La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha precisado este martes en el Congreso que en la jornada del apagón de 2025 estaban operativos mecanismos regulatorios “suficientes” para controlar la tensión del sistema eléctrico y que en ningún momento se produjo un “vacío normativo”.
Durante su intervención ante la comisión de Economía del Congreso, donde ha dado cuenta de las actuaciones de Competencia en relación con el cero energético del 28 de abril de 2025, Fernández ha recalcado que el sistema no estuvo “en ningún momento” desprovisto de cobertura regulatoria y que ese día existía un procedimiento de operación vigente en materia de control de tensión, de obligado cumplimiento y conocido por los agentes del sector y por el operador del sistema.
En este contexto, ha explicado que el 28 de abril de 2025 los instrumentos regulatorios y técnicos disponibles “eran suficientes para gestionar adecuadamente el sistema”.
Procedimiento de Operación 7.4 y adaptación regulatoria
Entre los aspectos que ha abordado figura el Procedimiento de Operación 7.4, que en España regula el servicio complementario de control de tensión en la red de transporte de electricidad y cuya actualización no se produjo hasta un mes después del apagón.
Fernández ha señalado que la CNMC llevaba tiempo trabajando sobre este procedimiento, desde antes de recibir la propuesta de Red Eléctrica y hasta su publicación, y que la revisión arrancó con un primer contacto entre el organismo y el operador del sistema en 2020.
La presidenta de la CNMC ha destacado que el mercado energético ibérico de abril actual “no se parece en nada” al de hace cinco años, ni siquiera al de hace dos o al que habrá dentro de un año, al encontrarse “en constante evolución”. Según ha indicado, la labor de la institución consiste en ir ajustando la regulación a esa dinámica del mercado, “mejorando los mecanismos regulatorios”.
Ha añadido que esa adaptación “debe hacerse con garantías, siguiendo los procesos necesarios, contrastando las propuestas con el sector, tanto en consultas públicas como en reuniones de los grupos de trabajo o utilizando cuando sea necesario proyectos piloto o sandbox regulatorios”.
Para cerrar su comparecencia, Fernández ha reiterado que en todo momento el sistema cuenta con los mecanismos necesarios para asegurar una gestión adecuada del sistema eléctrico.
Origen "multifactorial" del cero energético y expedientes
En línea con lo defendido por el Gobierno, Fernández ha detallado igualmente que, pese a la apertura de varios expedientes sancionadores por el apagón tanto a compañías eléctricas como al operador del sistema, Red Eléctrica, el episodio tuvo un origen “multifactorial”.
“El incidente respondió a un origen multifactorial, debido a una serie temporal de sucesos que desequilibraron progresivamente el sistema y culminaron con el cero eléctrico por sobretensión”, ha indicado, antes de repasar las actuaciones que Competencia ha desarrollado en torno al cero energético del 28 de abril de 2025.
En el ámbito de sus competencias, la CNMC abrió varios expedientes informativos para analizar las circunstancias que desembocaron en el apagón y fijar los hechos relevantes a la luz de la normativa eléctrica sectorial. A partir de ese análisis, el organismo ha identificado indicios de posibles incumplimientos que habrían afectado al funcionamiento del sistema y que podrían constituir infracciones administrativas, lo que ha llevado a incoar formalmente expedientes sancionadores.
Investigación técnica y próxima fase administrativa
La presidenta del organismo ha subrayado que el proceso investigador ha exigido revisar más de 13 gigavatios (GB) de información y miles de folios de documentación, debido tanto a la “complejidad técnica” del incidente como al elevado volumen de datos examinados.
Fernández ha indicado que este trabajo se ha realizado a partir de los expedientes informativos propios de la CNMC, de los informes ya emitidos y de la participación del organismo en los trabajos del panel de expertos europeos (Entso-e).
“A partir de este momento, se abre una fase administrativa de instrucción, en la que los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de las pruebas que estimen oportunas”, ha señalado, recordando que, por la separación jurídica entre la fase de instrucción y la de resolución, no puede ofrecer más detalles sobre el contenido de los expedientes en marcha.