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La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) sigue un procedimiento específico dentro del marco general de elaboración de leyes, pero con particularidades importantes por su carácter esencial para el funcionamiento del Estado. A continuación se describen los pasos principales, desde la fase gubernamental hasta la aprobación definitiva y las consecuencias de que no se aprueben a tiempo.

1. Elaboración del proyecto por el Gobierno

El proceso comienza en el seno del Gobierno. El Ministerio de Hacienda coordina la elaboración del proyecto de Presupuestos, a partir de:

• Las previsiones macroeconómicas (crecimiento, inflación, empleo, etc.).
• Los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.
• Las necesidades de gasto de cada ministerio y organismo público.

Tras las reuniones internas y la negociación con los distintos departamentos, el Consejo de Ministros aprueba el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Ese proyecto incluye tanto los estados de ingresos y gastos como la llamada “ley de acompañamiento presupuestario” (articulado con normas tributarias, retribuciones públicas, límites de gasto, etc.).

2. Remisión al Congreso de los Diputados

Aprobado por el Consejo de Ministros, el proyecto se remite al Congreso de los Diputados. La Constitución y el Reglamento del Congreso establecen que debe presentarse, en condiciones normales, antes del inicio del otoño para que pueda tramitarse y aprobarse antes del 1 de enero del año al que se refieren.

El Gobierno entrega también documentación complementaria (memorias económicas, estimaciones de impacto, liquidación del presupuesto anterior, etc.), que sirve de base al debate parlamentario.

3. Tramitación en el Congreso

3.1 Debate de totalidad

La primera gran fase es el debate de totalidad en el Pleno del Congreso. Los grupos pueden presentar enmiendas a la totalidad, que suelen ser:

• De devolución: piden rechazar el proyecto y devolverlo al Gobierno.
• (En algunos casos) de texto alternativo: proponen un proyecto completo distinto.

Si una enmienda a la totalidad prospera, el proyecto decae. Si se rechazan, el proyecto continúa su tramitación.

3.2 Fase de comisión y enmiendas parciales

El proyecto se envía a la comisión competente (habitualmente la Comisión de Presupuestos). Los grupos presentan enmiendas parciales que modifican partidas concretas o artículos del articulado.

Dentro de la comisión puede constituirse una Ponencia que estudia el texto y las enmiendas y elabora un borrador. Después, la Comisión debate y aprueba un dictamen con las enmiendas aceptadas.

3.3 Pleno del Congreso

El dictamen de la Comisión se eleva al Pleno, donde se votan las secciones presupuestarias (por ministerios u órganos) y el articulado. El resultado es el Proyecto de Ley de Presupuestos aprobado por el Congreso, que se remite al Senado.

4. Tramitación en el Senado

El Senado recibe el texto y puede:

• Aprobarlo tal cual: en ese caso, la ley queda lista para su sanción y promulgación.
• Presentar enmiendas: modificaciones a partidas o artículos concretos.
• Plantear un veto: rechazo global al proyecto.

Si el Senado formula enmiendas o veta el proyecto, el texto vuelve al Congreso. El veto puede ser levantado por el Congreso mediante mayoría absoluta en una primera votación, o por mayoría simple pasado un determinado plazo. En cuanto a las enmiendas, el Congreso decide si las acepta o las rechaza una por una.

5. Aprobación definitiva, sanción y publicación

Una vez que el Congreso resuelve, en su caso, sobre el veto y las enmiendas del Senado, el texto resultante se considera aprobado como Ley de Presupuestos Generales del Estado. A continuación:

• El Rey procede a la sanción de la ley.
• La ley se promulga y se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
• En condiciones normales, entra en vigor el 1 de enero del ejercicio correspondiente.

6. ¿Qué ocurre si no se aprueban a tiempo?

La Constitución prevé que, si el 1 de enero no se han aprobado nuevos Presupuestos, se prorrogue automáticamente el Presupuesto del año anterior. Esa prórroga:

• Mantiene las cuantías y estructuras del presupuesto precedente, con ajustes técnicos inevitables.
• Limita la capacidad del Gobierno para poner en marcha nuevas políticas o programas de gasto que requieran crédito específico.
• Suele aumentar la presión política para negociar y aprobar cuanto antes unos nuevos Presupuestos.

No obstante, aunque exista prórroga, el Gobierno y las Cortes pueden en cualquier momento aprobar una nueva Ley de Presupuestos que sustituya a la prorrogada.

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) es el órgano de control interno del sector público estatal y el centro directivo de la contabilidad pública. Sus competencias en materia de control presupuestario se orientan a garantizar la legalidad, eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos públicos y en la ejecución del Presupuesto General del Estado.

