El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha arremetido contra la decisión de la Comunidad de Madrid de rechazar el nuevo Plan Estatal de Vivienda aprobado este martes por el Consejo de Ministros, un programa con el que, según ha subrayado, se "triplica" el volumen de recursos destinados a vivienda pública en la región.
"La vivienda es el principal problema de los madrileños y la Comunidad de Madrid no quiere triplicar la inversión en vivienda pública porque siguen defendiendo el modelo de la especulación", ha lanzado López en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.
En este contexto, ha acusado al PP de Isabel Díaz Ayuso de ser "los de los áticos" al tiempo que "no quieren que haya vivienda asequible en Madrid". "Es muy grave", ha rematado, vinculando la negativa del Ejecutivo autonómico con una falta de compromiso con la vivienda protegida.
Desde el Gobierno regional, en cambio, han cargado con dureza contra el diseño del nuevo Plan Estatal de Vivienda, al considerar que llega tarde, se ha elaborado "a espaldas" de las comunidades autónomas y se plantea como una herramienta para "recentralizar competencias que son claramente autonómicas", además de apoyarse en una financiación que juzgan "inviable".
"Todo se resume en que si no comulgas con el intervencionismo de Pedro Sánchez, no hay dinero", ha denunciado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, sobre el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que estará dotado de hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior plan, y blindará las viviendas públicas con carácter permanente.
"Lejos de ser un marco de colaboración, es un instrumento para recentralizar competencias que son claramente autonómicas. Además, intenta imponer medidas que ya han sido declaradas inconstitucionales, como la protección permanente o favorece la financiación si se declaran zonas tensionadas. Es decir, o haces lo que el gobierno quiere, o no hay dinero", ha criticado Rodrigo.
En su opinión, este plan está al servicio "de una agenda política" con la que se busca "reforzar la ley de vivienda, intervenir los alquileres y ampliar el control del mercado". Con ello, el Ejecutivo autonómico sostiene que se limita la capacidad de las comunidades para diseñar sus propias políticas de vivienda.