Precio de la luz hoy, 10 de agosto: la hora más barata será a las 15:00 y la más cara a las 21:00

Modificar el sistema de fijación del PVPC exige combinar trámites parlamentarios (si se toca el nivel de ley) y trámites reglamentarios y administrativos (real decreto, órdenes y resoluciones técnicas). A grandes rasgos, si se quiere cambiar la propia definición legal del PVPC o quién puede acogerse, haría falta reformar la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico; si solo se modifica la metodología concreta de cálculo o la forma de indexarla a los mercados, bastaría un real decreto del Gobierno; y los ajustes de detalle (márgenes, costes concretos, procedimientos de operación) se hacen por orden ministerial, resoluciones y circulares de la CNMC. Todo ello debe ser compatible con el marco europeo de mercado eléctrico y, en su caso, con la supervisión de la Comisión Europea.

1. Marco normativo actual del PVPC

El PVPC se ancla en tres niveles:

• Ley: el artículo 17 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico define los precios voluntarios para el pequeño consumidor como precios máximos de los comercializadores de referencia, fija que deben incluir coste de producción, peajes, cargos y costes de comercialización, y encarga al Gobierno la metodología de cálculo.
• Real decreto: el Real Decreto 216/2014 desarrolla ese artículo 17 y establece la metodología de cálculo del PVPC y su régimen de contratación. Ha sido modificado, entre otros, por el Real Decreto 469/2016 (costes de comercialización) y por el Real Decreto 446/2023 (indexación a productos a plazo y reducción de volatilidad, citado en la Resolución de 30 de junio de 2023).
• Normativa de desarrollo:
  • La Orden ETU/1948/2016 fija valores de costes de comercialización a incluir en el PVPC.
  • La Resolución de 8 de junio de 2015, que aprueba el P.O. 14.12 «Estimación del coste de los componentes del PVPC» (resolución de 2015), y su actualización por la Resolución de 30 de junio de 2023 (resolución de 2023), concretan cómo Red Eléctrica estima los componentes horarios.
  • Medidas coyunturales sobre protección de consumidores que inciden en el PVPC se han adoptado vía reales decretos-ley, como el Real Decreto-ley 15/2018 o el Real Decreto-ley 18/2022.
  • El Real Decreto 184/2022 deroga parcialmente el título IV del RD 216/2014 y suprime referencias a ofertas alternativas fijas, lo que muestra cómo se retoca el diseño sin tocar la Ley 24/2013.

2. Cambios que exigen reforma de ley

Necesitarían ley o real decreto-ley del Gobierno, con convalidación y tramitación como proyecto de ley en las Cortes, los cambios que afecten a elementos «básicos» definidos en la Ley 24/2013, por ejemplo:

• Redefinir qué es el PVPC (por ejemplo, dejar de ser un precio máximo regulado o desvincularlo de los costes de producción determinados por mecanismos de mercado).
• Modificar quién puede acogerse (umbrales de potencia, colectivos vulnerables) más allá de lo que permite el desarrollo reglamentario.
• Cambiar la propia habilitación al Gobierno para fijar la metodología (art. 17.4) o el reparto competencial sobre peajes y cargos.

Procedimiento ordinario:

• Aprobación en Consejo de Ministros de un proyecto de ley de reforma de la Ley 24/2013.
• Remisión al Congreso, toma en consideración, ponencia, comisión y pleno; luego al Senado, con posibilidad de veto o enmiendas, y vuelta al Congreso.
• Sanción real y publicación en el BOE.

Vía de urgencia: el Gobierno podría usar un real decreto-ley (como se hizo en otras materias energéticas) si aprecia extraordinaria y urgente necesidad; se publica directamente en el BOE y debe ser convalidado por el Congreso en 30 días, pudiendo tramitarse luego como proyecto de ley.

3. Cambios que pueden hacerse por real decreto

Bajo el paraguas del artículo 17.4, el Gobierno puede modificar por real decreto:

• La metodología de cálculo del PVPC (por ejemplo, el peso de mercado diario frente a mercados a plazo, como hace el RD 446/2023 citado en la Resolución de 30 de junio de 2023).
• La estructura de términos de potencia y energía, costes de comercialización y otros costes asociados (como hizo el RD 469/2016 al introducir un título específico sobre retribución de comercializadores).
• Las condiciones de contratación, obligaciones de los comercializadores de referencia y reglas de facturación.

Trámite típico de un real decreto «energético» de este tipo:

• Redacción del anteproyecto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
• Consulta pública y audiencia a sectores y consumidores (no siempre obligatoria pero habitual en reformas relevantes).
• Informe preceptivo de la CNMC (Ley 3/2013) cuando afecta a peajes, cargos o metodologías con impacto en la competencia.
• Informe del Consejo de Estado en normas de especial relevancia.
• Aprobación por el Consejo de Ministros y publicación en el BOE.

