Elecciones el 29 de noviembre y decretos de vivienda: ¿el “todo a la vez en todas partes” de Pedro Sánchez?

Pedro Sánchez podría combinar un adelanto electoral con un nuevo intento para recuperar parte de las medidas de vivienda que cayeron el viernes. La alternativa, adelantada este domingo por varios medios tiene, con todo varios problemas: es demasiado “forzado y rápido” según los expertos… y el calendario pasa por un Gobierno en funciones el 12 de octubre

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Pedro Sánchez tiene sobre la mesa una fórmula que permitiría hacer casi "todo a la vez": convocar elecciones generales para el 29 de noviembre, mantener viva la agenda de vivienda y volver a someter algunas de las medidas derrotadas a una votación en la que Junts dejaría de tener la llave por sí solo. La clave está en un órgano parlamentario que cobra protagonismo cuando se disuelven las Cortes, la Diputación Permanente, encargada de mantener determinadas funciones del Congreso hasta que se constituye la nueva Cámara, como ha adelantado Juanma Romero en El Independiente. 

La posibilidad amplía los escenarios después del fracaso de los dos reales decretos leyes de vivienda del viernes. Hasta ahora las opciones parecían conducir a una disyuntiva entre ganar tiempo para renegociar las medidas o aprovechar la movilización en la calle para adelantar las elecciones. Esta tercera vía permitiría intentar ambas cosas: poner fecha a las urnas y aprobar un nuevo decreto antes de que termine el proceso electoral.

Una mayoría de 35 frente a 34 sin necesitar a Junts

La aritmética de la Diputación Permanente es diferente a la del Pleno. En la XV Legislatura está formada por 68 diputados más la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que también participa en las votaciones. El reparto oficial asigna 27 representantes al PP, 24 al PSOE, seis a Vox, seis a Sumar y uno a cada uno de ERC, Junts, EH Bildu, PNV y Grupo Mixto. Con Armengol, el bloque socialista suma en la práctica 25 votos.

Si PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y la representante del Grupo Mixto, Ione Belarra, votaran juntos, alcanzarían 35 apoyos. PP, Vox y Junts sumarían 34. El Ejecutivo podría así convalidar un nuevo decreto sin necesitar el voto del partido de Carles Puigdemont, que en el Congreso ordinario dispone de siete diputados y fue decisivo para tumbar las normas del viernes.

Composición de la Diputación Permanente del Congreso
Grupo parlamentario Miembros
PP 27
PSOE, incluida Francina Armengol 25
Vox 6
Sumar 6
ERC 1
Junts 1
EH Bildu 1
PNV 1
Mixto, representado por Ione Belarra 1
Total 69

Fuente: Congreso de los Diputados . Los 69 miembros incluyen a la presidenta de la Cámara.

PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y la representante del Grupo Mixto sumarían 35 votos, frente a los 34 de PP, Vox y Junts, si todos votaran en esos bloques. Es una mayoría potencial. 

Maniobra "forzada" y demasiado rápida 

Ahí aparecen las principales reservas. Expertos consultados por DEMÓCRATA consideran jurídicamente imaginable la utilización de la Diputación Permanente, pero cuestionan la conveniencia política de diseñar una nueva norma pensando fundamentalmente en aprovechar un reparto de votos más favorable después de disolver las Cortes.

"Lo veo forzado", señala uno de ellos y habla de lo apresurado de la maniobra y su complejidad dentro de una campaña electoral. Lo más lógico políticamente, como ya adelantó DEMÓCRATA es rebajar la complejidad del movimiento: "Mejor aprobarlo con algunos cambios y volverlo a llevar o aprobar el proyecto de Presupuestos y meterlo ahí con toda su tramitación y un decreto de desahucios solo".

La primera opción supondría renegociar las medidas que todavía puedan reunir una mayoría antes de disolver las Cámaras y presentar un nuevo decreto con modificaciones. La segunda implicaría utilizar una eventual Ley de Presupuestos para incorporar aquellas políticas que encajen jurídicamente en ella y reservar el instrumento urgente para una protección específica frente a los desahucios.

Hay un adelanto electoral forzado otro riesgo: pasar unas fechas tan señaladas para la crisis de Ceuta como son el 12 de octubre y el 13, con la visita del Rey al territorio: mal momento para estar funciones para Sánchez. “Además esta opción mantendría la tensión sobre las fechas de las elecciones a PP y Vox”, algo muy relevante en un perfil como el de Sánchez, que marca siempre muy de cerca al rival y juega con su psicología, según los expertos consultados.

Por lo tanto: habría elecciones, pero no en noviembre. 

El PNV demuestra por qué las cuentas no bastan

Volviendo a la Diputación Permanente, el principal aviso llegó precisamente en la última votación. El PNV respaldó el decreto principal, pero votó contra el segundo texto, que incluía la renovación automática de determinados contratos de alquiler. Los nacionalistas vascos cuestionaron el equilibrio de esa medida y su impacto sobre los pequeños propietarios y la oferta de vivienda.

Si ese comportamiento se trasladara exactamente a la Diputación Permanente, el segundo decreto volvería a caer: 34 votos a favor frente a 35 en contra. PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y Podemos sumarían 34, mientras PP, Vox, Junts y PNV alcanzarían 35. La nueva aritmética permitiría prescindir de Junts solo en aquellas medidas capaces de conservar también al PNV.

Podemos sería igualmente imprescindible. Que Ione Belarra ocupe el puesto correspondiente al Grupo Mixto no supone que su voto esté garantizado para cualquier texto que presente el Ejecutivo. El contenido seguiría siendo determinante y el Gobierno tendría que negociar de nuevo tanto con la formación morada como con los nacionalistas vascos.

¿Puede Sánchez aprobar un decreto después de convocar elecciones?

Sí. Convocar elecciones y disolver las Cortes no convierte automáticamente al Gobierno en un Ejecutivo en funciones. La Ley del Gobierno establece que el Gobierno cesa después de la celebración de las elecciones generales, no cuando se publica el decreto de convocatoria. Hasta el día de los comicios conserva, por tanto, sus facultades ordinarias y puede aprobar reales decretos leyes.

Una vez disuelto el Congreso, la Diputación Permanente asume precisamente la función de decidir sobre esos decretos. El Reglamento de la Cámara establece que la convalidación o derogación de un real decreto ley corresponde al Pleno o a la Diputación Permanente y debe producirse antes de que transcurran 30 días desde su promulgación. Incluso existe la posibilidad de tramitar posteriormente esos textos como proyectos de ley durante el periodo entre legislaturas.

Hay además precedentes. La Diputación Permanente ha convalidado decretos leyes con las Cortes disueltas en varias ocasiones, incluida la etapa electoral de 2019, cuando llegó a pronunciarse sobre siete. La vía parlamentaria, por tanto, existe y no sería una creación específica para esta crisis.

El 29 de noviembre encaja en el calendario

Con todo, amplios sectores socalisgas y fuentes siguen viendo un amplio porcentaje de adelanto. La fecha que circula con más fuerza, y que adelantó DEMÓCRATA, en sectores del PSOE es el domingo 29 de noviembre. Para llegar a ella, Sánchez tendría que activar la disolución en los próximos días. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que, cuando el presidente utiliza su facultad de disolución anticipada, las elecciones se celebran el día 54 posterior a la convocatoria.