Hauteskunde orokorren inkesta: PPk eta Voxek gehiengo osoak baino 33 eserleku gehiago izango lituzkete, eta Sanchezek 104ra jaitsiko litzateke, Hamalgamaren arabera

La posible convocatoria de elecciones generales anticipadas no tiene, como tal, un “estado parlamentario” en el Congreso o el Senado, porque no es un procedimiento que se tramite como ley ni como iniciativa parlamentaria. La decisión de disolver las Cortes y adelantar los comicios es un acto del poder ejecutivo con intervención del Jefe del Estado, regulado por la Constitución y la legislación electoral, no por el Reglamento de las Cámaras como si fuera un proyecto de ley. Por eso, mientras no exista un decreto formal de disolución y convocatoria, en las Cortes no aparece ningún expediente específico sobre “elecciones anticipadas”.

1. Ausencia de estado parlamentario específico

En el lenguaje habitual de las Cortes Generales, tienen “estado parlamentario” los proyectos y proposiciones de ley, las mociones, proposiciones no de ley, preguntas, interpelaciones, etc. Estos se numeran, se registran y van pasando por fases (toma en consideración, ponencia, comisión, Pleno, Senado, etc.).

La convocatoria de elecciones anticipadas no sigue ese circuito:

• No hay proyecto de ley de “convocatoria de elecciones”.
• No se somete a votación del Congreso o del Senado una propuesta de disolución anticipada de las Cámaras.
• No existe un expediente parlamentario identificable en el registro del Congreso o del Senado cuyo objeto sea “convocar elecciones generales”.

Por tanto, en sentido estricto, la “posible convocatoria” no figura en ningún estadio de tramitación parlamentaria. Mientras no se firme y publique el decreto de disolución, lo único que puede haber son debates políticos, proposiciones no de ley o declaraciones de grupos a favor o en contra de un adelanto, pero eso no cambia que la decisión formal no dependa de una votación de las Cámaras.

2. Quién decide la disolución anticipada

La disolución anticipada de las Cortes y la consiguiente convocatoria de elecciones generales se articula como una decisión del presidente del Gobierno, que la plantea al Rey. Es un acto típicamente vinculado a la relación entre Ejecutivo y Jefatura del Estado, no al procedimiento parlamentario ordinario.

De manera simplificada, el esquema es el siguiente:

• El presidente del Gobierno decide políticamente que desea un adelanto electoral.
• Formula la propuesta de disolución de Congreso y Senado y de convocatoria de elecciones al Rey.
• El Rey firma el decreto correspondiente, que se publica en el boletín oficial, con lo que se hace efectiva la disolución y se fijan fecha de elecciones y calendario electoral.

Las Cortes no votan ese decreto ni tienen que aprobarlo como si se tratara de una iniciativa legislativa. Lo que sí existe es un marco constitucional y legal que condiciona cuándo y cómo puede utilizarse esta facultad (por ejemplo, evitando abusos temporales o conflictos con otros procesos esenciales del Estado), pero ese marco no se tramita como un asunto más dentro del orden del día de las Cámaras cada vez que se disuelven.

3. Papel indirecto del Parlamento

Aunque el Congreso y el Senado no aprueban la disolución anticipada, sus dinámicas políticas pueden forzar o incentivar que se produzca:

• Si la mayoría que sostiene al Gobierno se rompe o se vuelve muy inestable, el presidente puede valorar el adelanto como salida política.
• Determinados episodios parlamentarios de gran relevancia (pérdida sistemática de votaciones clave, bloqueo de la agenda, etc.) pueden servir de justificación para el adelanto.
• Las fuerzas de la oposición suelen utilizar el debate parlamentario para presionar a favor o en contra de la convocatoria anticipada.

Aun así, todo esto se mantiene en el plano político, no en el estrictamente procedimental: los grupos pueden pedir elecciones, presentar proposiciones no de ley instando al Gobierno a convocarlas o hacer de ello un eje de su discurso, pero ninguna de esas iniciativas es jurídicamente vinculante para desencadenar el adelanto.

