La Unión Europea identificó en 2025 un total de 13.010 irregularidades en la gestión de fondos comunitarios, lo que supone un descenso del 7,6% respecto al año anterior. Sin embargo, el perjuicio económico asociado a estos casos se elevó hasta los 2.100 millones de euros, un 12,8% más, según el informe anual sobre la protección de los intereses financieros de la UE difundido este martes por la Comisión Europea.
De todas las incidencias comunicadas, 986 se consideraron fraudulentas y afectaron a 274,3 millones de euros. Aunque el volumen de casos remitidos se redujo frente al ejercicio previo, el documento subraya que el fraude contra el presupuesto comunitario continúa transformándose y exige instrumentos "cada vez más sofisticadas" y una colaboración más intensa entre las autoridades nacionales y las instituciones europeas.
Entre las prácticas irregulares más habituales se encuentran la falsificación de documentos justificativos, incluidas facturas, el incumplimiento de las condiciones para optar a las ayudas y la declaración inexacta del valor de los bienes. En el ámbito de las irregularidades no consideradas fraude, predominan las declaraciones incorrectas de mercancías en aduanas y las vulneraciones de las normas de contratación pública vinculadas a la política de cohesión.
Con el fin de mejorar la detección, Bruselas propone ampliar el uso de herramientas de análisis de riesgos y sistemas informáticos, remitir de forma sistemática los expedientes sospechosos a los servicios de la Fiscalía y reforzar la comunicación de estas incidencias a las autoridades comunitarias.
“Cada euro perdido por fraude es un euro robado a los contribuyentes europeos. Este informe muestra cómo la Unión está reforzando todas las fases de la lucha contra el fraude, desde la prevención hasta la recuperación, al tiempo que prepara su sistema de lucha contra el fraude para afrontar los desafíos del futuro. Estamos comprometidos con la transparencia para proteger mejor los fondos de la UE”, ha señalado el comisario de Presupuesto, Lucha contra el Fraude y Administración Pública, Piotr Serafin.
En esta línea, el informe pone el foco en el refuerzo de la inversión en sistemas de alerta temprana, el intercambio de información, los mecanismos de exclusión y la formación de las autoridades, con la meta de detectar actividades sospechosas antes de que se produzca el pago de fondos europeos y evitar así complejos procesos posteriores de recuperación.
De acuerdo con los datos de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), las recomendaciones financieras emitidas en los últimos diez años han permitido recuperar, en los casos ya cerrados, el 96% de las cantidades fijadas tanto en el capítulo de ingresos como en el de gastos. En los fondos gestionados de forma compartida con los Estados miembro, la tasa de recuperación se elevó al 99%.
Asimismo, la acción conjunta del organismo antifraude y de la Comisión ha impedido en la última década el desembolso indebido de más de 658 millones de euros, según el balance presentado por el Ejecutivo comunitario.
No obstante, Bruselas admite que las investigaciones continúan siendo "largas y complejas" y reclama una coordinación más estrecha entre las autoridades administrativas, los cuerpos de investigación y las instancias judiciales, en particular cuando los casos llegan a los tribunales.
Con vistas al próximo marco financiero plurianual de la UE, la Comisión plantea imponer a los Estados miembro la obligación de contar con estrategias nacionales contra el fraude, endurecer sus compromisos de información y revisar las normas que rigen el funcionamiento de los organismos europeos responsables de salvaguardar los fondos comunitarios.