PSOE y Frente Amplio plantean dedicar el 1% del PIB a vivienda frente a la rebaja fiscal que proponen PP y Vox

PSOE, Frente Amplio, Podemos, PP y Vox detallan programas opuestos en vivienda: más gasto público e intervención frente a rebajas fiscales y prioridad nacional.

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Media del último estudio de cada instituto en 30 días y su evolución semanal desde el 23J. Partidos con al menos un 2 %.

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Elecciones generales del 29 de noviembre · Demócrata

El PSOE y Frente Amplio incluyen en sus programas electorales destinar cada año el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) a políticas de vivienda, en torno a 17.000 millones de euros, mientras que PP y Vox se inclinan por una reducción amplia de impuestos como vía para facilitar la compra de vivienda.

Estas son algunas de las principales medidas que los cuatro grandes partidos nacionales han incorporado a sus programas de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Con recetas distintas para afrontar la crisis de acceso a la vivienda en España, las dos formaciones de izquierdas coinciden en una mayor intervención pública en el mercado, mientras que los partidos de derechas centran su estrategia en rebajas fiscales.

PSOE y Frente Amplio apuestan por blindar el derecho a la vivienda

Además de esa intervención pública, tanto PSOE como Frente Amplio recogen en sus programas una reforma de la Constitución para reforzar el derecho a la vivienda, ya reconocido en el artículo 47 de la Carta Magna.

Según sus propuestas, los socios del actual Gobierno de coalición plantean modificar la Constitución para elevar la vivienda al rango de derecho fundamental, lo que implicaría una protección jurídica reforzada.

Para ello sería necesario activar el procedimiento agravado de reforma constitucional, que exige una mayoría de dos tercios en Congreso y Senado, la disolución de las Cortes, la convocatoria de nuevas elecciones y, finalmente, un referéndum.

En el caso del PSOE, el programa contempla la creación de un parque público estatal de 100.000 viviendas, un impuesto específico contra la especulación de fondos 'buitre', un banco estatal de suelo público disponible, una ley de proveedores sociales de vivienda y otra para movilizar suelo, impulsar la construcción industrializada y movilizar más de 25.000 millones de euros en avales, préstamos y financiación para vivienda asequible.

Asimismo, el partido de Pedro Sánchez propone permitir que los ayuntamientos que lo deseen establezcan un impuesto sobre las pernoctaciones en viviendas de uso turístico. En materia de alquiler, los socialistas defienden alargar la duración de los contratos de arrendamiento, congelar temporalmente las rentas que superen los índices de referencia y aplicar bonificaciones fiscales tanto a inquilinos como a propietarios.

Frente Amplio: expropiaciones y tasa a grandes empresas

Frente Amplio plantea una ley para expropiar viviendas a grandes propietarios corporativos privados, que en una primera fase afectaría al parque residencial de entidades con más de 1.000 viviendas, en una segunda a quienes acumulen más de 700 y, en una tercera, a empresas con más de 50 inmuebles.

El programa frenteamplista también incluye el reconocimiento legal de la huelga de alquileres, vincular el precio del arrendamiento al 25% de la renta media del barrio y obligar a las empresas a sufragar parte de la construcción de vivienda asequible en España.

La coalición encabezada por Ada Colau propone concretamente un gravamen para compañías con 50 o más empleados del 0,45% sobre la masa salarial bruta abonada el año anterior, destinando esa recaudación a la promoción pública de vivienda. Frente Amplio estima que con esta figura podría obtener alrededor de 1.000 millones de euros anuales y levantar unas 10.000 viviendas.

Además, quiere prohibir por ley la compra de vivienda residencial para usos distintos a la residencia habitual y la eliminación progresiva y definitiva de “todas las licencias de Viviendas de Uso Turístico y alquileres de temporada fraudulentas en edificaciones residenciales en un plazo máximo de tres años dentro de las zonas tensionadas”.

El programa recoge también la puesta en marcha de una agencia estatal de vivienda con capacidad sancionadora ante infracciones graves de la normativa inmobiliaria, facultada para imponer multas de hasta un millón de euros.

Podemos propone rebajar por decreto el precio de los alquileres

Podemos plantea una reducción del 40% en los precios de los alquileres mediante decreto ley, la expropiación de viviendas en manos de fondos 'buitre' y la creación de una inmobiliaria pública que actúe como intermediaria entre arrendadores y arrendatarios.

Entre sus medidas figuran la prohibición de desalojos extrajudiciales y la ilegalización de las empresas de 'desokupación', junto con la tipificación del delito de “acoso inmobiliario”. También propone vetar los cortes de suministros básicos y los desahucios sin alternativa habitacional.

Por otra parte, la formación representada por Irene Montero incorpora una propuesta para fijar un límite al diferencial de las hipotecas a tipo variable sobre vivienda habitual de hogares con ingresos inferiores a tres veces el IPREM, incrementado en un 0,3 por cada hijo, de forma que, mientras el euríbor se mantenga por encima del 2%, el interés aplicable no pueda superar el euríbor más un 0,1%.

PP: un millón de viviendas y ventajas fiscales para jóvenes

En el bloque de la derecha, el PP sitúa como medida estrella en su programa la construcción de un millón de viviendas, para lo que impulsaría una nueva Ley del Suelo que acelere el planeamiento urbanístico.

El partido propone además una “hucha joven” para que menores de 40 años puedan ingresar hasta 2.000 euros anuales en una cuenta de ahorro destinada a la compra de su primera vivienda, con una deducción fiscal del 20% de las aportaciones. El tope acumulado sería de 40.000 euros y los rendimientos generados estarían exentos de tributación.

El programa de Alberto Núñez Feijóo incluye también la derogación de la Ley de Vivienda de 2023, la simplificación de trámites entre comunidades autónomas y ayuntamientos para proyectos residenciales estratégicos y el impulso de la vivienda industrializada, una medida que coincide con la defendida por el PSOE.

Asimismo, el PP aboga por rehabilitar edificios degradados, reducir al 4% el IVA de la primera vivienda para jóvenes menores de 40 años y ampliar para este colectivo los avales de hasta el 20% del valor del inmueble, con la opción de extender el límite de edad hasta los 50 años.

Otra de las propuestas de los 'populares' es una bonificación fiscal para los propietarios que renueven el contrato a sus inquilinos por un importe inferior a la subida del IPC. Finalmente, el PP se compromete a que el 'ocupa' sea desalojado en un plazo máximo de 48 horas por orden judicial.

Vox: prioridad nacional y rebaja drástica de impuestos

En el caso de Vox, la medida central es la prioridad nacional en el acceso a vivienda protegida, social o a las ayudas al alquiler, para lo que propone modificar o derogar “cuantas normativas pudieran dificultar la consecución plena y efectiva” de este principio.

El partido de Santiago Abascal plantea también reformar la Ley del Suelo para “volver a ver grúas en los cielos”, aumentar la inversión pública en vivienda por habitante, vetar el alquiler a inmigrantes en situación irregular y aplicar una reducción “drástica” de los impuestos tanto en la construcción como en la adquisición de la primera vivienda, con un IVA 0 y una bonificación del 100% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

La formación defiende igualmente el desalojo de viviendas 'okupadas' en menos de 24 horas y la recuperación inmediata de la posesión por parte del propietario. Vox propone en estos casos asistencia jurídica gratuita para los afectados y la exención de impuestos, cargas fiscales y suministros del inmueble mientras dure la 'okupación'.