La Federación estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC), a través del área de Carreteras, Urbanos y Logística, ha hecho pública la convocatoria de una huelga general e indefinida en el transporte por carretera de mercancías (camiones) y de viajeros (autobuses) a partir del próximo 8 de junio.
La organización sindical reclama al Gobierno una contestación formal y por escrito a la petición de coeficientes reductores presentada conjuntamente por sindicatos y patronales, que permitiría rebajar la edad de jubilación de los conductores profesionales, al considerar el riesgo y la peligrosidad asociados a esta actividad.
“Han pasado más de seis meses desde que se aprobó la tramitación de la solicitud y no hemos obtenido respuesta del Gobierno, del Ministerio o de la Administración pública, lo que implica que tras seis meses se considera silencio administrativo y los coeficientes quedan denegados. Esa es la única certeza que UGT tiene a día de hoy”, ha indicado el secretario general de FeSMC-UGT, Antonio Oviedo.
Oviedo explica que se ha dirigido al Ministerio de Trabajo para exigir una comunicación oficial, por escrito, sobre el estado de tramitación del expediente, y denuncia que ni siquiera se habría reunido todavía la comisión técnica responsable de analizar los informes necesarios para tomar una decisión.
“Queremos una respuesta por escrito del Ministerio de Trabajo en la que se nos diga en qué situación está este asunto. Y que si necesitan más tiempo, que lo digan oficialmente, pero no den la callada por respuesta”, ha subrayado.
Retiro anticipado en otros países
El dirigente sindical ha recordado además que en países como Alemania, Italia o Francia, así como en otros Estados de la Unión Europea, ya existen fórmulas reguladas para el retiro anticipado de los conductores, al estar reconocida normativamente la penosidad de este trabajo.
Por su parte, el secretario federal del sector de Carreteras, Urbanos y Logística de FeSMC-UGT, Diego Buenestado, ha aportado algunos datos, como los más de 1.800 conductores profesionales fallecidos desde 2013, y ha insistido en que la convocatoria no se dirige contra las empresas, sino contra la Administración pública, en concreto el Gobierno.