Sólo cuatro de cada diez asalariados, en concreto el 39,4%, disponen en sus convenios colectivos de una cláusula de revisión salarial que blinde su poder adquisitivo frente al avance de los precios. Sin embargo, la cobertura varía de forma notable según la rama de actividad, de acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo a los que ha tenido acceso Europa Press a partir de los convenios registrados hasta abril.
Mientras el 72,3% de los empleados de la industria y el 77,2% de los de la construcción sujetos a negociación colectiva cuentan con estas garantías salariales, en la agricultura apenas llegan al 4,1% y en los servicios sólo alcanzan al 23,3%.
Hasta abril se habían inscrito 1.337 convenios en el sector servicios, con efectos económicos para más de 5,12 millones de personas trabajadoras. De ellas, únicamente 1,19 millones estaban protegidas por una cláusula de revisión salarial, es decir, el 23,3% del total.
En agricultura, Trabajo tenía registrados hasta abril 26 convenios, que afectaban a 91.684 asalariados. No obstante, sólo 3.819 de ellos tenían incorporada en su convenio una cláusula de garantía salarial frente a la inflación.
La industria sumaba 922 convenios registrados hasta abril, que daban cobertura a 1,5 millones de trabajadores. De ese colectivo, 1,09 millones contaban con cláusula de revisión, lo que supone algo más de siete de cada diez empleados del sector.
En construcción, hasta el cuarto mes del año se habían registrado 72 convenios, con incidencia sobre 940.378 trabajadores. De ellos, tres de cada cuatro (77,2%) estaban amparados por una cláusula de revisión salarial para compensar posibles repuntes del IPC.
Sólo tres de cada diez convenios incluyen cláusulas de revisión salarial
Según la estadística de Trabajo, entre enero y abril se firmaron o registraron 2.357 convenios colectivos, pero únicamente el 30,1% (710 acuerdos) incorporaba una cláusula de garantía salarial y, dentro de este grupo, 484 preveían su aplicación con efectos retroactivos.
Los convenios que sí contemplan cláusulas de revisión cubren a algo más de 3 millones de asalariados de los más de 7,6 millones sujetos a los convenios registrados hasta abril, lo que equivale al 39,4% del total, un punto menos que en marzo (40,4%).
De este modo, seis de cada diez trabajadores siguen sin cláusulas de salvaguarda frente a la subida de precios en sus convenios. Aun así, la proporción de empleados protegidos por este mecanismo mejora en 18 puntos respecto a diciembre de 2023, cuando se situaba en el 21,08%.
La construcción lidera las subidas salariales pactadas en convenio
Los incrementos salariales acordados en convenio se situaron de media en el 2,94% en abril, levemente por encima del 2,92% registrado en marzo, pero casi tres décimas por debajo del IPC de abril, cuya tasa interanual fue del 3,2%, pendiente aún de la confirmación definitiva por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Por ramas de actividad, la construcción registra la mayor subida salarial media en convenio, con un 3%, seguida de los servicios (2,97%) y la industria (2,81%). La agricultura se queda como el sector con el menor avance medio de sueldos, del 2,68%.
A lo largo de este año, sindicatos y patronal deben pactar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), después de que en diciembre expirara el marco vigente, que recomendaba incrementos salariales del 3% para 2025, junto a una cláusula de revisión que, en caso de desviación de la inflación, permitía subidas adicionales de hasta el 1% para cada ejercicio del periodo 2023-2025.
De cara al próximo acuerdo, las organizaciones sindicales UGT y CCOO han trasladado a las patronales una propuesta de incremento salarial fijo del 4% anual para los tres próximos años, lo que implicaría un alza acumulada de los sueldos del 12% hasta 2028.
Asimismo, plantean una mejora adicional del 1% en aquellos convenios donde el salario medio esté un 10% por debajo del salario medio nacional, un 2% extra cuando se sitúe un 20% por debajo y un aumento adicional del 3% para los que estén un 30% por debajo. Además, proponen añadir un 1,5% adicional cada año si se produce una desviación de la inflación.