1. Función interventora previa del gasto e ingresos

La función interventora es el control jurídico‑público clásico de la IGAE. Consiste en fiscalizar, con carácter previo o simultáneo, los actos de la Administración que dan lugar a:

• Autorización y compromiso de gastos.
• Reconocimiento de obligaciones y propuestas de pago.
• Recaudación y reconocimiento de derechos económicos.
• Movimientos de fondos y valores en la Tesorería.

Mediante esta función se comprueba la legalidad del acto y su adecuación al presupuesto: existencia de crédito, partida correcta, respeto a los límites y procedimientos, cumplimiento de la normativa de contratación, subvenciones, personal, etc. Cuando aprecia reparos, la Intervención puede formular reparo suspensivo o no suspensivo, obligando al órgano gestor a corregir o, en su caso, acudir a los mecanismos de discrepancia previstos.

2. Control financiero permanente

Junto a la fiscalización puntual de actos concretos, la IGAE ejerce control financiero permanente sobre ministerios, organismos autónomos, entidades públicas empresariales y otros entes dependientes del Estado. Este control se dirige a:

• Verificar la correcta gestión económico‑financiera y presupuestaria.
• Comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable y de los objetivos fijados.
• Supervisar la fiabilidad del sistema de control interno de cada entidad.

Se articula mediante actuaciones planificadas (programas de control financiero), informes periódicos y seguimiento de recomendaciones, con una visión más estructural y continua que la función interventora sobre actos singulares.

3. Auditoría pública del sector público estatal

La IGAE es, además, el órgano responsable de la auditoría pública interna del sector público estatal. Desarrolla, entre otras, las siguientes modalidades:

• Auditoría de cuentas o de regularidad contable, sobre estados financieros.
• Auditoría de cumplimiento, centrada en la observancia de la normativa.
• Auditoría operativa o de gestión, que valora economía, eficiencia y eficacia.
• Auditorías de sistemas y procedimientos, incluida la fiscalización de sistemas informáticos de contabilidad y gestión.

Sus informes alimentan tanto el control interno como la labor del Tribunal de Cuentas, y sirven de base para introducir mejoras en la programación y ejecución del presupuesto.

4. Dirección de la contabilidad pública

Otra competencia nuclear de la IGAE es actuar como centro directivo de la contabilidad pública estatal. Entre sus funciones en este ámbito destacan:

• Elaborar y actualizar el Plan General de Contabilidad Pública.
• Dictar instrucciones contables para los distintos tipos de entes.
• Dirigir y supervisar los sistemas de información contable.
• Elaborar la Cuenta General del Estado y demás cuentas a rendir al Tribunal de Cuentas.
• Proporcionar información económico‑financiera a Gobierno, Parlamento y órganos de la UE.

Esta función contable es esencial para el seguimiento de la ejecución presupuestaria, ya que permite conocer en todo momento el grado de ejecución de los créditos, la situación de la deuda, los compromisos y la posición de tesorería.

5. Control de estabilidad y coordinación del control interno

En el marco de la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la IGAE participa en la medición y reporte de déficit, deuda y otros indicadores fiscales, suministrando la información necesaria para los compromisos con la Unión Europea y para la vigilancia de las reglas fiscales internas.

Además, ejerce una función de coordinación del control interno en el conjunto del sector público estatal, dictando criterios y metodologías comunes para las intervenciones delegadas y territoriales, y promoviendo la homogeneidad en la práctica de la fiscalización y la auditoría.

6. Relación con el Tribunal de Cuentas y apoyo a la toma de decisiones

Aunque el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador externo, la IGAE colabora estrechamente con él, remitiendo información y cuentas, y atendiendo requerimientos en los procedimientos de control externo. De este modo, el control interno (IGAE) y el control externo (Tribunal de Cuentas) se complementan.

Finalmente, toda la información generada por la IGAE —informes de fiscalización, auditoría, seguimiento de la ejecución y análisis de riesgos— constituye un insumo clave para la toma de decisiones presupuestarias y de gestión por parte del Ministerio de Hacienda y del Gobierno, reforzando la transparencia y la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos.

La actual presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es Inés Olóndriz de Moragas, una economista de larga trayectoria técnica en las finanzas públicas, cuyo perfil se ha construido fundamentalmente en la Administración y en el análisis fiscal, más que en la militancia o los cargos políticos partidistas.

