La CNMC abre otro expediente sancionador muy grave a Iberdrola por su central nuclear en el apagón eléctrico

La CNMC abre un tercer expediente muy grave a Iberdrola por su nuclear en el cero eléctrico del 28 de abril de 2025, en plena cascada sancionadora al sector.

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La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), Cani Fernández Jesús Hellín - Europa Press

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un nuevo procedimiento sancionador por una infracción "muy grave" contra Iberdrola en relación con el cero eléctrico del 28 de abril de 2025, ligado a la actividad de su central nuclear.

Este nuevo expediente del supervisor, dirigido a Iberdrola España e Iberdrola Generación Nuclear, se fundamenta en un posible quebranto del artículo 64.37 de la Ley del Sector Eléctrico, relativo a la "reducción de producción o suministro sin autorización/incumplimiento reiterado de obligaciones de disponibilidad".

Así, este procedimiento -registrado formalmente el 23 de abril- se convierte en el tercero catalogado como infracción "muy grave" dentro de la serie de expedientes que el organismo presidido por Cani Fernández viene notificando en las últimas semanas.

El viernes anterior, la CNMC ya había comunicado la apertura de otros 35 expedientes sancionadores por posibles infracciones detectadas en sus pesquisas sobre el apagón del 28 de abril de 2025, entre ellos uno "muy grave" contra la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, participada por Iberdrola, Endesa y Naturgy.

En ese caso, el procedimiento se refería igualmente a la eventual vulneración del artículo 64.37 de la Ley del Sector Eléctrico, por una reducción de producción o suministro sin autorización/incumplimiento reiterado de obligaciones de disponibilidad.

Esos 35 nuevos expedientes, que se sumaban a la veintena abierta la semana anterior, se dirigían principalmente contra Iberdrola, con un total de 18, además de otros 12 a Endesa y uno a cada una de las compañías ContourGlobal La Rioja, Engie Cartagena, TotalEnergies y la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II, todos ellos calificados como "graves".

Cadena de expedientes en el sector eléctrico

El pasado 17 de abril, el regulador dio comienzo a este "rosario" de expedientes con la incoación de uno a Red Eléctrica de España (REE), tipificado como "muy grave", y a diversas instalaciones de generación eléctrica (ciclos combinados, renovables y nucleares) de las principales eléctricas del país -Iberdrola, Endesa y Naturgy-, así como de Repsol y Bahía de Bizkaia Electricidad, en estos casos por infracciones "graves".

En el caso de Red Eléctrica de España, la CNMC abrió el expediente por un posible incumplimiento de las funciones k-, l-, r- y u- del artículo 30.2, con perjuicio para el sistema o para determinados sujetos, apuntando a la programación del 'mix' de generación de esa jornada.

Estas funciones recogen la obligación del operador del sistema de programar el funcionamiento de las instalaciones de producción de energía eléctrica conforme al resultado de la casación de ofertas facilitado por el operador del mercado.

Además, la CNMC precisó la semana pasada que "las incoaciones notificadas incluyen también la investigación de prácticas producidas en días o periodos distintos al 28 de abril de 2025, pero que constituirían igualmente indicios de posibles infracciones sectoriales detectados en el marco de la investigación del incidente".

Al mismo tiempo, el organismo subrayó que "los hechos objeto de estos procedimientos no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial" y recordó que "la incoación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación".

Los procedimientos sancionadores cuentan con un plazo máximo de tramitación de entre nueve y dieciocho meses, en función de la gravedad de la infracción, durante el cual las partes interesadas podrán presentar alegaciones y solicitar la práctica de pruebas. Para las infracciones consideradas "muy graves" las sanciones pueden alcanzar hasta 60 millones de euros, mientras que en las calificadas como "graves" el importe máximo se sitúa en 6 millones de euros.