que va más allá de los centros de datos. Aunque España dispone de una importante capacidad de generación renovable, la electricidad no siempre puede llegar a los lugares donde se solicita porque las redes de transporte y distribución tienen una capacidad limitada. El Gobierno pretende evitar que las grandes instalaciones digitales ocupen una parte considerable de esa capacidad y dificulten la conexión de industrias, viviendas u otras actividades económicas que también necesitan electrificarse.
Por qué preocupa el consumo de los centros de datos
Los centros de datos albergan los servidores que permiten almacenar y procesar información, prestar servicios en la nube y desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial. Para funcionar necesitan un suministro eléctrico continuo, tanto para alimentar los equipos informáticos como para mantener los sistemas de refrigeración que evitan su sobrecalentamiento.
El crecimiento de esta actividad ha disparado las peticiones de conexión al sistema eléctrico. Según la documentación del Ministerio para la Transición Ecológica, desde finales de 2023 se han concedido más de 6 gigavatios (GW) de capacidad de acceso a centros de datos en la red de transporte, a los que se suman alrededor de otros 6 GW otorgados en las redes de distribución desde 2020.
Estas cifras no significan que los centros de datos estén consumiendo actualmente 12 GW, sino que representan la potencia máxima de acceso autorizada para instalaciones existentes o proyectadas. No todos los proyectos tienen que llegar a construirse ni utilizar de manera simultánea toda la capacidad concedida, pero las autorizaciones condicionan la disponibilidad de la red para nuevas solicitudes.
La preocupación del Gobierno se centra precisamente en esa diferencia entre la electricidad que puede producir el país y la capacidad física de transportarla hasta los consumidores. La construcción de nuevas líneas y subestaciones requiere inversiones y plazos de ejecución que no siempre coinciden con el ritmo de desarrollo de los proyectos empresariales.
A ello se añade que los centros de datos necesitan electricidad durante las 24 horas del día, mientras que la generación solar y eólica depende de las condiciones meteorológicas. Por tanto, contratar una cantidad de energía renovable equivalente al consumo anual de una instalación no garantiza que esa electricidad esté disponible en cada momento en que se necesita.
Las nuevas obligaciones que plantea el Ejecutivo
Para afrontar esta situación, el Ministerio para la Transición Ecológica ha elaborado un proyecto de real decreto que establece condiciones específicas para el suministro eléctrico de los centros de datos. La propuesta, sometida a audiencia pública entre agosto y septiembre, afecta principalmente a las nuevas instalaciones con una potencia de acceso a la red igual o superior a un megavatio.
La medida más relevante consiste en exigir que al menos el 80% del consumo eléctrico esté respaldado por generación renovable adicional, mediante instalaciones de autoconsumo o contratos de suministro a largo plazo vinculados a nueva capacidad de producción.
El concepto de adicionalidad resulta fundamental para entender la propuesta. El Gobierno no pretende únicamente que los centros de datos compren electricidad renovable que ya se produce en España, sino que contribuyan a incorporar nuevas instalaciones de generación al sistema eléctrico para atender el incremento de demanda asociado a su actividad.
Además, el proyecto introduce una exigencia de correspondencia horaria entre el consumo y la producción renovable. Esto significa que no bastaría con compensar el gasto eléctrico de todo un año mediante la compra de una cantidad equivalente de energía limpia, sino que los operadores tendrían que acreditar que cumplen las condiciones de cobertura durante las horas en las que funcionan sus instalaciones.
El texto también contempla un tratamiento diferenciado cuando la penetración de renovables en el sistema supere el 90%, así como requisitos relacionados con la eficiencia energética, el consumo de agua y la protección de la información alojada en estas infraestructuras.
Entre las disposiciones propuestas figuran igualmente condiciones vinculadas a la soberanía digital, destinadas a reforzar el control europeo sobre determinadas operaciones y datos. Estas exigencias amplían el alcance de una regulación que, aunque nace del problema de acceso a la electricidad, también afecta a la actividad empresarial y tecnológica de los operadores.