4. Cambios vía órdenes ministeriales, resoluciones y CNMC

En este nivel se materializan ajustes finos sin necesidad de pasar por las Cortes ni por el Consejo de Ministros:

• Órdenes ministeriales: fijan valores concretos de costes de comercialización, cargos del sistema y otros parámetros que la ley o el RD remiten a orden. Ejemplo: Orden ETU/1948/2016.
• Resoluciones de la Secretaría de Estado de Energía: aprueban o revisan procedimientos de operación como el P.O. 14.12 sobre estimación de componentes del PVPC, tanto en 2015 (resolución de 2015) como en 2023 (resolución de 2023), a partir de propuestas del operador del sistema y tras un trámite de audiencia restringido.
• Circulares y resoluciones de la CNMC: desarrollan metodologías que inciden indirectamente en el PVPC (peajes, perfiles de consumo, servicios de ajuste), previo trámite de audiencia y visto bueno del Ministerio cuando la ley así lo prevé.

5. Papel de la Unión Europea y control jurisdiccional

Cualquier rediseño del PVPC debe respetar el marco comunitario (Directiva y Reglamento del mercado interior de la electricidad). Cambios que introduzcan compensaciones o mecanismos de apoyo podrían requerir notificación a la Comisión Europea como posible ayuda de Estado. Además, el nuevo esquema es susceptible de control por los tribunales: el Tribunal Supremo ya ha anulado partes del RD 216/2014 y de órdenes asociadas cuando ha considerado que faltaba metodología suficiente o se vulneraban normas superiores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene un papel central en la formación de las tarifas de red eléctricas: diseña la metodología de los peajes de acceso y de la retribución de transporte y distribución, y aprueba sus valores concretos, mientras que el Gobierno fija los cargos y otros costes regulados del sistema. Además, supervisa la adecuación de los precios finales a la normativa, publica información sobre precios y compara ofertas, e informa sobre la planificación de redes. Sus funciones combinan potestades normativas (circulares), de aprobación de parámetros económicos, de supervisión ex post y de inspección. En cambio, el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) y otros cargos son competencia directa del Gobierno, si bien la CNMC ejerce un importante control sobre el funcionamiento del mercado minorista.

Marco normativo básico

Las funciones específicas en energía se recogen en la Ley 3/2013, de creación de la CNMC, en particular en su artículo 7 (modificado, entre otros, por el Real Decreto-ley 1/2019). Estas funciones se coordinan con la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, que reserva al Gobierno la fijación del régimen retributivo y de los cargos, “sin perjuicio” de las competencias de la CNMC sobre transporte y distribución (art. 3 de la ley, en la parte de competencias de la Administración General del Estado).

Sobre esta base se dictan las circulares y resoluciones de la CNMC, como la Circular 3/2020, que establece la metodología de peajes de transporte y distribución de electricidad, y su aplicación concreta en la Resolución de 18 de marzo de 2021, que fija los valores de peajes desde el 1 de junio de 2021.

Funciones sobre metodología y aprobación de peajes

Según la Ley 3/2013, la CNMC debe:

• Establecer, mediante circulares, la estructura y la metodología para el cálculo de los peajes de acceso a las redes de electricidad destinados a cubrir la retribución del transporte y la distribución (art. 7, apartado específico sector eléctrico). Esta metodología debe respetar las orientaciones de política energética y, en particular, el principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico de la Ley 24/2013.
• Fijar la metodología, parámetros y base de activos para la retribución de las instalaciones de transporte y distribución, incluyendo valores unitarios de inversión, operación y mantenimiento, vida útil regulatoria y la tasa de retribución financiera, dentro de los límites de la Ley 24/2013.
• Aprobar, mediante resolución, los valores de los peajes de acceso a las redes de electricidad, así como las cuantías de la retribución de transporte y distribución (art. 7.1 bis, según el texto modificado). Esto se concreta luego en resoluciones como la de 18 de marzo de 2021.

Estas decisiones se adoptan tras un trámite de audiencia y se publican en el BOE. El Gobierno, por su parte, fija los cargos del sistema (costes ajenos a las redes) mediante órdenes como la Orden TED/113/2024, de cargos y otros costes regulados para 2024, de conformidad con el Real Decreto 148/2021.

Supervisión de precios y protección del consumidor

La Ley 3/2013 atribuye también a la CNMC funciones de supervisión ex post y transparencia:

• Supervisar la adecuación de los precios y condiciones de suministro a los consumidores finales a lo dispuesto en la legislación eléctrica y de hidrocarburos, y publicar recomendaciones anuales para la adecuación de los precios a las obligaciones de servicio público y protección de los consumidores.
• Publicar los precios finales del mercado de electricidad y gestionar el comparador de precios de electricidad y gas (art. 7, apartados 24 y 25), función reforzada por la Resolución de 24 de junio de 2021 sobre códigos QR en facturas.
• Inspeccionar el cumplimiento de los requisitos de los comercializadores de electricidad y gas, gestores de cargas y consumidores directos en mercado.

En cuanto al PVPCLey 24/2013 asigna al Gobierno la fijación del “precio voluntario para el pequeño consumidor como precio máximo del suministro”, mientras que la CNMC aporta control del mercado minorista, transparencia y herramientas de comparación. No se dispone de más información en las fuentes consultadas sobre un papel específico de la CNMC en el cálculo directo del PVPC.