La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) ha avisado de que en España se están empezando a detener proyectos, entre ellos trabajos de pavimentación de carreteras, a raíz del fuerte incremento de costes registrado en las últimas semanas por el impacto de la guerra en Oriente Medio.
En una rueda de prensa convocada para presentar su último informe anual sobre las necesidades de inversión en infraestructuras, el presidente de la patronal, Julián Núñez, ha explicado que varias compañías han sufrido encarecimientos de hasta el 50% en el 90% de sus partidas presupuestarias.
“Dudo que se estén ejecutando obras como la pavimentación de carreteras con los precios del betún que hay actualmente, a lo que se suman subidas en el hormigón por encima del 10% o del acero y aluminio, que están generando mucha incertidumbre”, ha señalado.
Ante este escenario, Núñez ha reclamado de nuevo al Gobierno que ponga en marcha con urgencia un mecanismo que permita a todos los contratos de obra pública acogerse a la revisión de precios con las distintas administraciones. El objetivo es poder repercutir estos incrementos de costes y culminar los proyectos, siguiendo el precedente de la guerra en Ucrania en 2022.
De momento, Seopan no ha detectado un problema generalizado de desabastecimiento, a diferencia de lo ocurrido tras la pandemia de coronavirus. No obstante, la situación de bloqueo en el estrecho de Ormuz mantiene en alerta al sector, que advierte de que, si se viera comprometido el suministro, los aumentos de precios serían “mucho más significativos”.
La organización empresarial ya ha remitido al Ejecutivo un paquete de propuestas para afrontar esta coyuntura, con la intención de que algunas de ellas se apliquen también de forma estructural. Desde el Ministerio se ha transmitido una acogida favorable a estas ideas, aunque el Gobierno ha recordado las dificultades derivadas de la actual aritmética parlamentaria y la complejidad de sacar adelante nuevas normas en el Congreso sin un amplio consenso.
Respuesta a la dana de 2024
En otro orden de cosas, Núñez ha puesto el foco en la escasa ejecución del presupuesto destinado al plan de reparación de daños en infraestructuras, instalaciones y servicios de los municipios afectados por la dana de 2024, dotado con 1.621 millones de euros.
Hasta la fecha solo se han licitado 14 contratos por un importe conjunto de 19,1 millones de euros, lo que representa el 1,2% del total previsto. De esa cantidad, el 0,9% corresponde a proyectos impulsados por ayuntamientos y el 0,3% a actuaciones de la empresa pública Tragsa.
Núñez ha vinculado este bajo nivel de ejecución al cambio de criterio que llevó a abandonar la tramitación de contratos de emergencia. Esta modificación amplía los plazos de gestión, con la intención de que los consistorios con menos medios dispongan de tiempo suficiente para preparar la documentación y licitar los contratos con la debida diligencia.