La Generalitat ha instado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a introducir “flexibilidad” en la aplicación de las medidas del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con el objetivo de que “cada comunidad autónoma pueda adecuarlo a su realidad territorial”.
Fuentes del Consell explican que esta petición se trasladó tras la Comisión Multilateral celebrada este martes entre el Ministerio y las comunidades autónomas. En esta reunión, según la administración central, se avanzó hacia el acuerdo para desplegar los 7.000 millones de euros previstos en el plan. El encuentro, presidido por el secretario de Estado, David Lucas, sirvió también para tratar la próxima convocatoria de la Conferencia Sectorial, fijada para finales de mayo, en la que se validarán los criterios de distribución de los recursos.
En representación de la Generalitat acudieron el director general de Planificación y Políticas de Vivienda, Juan Antonio Pérez Sala, y la directora general de Innovación y Transformación Urbana, Trinidad Ortiz Gómez.
En esa Conferencia Sectorial, los consejeros de Vivienda de las autonomías deberán dar luz verde al modelo de financiación y al reparto de fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que, según ha señalado el secretario de Estado, David Lucas, se mantiene sin cambios respecto al sistema vigente en el plan 22-25. Desde la Generalitat precisan que este acuerdo sectorial tendrá que ser elevado primero al Consejo de Ministros, en junio, y regresar después a la sectorial para su ratificación definitiva.
Para el Consell, “estos trámites, aún pendientes, obligarán a retrasar los acuerdos bilaterales entre el Ministerio y las CCAA que deben definir los planes y líneas de ayudas a poner en marcha y que, previsiblemente, se dilatarán más allá del mes de agosto”.
Esta “incertidumbre” y el “alargamiento” de los plazos previstos inicialmente han sido expuestos por la Comunitat Valenciana, “ya que están poniendo en peligro muchos miles de ayudas, más de 15.000 familias atendiendo a los beneficiarios de alquiler, bono joven y compra del año pasado”, remarcan las mismas fuentes.
En este contexto, señalan que el Ministerio ha planteado a las comunidades una resolución para anticipar la transferencia de los fondos estatales asignados a 2026, “generando dudas en las autonomías, ya que sin establecer el marco normativo oportuno las comunidades no podremos comenzar a planificar y ejecutar el plan”.
Falta de tiempo y petición de prórrogas
Ante la “falta material de tiempo” en 2026, la Generalitat ha planteado que los recursos de ese ejercicio puedan ejecutarse y justificarse también durante 2027. Según indican fuentes del ejecutivo autonómico, la Dirección General de Vivienda y Suelo se ha comprometido a hacer viable esta opción.
La Comunitat Valenciana, junto con Andalucía y Aragón, ha reclamado además al MIVAU acceso al expediente de tramitación del Real Decreto para consultar el contenido de los distintos informes, en especial el del Consejo de Estado, sobre aspectos incluidos en el plan que podrían suscitar conflictos competenciales, como las calificaciones permanentes o el registro de viviendas en alquiler.
Las mismas fuentes critican que la propuesta del Estado “tiene más imposiciones que acuerdos” y que, “aunque ya era hora de tener un plan, este no es el mejor plan posible”. Por este motivo, la Comunitat Valenciana ha reiterado la necesidad de que se permita “flexibilidad” en la puesta en marcha de las medidas, de modo que “cada comunidad autónoma pueda adecuar el plan y las medidas que se contempla en él a su realidad territorial”.
Dana y fondos europeos
Paralelamente, en la reunión se han analizado las prórrogas de plazos para las actuaciones financiadas con programas de fondos europeos. Según subrayan estas fuentes, parece que “por fin” se atenderá la demanda de las comunidades ante la “necesidad de flexibilizar” los tiempos de ejecución tanto de los proyectos de rehabilitación de viviendas y edificios como de las promociones de vivienda nueva “que viene impulsando la Conselleria”.
Para la Comunitat Valenciana, se trata de una “necesidad imperiosa” derivada, en gran medida, de la dana registrada a finales de 2024, que “no solo ha estresado la respuesta del sector de la rehabilitación o construcción de vivienda, sino que ha provocado un incremento de precios que desajustan los presupuestos iniciales presentados a las distintas convocatorias”. “Es importante garantizar la flexibilidad de ciertos plazos y programas, como venimos solicitando desde hace meses”, añaden.
En las próximas semanas, la Conselleria y el MIVAU revisarán el grado de ejecución de los proyectos con ayudas europeas para poder plantear soluciones individualizadas cuando sea necesario, concluyen estas fuentes.