El Gobierno chino ha lanzado una seria advertencia a la Unión Europea al avisar de que adoptará “contramedidas” para proteger los intereses de sus compañías si Bruselas desoye las objeciones de Pekín y sigue adelante con la entrada en vigor de la Ley de Aceleración Industrial, una normativa que introduce fuertes límites a la inversión extranjera y a la participación en la contratación pública, lo que, a juicio de China, supone una “discriminación institucional”.
En una comparecencia ante los medios, un portavoz del Ministerio de Comercio de China explicó que el gigante asiático considera que el texto legislativo de la UE impone exigencias especialmente restrictivas a la inversión extranjera en cuatro sectores estratégicos emergentes: baterías, vehículos eléctricos, energía fotovoltaica y materias primas críticas.
Según Pekín, la propuesta comunitaria incorpora cláusulas exclusivas de “origen en la UE” tanto en los procesos de contratación pública como en los mecanismos de apoyo estatal, “lo que constituye graves barreras a la inversión y discriminación institucional”.
El funcionario detalló que, el pasado 24 de abril, el Ministerio de Comercio de China remitió formalmente sus observaciones sobre la Ley de Aceleración Industrial a la Comisión Europea, haciendo constar la posición oficial de China y sus profundas reservas respecto al contenido de la norma.
En ese documento, Pekín sostiene que el proyecto vulnera principios esenciales como el trato de nación más favorecida y entra en conflicto con diversos acuerdos comerciales internacionales, entre ellos el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, el Acuerdo sobre Medidas en Materia de Inversiones Relacionadas con el Comercio (ADPIC), el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ATC).
El Ejecutivo chino considera además que sus inversores se verán sometidos a un trato discriminatorio, lo que quebranta principios básicos de la economía de mercado como el comercio voluntario y la competencia leal, y choca con el consenso alcanzado entre los líderes chinos y comunitarios sobre la gestión de fricciones y discrepancias, deteriorando de forma significativa las expectativas de inversión de las empresas chinas en territorio europeo.
A juicio de Pekín, la aplicación de esta ley también entorpecerá el avance de la transición ecológica en la UE, dañará la competencia en el mercado comunitario y añadirá nuevas tensiones al sistema de normas comerciales multilaterales.
En sus comentarios, China planteó que la UE suprima del texto legal los elementos que considera discriminatorios frente a los inversores extranjeros, como los requisitos de contenido local, la transferencia obligatoria de propiedad intelectual y tecnología, así como las limitaciones en materia de contratación pública.
“China seguirá de cerca el proceso legislativo pertinente y está dispuesta a dialogar y comunicarse con la UE sobre este asunto”, afirmó el portavoz del Ministerio de Comercio, subrayando que Pekín espera que Bruselas tome en serio sus observaciones y respete estrictamente las reglas de la OMC, evitando la adopción de medidas restrictivas de carácter discriminatorio.
No obstante, avisó de que, si la UE pasa por alto las propuestas de China y opta por sacar adelante la ley en su forma actual, perjudicando los intereses de las compañías chinas, “China no tendrá más remedio que tomar contramedidas para salvaguardar con firmeza los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas”.
El pasado 4 de marzo, la Comisión Europea presentó el nuevo reglamento con el que aspira a reforzar el tejido industrial del bloque y potenciar el sello 'Made in Europe'. La iniciativa fija exigencias de producción dentro de la UE para los proyectos que reciban fondos públicos, introduce nuevas condiciones a las grandes inversiones de capital extranjero y contempla mecanismos para acelerar la tramitación de proyectos, con la meta de incrementar el peso de la manufactura en la economía comunitaria y reducir la dependencia de terceros países.
La llamada Ley de Aceleración Industrial se inserta en la estrategia de Bruselas para apuntalar la competitividad frente a la creciente presión global y el elevado grado de dependencia de proveedores externos. El texto se centra en sectores que la UE considera estratégicos, como las industrias intensivas en consumo energético —acero, aluminio o cemento—, la cadena de valor del automóvil y tecnologías clave para la transición energética, entre ellas baterías, paneles solares y turbinas eólicas.
El reglamento fija además nuevas condiciones para las inversiones procedentes de terceros países en ámbitos considerados críticos para la industria europea. En particular, los proyectos superiores a 100 millones de euros que provengan de países o regiones que concentren más del 40% de la capacidad mundial de producción en esos segmentos deberán cumplir ciertos requisitos para poder implantarse en la UE.
Entre esas condiciones figuran compromisos relacionados con la creación de empleo en territorio europeo, la transferencia de tecnología o el impulso de actividades de investigación e innovación dentro de la UE. Asimismo, se exige que estas iniciativas se integren en las cadenas de suministro industriales comunitarias y aporten valor añadido al mercado único.
La primera revisión del cumplimiento de estos requisitos recaerá en los Estados miembro, responsables de examinar las inversiones notificadas. Sin embargo, la Comisión se reserva la posibilidad de intervenir en casos concretos si estima necesario revisar la operación o verificar que se respetan las obligaciones fijadas en el reglamento.