La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha instado al Gobierno central a aplicar de forma inmediata la reciente sentencia del Tribunal Supremo que deja sin efecto el registro estatal de alquiler de corta duración. Al mismo tiempo, ha pedido abrir una nueva fase de diálogo con las comunidades autónomas para articular “un sistema coordinado que permita perseguir la oferta ilegal sin perjudicar a quienes cumplen la normativa”.
En un comunicado, Marián Cano ha valorado de manera favorable el fallo del alto tribunal, que estima parcialmente el recurso presentado por la Generalitat Valenciana contra el Real Decreto 1312/2024. Esta norma regulaba el Registro Único de arrendamientos de corta duración, vinculado a viviendas turísticas y alquileres gestionados a través de plataformas digitales, y preveía además la creación de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos.
La Generalitat había interpuesto un recurso contencioso-administrativo al considerar que el Real Decreto 1312/2024 suponía una duplicación de trámites y excedía las competencias del Estado en materia de turismo. La resolución del Supremo da respuesta a estas objeciones y redefine el alcance de la regulación estatal.
Cano ha subrayado que “el Tribunal Supremo confirma que la Comunitat Valenciana tenía razón al advertir que el modelo impulsado por el Gobierno generaba duplicidades, inseguridad jurídica y un solapamiento con las competencias autonómicas en materia turística”.
La responsable de Turismo ha remarcado que la Comunitat Valenciana cuenta desde hace años con un registro autonómico plenamente operativo para las viviendas de uso turístico, “que ya garantiza el control de la actividad, la trazabilidad de los inmuebles y la seguridad jurídica del sector”.
Además, Cano ha incidido en que la sentencia respalda las objeciones planteadas tanto por la Generalitat como por distintas instituciones europeas sobre la incompatibilidad de someter una misma vivienda a varios procedimientos de inscripción obligatoria. El Tribunal Supremo recuerda que el Reglamento europeo no impone la creación de un registro nacional y veda la existencia de duplicidades sobre un mismo inmueble.
“Siempre hemos defendido que era necesario combatir el intrusismo y reforzar el control sobre los alquileres turísticos ilegales, pero desde la cooperación institucional y el respeto al marco competencial, no creando estructuras paralelas que duplicaban registros ya existentes”, ha señalado la consellera.
En coherencia con esta posición, Cano ha indicado que “la Comunitat Valenciana comparte plenamente los objetivos del Reglamento europeo sobre alquileres de corta duración y la necesidad de contar con información fiable y mecanismos eficaces de control”, si bien ha puntualizado que “Europa apuesta por la coordinación de datos, no por la acumulación de registros y trámites administrativos”.
Por último, la consellera ha precisado que el fallo del Supremo mantiene en vigor la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, así como las obligaciones de las plataformas digitales de remitir información y los intercambios de datos con fines estadísticos, ámbitos en los que el tribunal sí reconoce la competencia del Estado.