Formación académica y especialización técnica

Según la información publicada por el propio Gobierno y recogida por el periódico Demócrata, Olóndriz es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona. Complementa su formación con un Executive Master en Administraciones Públicas por ESADE, lo que la sitúa claramente en el ámbito de la gestión pública profesionalizada. Además, cuenta con la acreditación Certified Financial Analyst (CFA) otorgada por la European Federation of Financial Analyst Societies (EFFAS), una credencial especializada en análisis financiero que refuerza su perfil técnico.

En conjunto, estas credenciales apuntan a una trayectoria orientada al análisis económico-fiscal y a la gestión de las finanzas públicas, con una combinación de conocimientos académicos, formación ejecutiva en administración pública y certificación financiera internacional.

Carrera en la Administración pública

Tal como recoge Demócrata citando fuentes oficiales, Olóndriz acumula más de tres décadas de experiencia vinculada a las finanzas públicas. Ella misma subrayó en su comparecencia parlamentaria que lleva alrededor de 35 años trabajando en este ámbito, conociendo tanto la administración “desde dentro” como el funcionamiento de los mercados “desde fuera”.

Una parte central de su carrera se ha desarrollado en el Ayuntamiento de Barcelona, donde pasó aproximadamente veinte años. En esa etapa ocupó puestos de elevada responsabilidad:

• Directora de Financiación del Ayuntamiento de Barcelona entre 2002 y 2011.
• Compatibilizó ese cargo con el de directora de Presupuestos en el periodo 2008‑2009.

Estas funciones la situaron en el centro de la gestión financiera y presupuestaria de una gran ciudad, con responsabilidades sobre endeudamiento, planificación financiera y relación con los mercados.

Posteriormente, dio el salto a la Administración General del Estado como secretaria general de Financiación Autonómica y Local en el Ministerio de Hacienda. Según explicó en el Congreso, desde ese puesto ha gestionado:

• La aplicación y gestión de los modelos de financiación autonómica y local.
• Las competencias relativas al endeudamiento de comunidades autónomas y entidades locales.
• La supervisión y diseño de los mecanismos extraordinarios de financiación puestos a disposición por el Estado.

Ese recorrido le ha permitido conocer en detalle el funcionamiento de los tres niveles de la Administración española: estatal, autonómico y local.

Experiencia en el sector privado y en mercados

Aunque la mayor parte de su carrera ha sido pública, Olóndriz también ha acumulado experiencia en el sector privado financiero. Demócrata detalla que trabajó como analista senior en el equipo de Sovereign & International Public Finance de S&P Global Ratings, donde se encargó del seguimiento de gobiernos locales y regionales y de entidades públicas en España y el Reino Unido.

Esta experiencia de análisis de riesgo soberano y sub-soberano desde una agencia de calificación refuerza su perfil como experta en sostenibilidad fiscal, deuda pública y percepción de los mercados sobre las cuentas de las administraciones.

Nombramiento en la AIReF y relación con la política

El Ministerio de Hacienda propuso su nombramiento para la presidencia de la AIReF a comienzos de 2026, en sustitución de Cristina Herrero, que había agotado los seis años de mandato previstos en la ley. La propuesta fue remitida al Congreso de los Diputados, donde Olóndriz compareció ante la Comisión de Hacienda para exponer sus credenciales y recabar apoyo parlamentario.

La comisión validó su designación con el respaldo de PSOE, Sumar, Bildu, PNV y BNG, mientras que PP y Vox votaron en contra alegando dudas sobre su independencia por proceder de la cúpula del Ministerio de Hacienda. Tras el visto bueno del Congreso, el Consejo de Ministros ratificó su nombramiento y el Boletín Oficial del Estado (BOE) lo hizo oficial el 1 de abril de 2026, momento en el que se produjo también el cese formal de Cristina Herrero.

En su comparecencia, Olóndriz defendió explícitamente su autonomía respecto a los partidos, subrayando que “nunca ha militado en ningún partido político” y reivindicando un perfil de gestora técnica más que político. Insistió en que su trabajo en Hacienda se ha centrado en el análisis técnico de alternativas y escenarios para informar a los responsables políticos, no en la toma de decisiones partidistas.

Desde la perspectiva de trayectoria política, por tanto, su perfil puede calificarse como el de una alta funcionaria y directiva pública especializada en finanzas públicas y supervisión fiscal, con una intensa interacción con la política económica y presupuestaria, pero sin constancia de cargos electos ni de militancia partidista. Su llegada a la presidencia de la AIReF se enmarca en ese recorrido técnico‑institucional, en un puesto que, aunque no es político en sentido estricto, se sitúa en el corazón del debate sobre la política fiscal y la sostenibilidad de las cuentas públicas.