Menos de 10.000 hogares en España tienen contratada alguna tarifa social de telecomunicaciones, según se desprende del análisis realizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que ha publicado este martes.
El organismo ha examinado las tarifas sociales de telecomunicaciones que ofrecen los principales operadores, así como los precios de los servicios incluidos en el servicio universal —telefonía fija y acceso a internet de banda ancha—, concluyendo que estas tarifas presentan en la actualidad una "efectividad limitada".
En febrero de 2026, el abono social de telefonía fija de Telefónica contaba con 7.994 clientes y el conjunto de tarifas sociales de banda ancha sumaba solo 1.822 beneficiarios.
En total, menos de 10.000 hogares tenían contratada alguna tarifa social de telecomunicaciones.
Los operadores diseñan sus propias tarifas sociales
En este sentido, la CNMC ha recordado que la Ley General de Telecomunicaciones de 2022 incorporó la obligación de que los operadores pongan a la venta tarifas sociales dirigidas a consumidores con rentas bajas o necesidades sociales especiales, otorgando al regulador funciones de supervisión sobre estas ofertas.
Sin embargo, aunque el desarrollo reglamentario de estas obligaciones se encuentra en una fase avanzada de tramitación, todavía no se ha aprobado la norma que debe concretar quiénes serán los beneficiarios y cuáles serán las características básicas de las tarifas sociales. En este escenario, los operadores han aplicado criterios propios para definir y comercializar estas propuestas, lo que ha provocado "diferencias significativas" entre ellas.
El informe pone de manifiesto una "elevada heterogeneidad" en las tarifas sociales actualmente vigentes. Telefónica mantiene desde 2002 un abono social de telefonía fija para jubilados y pensionistas con rentas reducidas, con un precio de 0,87 euros al mes, IVA incluido, y ofrece distintas alternativas de banda ancha con descuentos para este colectivo.
MasOrange comercializa, bajo la marca Orange, una tarifa social que integra internet, telefonía fija y móvil. Vodafone, por su parte, dispone de una tarifa móvil social y otra que combina servicios fijos y móviles.
Otros operadores analizados —Digi, Avatel, Adamo y Procono— señalan que no cuentan con tarifas sociales específicas, aunque algunos apuntan que sus tarifas generales presentan precios inferiores a algunas de las ofertas sociales disponibles en el mercado.
Obstáculos que reducen la eficacia de las tarifas sociales
Al hilo, la CNMC ha identificado varios factores que pueden estar limitando la efectividad de estas tarifas. Entre ellos figuran la reducida visibilidad de las tarifas sociales en las páginas web de los operadores, la existencia de canales de contratación más restrictivos que los utilizados para otros productos comerciales y la complejidad de algunos procedimientos de acreditación de la condición de beneficiario.
Además, algunas tarifas sociales presentan incompatibilidades con otros productos, como paquetes convergentes o terminales móviles a plazos, lo que puede reducir su atractivo para los consumidores vulnerables.
El informe también analiza los precios que ofrecen todos los operadores respecto a los servicios que están incluidos en el servicio universal (que solo presta Telefónica): comunicaciones vocales fijas y acceso a internet de banda ancha fija con una velocidad mínima de 10 megabits por segundo (Mbps).
En telefonía fija, algunos operadores ya no comercializan este servicio de forma independiente, sino únicamente empaquetado con banda ancha, mientras que otros ofrecen el acceso telefónico fijo con tarifa plana de voz por menos de 15 euros al mes. En banda ancha, las ofertas más básicas de los operadores superan la velocidad mínima legal de 10 Mbps, ya que donde existe cobertura de fibra, la velocidad mínima ofrecida es de 300 Mbps.
Los precios analizados oscilan entre los diez euros mensuales de algunos operadores y los 34 euros de Telefónica. La CNMC observa que los precios comercializados por Telefónica bajo su marca principal "son, en general, superiores a los de otros operadores".
No obstante, señala que esta circunstancia debe valorarse teniendo en cuenta la competencia existente, la disponibilidad de alternativas para los consumidores y la oferta de tarifas más asequibles a través de su marca O2.
Por último, el organismo regulador considera que la aprobación del reglamento de servicio universal, actualmente en tramitación, permitirá dotar de "mayor homogeneidad y efectividad" al marco previsto en la Ley General de Telecomunicaciones.