La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, toma posesión este viernes de su cargo tras ser investida por mayoría absoluta en la Asamblea regional, gracias al acuerdo alcanzado entre PP y Vox, que permitirá la formación de un nuevo gobierno de coalición en la comunidad autónoma cuatro meses después de las elecciones.
El nombramiento llega después de un primer intento fallido de investidura. En la votación definitiva, Guardiola obtuvo el respaldo de 40 diputados (29 del PP y 11 de Vox), frente a los 25 votos en contra de la oposición, formados por 18 del PSOE y 7 de Unidas por Extremadura.
Un acto institucional en un escenario histórico en Mérida
La toma de posesión está prevista a las 19:30 horas en un acto inicialmente previsto en el anfiteatro romano de Mérida, aunque si se dan condiciones de lluvia se trasladará al Palacio de Exposiciones y Congresos.
El evento contará con la presencia de diversas autoridades, entre ellas el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, el presidente de la Asamblea regional, Manuel Naharro, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el presidente del Senado, Pedro Rollán, entre otros representantes institucionales.
Publicación oficial del nombramiento en el BOE y el DOE
El nombramiento de Guardiola ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) mediante real decreto firmado por el Rey y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), formalizando así su acceso a la presidencia autonómica.
El acuerdo entre PP y Vox que sustenta el nuevo Ejecutivo incluye medidas controvertidas, entre ellas la denominada “prioridad nacional” en el acceso a ayudas sociales, un punto que ha generado debate político a nivel autonómico y nacional.
Guardiola ha defendido el pacto durante su discurso de investidura, asegurando que “no va a pedir perdón por gobernar con quien representa a una parte importante de la ciudadanía”, y reivindicando el acuerdo como una expresión de “mayoría parlamentaria”.
Choque político con el Gobierno central
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado duramente ese punto del acuerdo, afirmando que podría vulnerar la Constitución al generar “ciudadanos de primera y de segunda clase” y romper con el principio de igualdad y no discriminación.