La vivienda vuelve a entrar de lleno en la batalla política. Decenas de personas se concentraron este domingo frente a la sede nacional del PP en la calle Génova de Madrid para reclamar a los populares que faciliten en el Congreso la convalidación del decreto que prorroga automáticamente contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027.
La norma será votada este martes, 28 de abril, y por ahora no tiene asegurados los apoyos suficientes tras el rechazo anunciado por PP, Vox y Junts.
Qué se vota el martes
El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el BOE el pasado 20 de marzo, ya está en vigor de forma provisional. Sin embargo, como ocurre con cualquier decreto ley, necesita ser ratificado por el Congreso en un plazo máximo de treinta días.
La medida incluye dos ejes principales: la ampliación extraordinaria de contratos de alquiler de vivienda habitual y una limitación excepcional de la actualización anual de las rentas.
Si no supera la votación parlamentaria, decaería automáticamente.
Presión en la calle
Durante la protesta pudieron verse pancartas con mensajes como “1860 familias en riesgo de desahucio invisible”, “Esto no es mercado, esto es expulsión” o “No a los fondos buitre”.
Los manifestantes acusaron a PP, Vox y Junts de alinearse con intereses especulativos frente a los inquilinos. La movilización fue impulsada por organizaciones vecinales y colectivos por el derecho a la vivienda.
Críticas al PP
El responsable de Urbanismo y Vivienda de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Quique Villalobos, criticó la posición del PP y acusó al partido de situarse del lado de los propietarios frente a quienes alquilan.
Según defendió, la vivienda no puede utilizarse como herramienta especulativa y recordó el contenido del artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho a una vivienda digna.
Villalobos denunció además que el encarecimiento sostenido de los alquileres está expulsando a residentes de las ciudades y favoreciendo modelos urbanos orientados a rentas más altas y al turismo.
El Sindicato de Inquilinas eleva la presión
La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, pidió al PP que deje de “gobernar para el rentismo” y respalde una medida que, según sostuvo, beneficiaría también a muchos de sus votantes.
Racu aseguró que en apenas 24 horas se habían enviado más de 80.000 correos electrónicos a diputados del PP y Vox para pedir el voto favorable al decreto.
Además, animó a los inquilinos a solicitar todavía la prórroga mientras la norma sigue vigente antes de la votación definitiva.
Un parche, no una solución
Pese a defender la convalidación, los colectivos movilizados insisten en que el decreto no resuelve el problema de fondo. Lo consideran una medida temporal y de mínimos dentro de una crisis habitacional más amplia.
Entre sus reivindicaciones figuran contratos indefinidos, bajada de alquileres, recuperación de vivienda pública vendida a fondos de inversión y garantías reales de permanencia en los hogares.
Lo que está en juego
La votación del martes se ha convertido en una prueba política relevante sobre vivienda, uno de los asuntos con mayor impacto social. Si el decreto cae, miles de arrendatarios perderían la cobertura extraordinaria prevista para renovaciones y actualizaciones de renta.
Si sale adelante, el Gobierno ganaría tiempo, aunque la presión social seguirá centrada en exigir reformas estructurales. Mientras tanto, el mensaje lanzado este domingo frente a Génova fue claro: la vivienda ya no es un debate sectorial, sino un conflicto político de primer nivel.