Por qué las empresas rechazan la propuesta
La patronal Spain DC, que agrupa a empresas vinculadas al desarrollo y funcionamiento de centros de datos en España, considera que las condiciones planteadas por el Ministerio pueden dificultar la ejecución de proyectos y reducir la competitividad del país frente a otros destinos europeos.
El principal desacuerdo gira en torno a la obligación de respaldar el consumo con nueva generación renovable y demostrar su correspondencia horaria. Para los operadores, cumplir estas condiciones puede exigir inversiones y compromisos de suministro adicionales que encarezcan los proyectos y dificulten su financiación, especialmente cuando las instalaciones se encuentran en fases avanzadas de planificación.
La asociación también cuestiona la incertidumbre que supondría introducir nuevas obligaciones para inversiones cuya viabilidad se calculó con unas condiciones regulatorias diferentes. SpainDC estima que alrededor de 9.000 millones de euros en inversiones podrían verse comprometidos por la propuesta, una cifra que representa una valoración del sector sobre los proyectos potencialmente afectados y no cancelaciones confirmadas.
La oposición empresarial no significa un rechazo a que los centros de datos utilicen energías renovables. La controversia se concentra en cómo deben acreditarlo, qué costes implica la obligación de incorporar nueva generación y hasta qué punto esas exigencias pueden convertirse en un obstáculo para obtener los permisos eléctricos.
También se han pronunciado sobre la regulación empresas vinculadas al suministro energético y las telecomunicaciones. Iberdrola ha defendido la importancia de atraer este tipo de instalaciones por su capacidad para generar actividad económica, mientras Telefónica ha advertido de los efectos que determinadas exigencias podrían tener sobre el desarrollo del sector.
La negociación con Bruselas y los fondos europeos
La disputa ha llegado a las instituciones europeas en la fase final del Plan de Recuperación, el programa financiado con fondos de la Unión Europea para impulsar reformas e inversiones tras la pandemia.
España presentó el pasado 30 de septiembre su séptima y última solicitud de pago, por un importe de 25.861 millones de euros, vinculada al cumplimiento de 148 hitos y objetivos. De esa cantidad, 21.463 millones corresponden a transferencias y 4.398 millones a préstamos, según la información difundida por el Gobierno.
El funcionamiento del mecanismo europeo exige que los Estados acrediten el cumplimiento de los compromisos acordados con la Comisión para recibir los desembolsos. No se trata, por tanto, de una transferencia automática de dinero, sino de pagos sujetos a la evaluación de reformas y actuaciones previamente comprometidas.
En este contexto, el Gobierno ha ofrecido la aprobación del decreto de centros de datos dentro de las negociaciones con Bruselas, después de que algunas de las reformas inicialmente previstas en el Plan de Recuperación no llegaran a materializarse, entre ellas la subida de la fiscalidad del diésel.
La vinculación entre ambos asuntos resulta relevante porque el Ejecutivo dispone de un margen temporal limitado para cerrar la regulación. La Comisión Europea debe completar los desembolsos del mecanismo antes de que termine 2026 y España se encuentra, además, ante unas elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre.
Sin embargo, la documentación pública de la última solicitud de pago no identifica de manera individualizada el decreto de centros de datos como uno de los 148 hitos sometidos a evaluación, por lo que su eventual papel en el desembolso debe atribuirse a la información publicada por El País y no presentarse como una condición ya confirmada por la Comisión Europea.
Una regulación pendiente de aprobación
El Gobierno se enfrenta ahora a la decisión de mantener las principales exigencias del proyecto o introducir modificaciones que permitan acercar posiciones con las empresas antes de su aprobación.
Para el Ministerio, el objetivo es que el desarrollo de los centros de datos no comprometa la capacidad de conexión de otras actividades ni incremente las necesidades de generación eléctrica sin una aportación equivalente de nuevas renovables. Los operadores, por su parte, reclaman que las obligaciones se adapten a las posibilidades técnicas y económicas de los proyectos para evitar que España pierda inversiones frente a otros países.