4. Diferencia con otros procedimientos parlamentarios

Conviene distinguir la disolución anticipada de otros mecanismos que sí se tramitan y votan en las Cámaras, como la moción de censura, la cuestión de confianza o la investidura de un presidente. Esos procedimientos sí tienen fases parlamentarias formales, debates reglados y mayorías definidas para su aprobación o rechazo.

En cambio, la convocatoria de elecciones anticipadas, aunque puede estar políticamente relacionada con el resultado de esos procesos, es un acto posterior y separado, que no aparece como “estado parlamentario” propio en los registros del Congreso y del Senado.

El presidente del Gobierno es el jefe del poder ejecutivo y dirige políticamente al Consejo de Ministros, con competencias propias definidas por la Constitución y por la Ley del Gobierno. La convocatoria de elecciones generales se articula siempre mediante un real decreto del Rey, pero la iniciativa es, con carácter general, del propio presidente, salvo en el supuesto excepcional de bloqueo de la investidura. Esta facultad de disolución y convocatoria está sometida a límites temporales y materiales (por ejemplo, no cabe si hay una moción de censura en trámite ni durante estados de excepción o sitio). El desarrollo procedimental del proceso electoral y de los plazos de campaña lo fija la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), con una regulación específica para las elecciones automáticas por fracaso de la investidura.

Competencias y funciones del presidente del Gobierno

El marco básico está en la Constitución Española, especialmente en los artículos sobre el Gobierno. El artículo 97 establece que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. El artículo 98.2 concreta que el presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los ministros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos.

La Ley 50/1997, del Gobierno desarrolla de forma sistemática estas funciones. En ella se precisa que, en todo caso, corresponde al presidente:

• Representar al Gobierno.
• Establecer el programa político del Gobierno y fijar las directrices de la política interior y exterior, velando por su cumplimiento.
• Proponer al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales.
• Plantear la cuestión de confianza ante el Congreso, previa deliberación del Consejo de Ministros.
• Proponer al Rey la convocatoria de referéndum consultivo, previa autorización del Congreso de los Diputados.
• Dirigir la política de defensa y ejercer las funciones sobre las Fuerzas Armadas que prevea la legislación de defensa.
• Convocar, presidir y fijar el orden del día del Consejo de Ministros.
• Refrendar, en su caso, los actos del Rey, de conformidad con la Constitución.

La responsabilidad política del Gobierno ante el Congreso se articula mediante la cuestión de confianza y la moción de censura, según la Constitución. El presidente puede pedir al Congreso que vote su programa o una declaración de política general; si pierde esa votación, el Gobierno debe dimitir y se reabre el procedimiento de investidura. A la inversa, el Congreso puede exigir responsabilidad al Gobierno mediante una moción de censura, que debe incluir un candidato alternativo a la Presidencia; si se aprueba por mayoría absoluta, el Gobierno saliente dimite y el candidato propuesto queda investido y es nombrado presidente.

Nombramiento, cese y relación con el Rey

Tras cada renovación del Congreso, el Rey propone un candidato a la Presidencia, previa consulta con los representantes de los grupos políticos y a través del presidente del Congreso, conforme a la Constitución. Ese candidato presenta su programa y solicita la confianza de la Cámara; si la obtiene, el Rey lo nombra presidente. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en caso de pérdida de confianza parlamentaria (cuestión de confianza o moción de censura) o por dimisión o fallecimiento del presidente, continuando en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

Disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones generales

La facultad de disolver las Cortes y provocar elecciones se regula principalmente en la Constitución y se concreta en la legislación electoral. Según la propia Constitución (artículo que aparece en la ventana consultada), el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, puede proponer al Rey la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales. El Rey decreta la disolución, y el decreto de disolución fija la fecha de las elecciones.

Existen límites importantes:

• No se puede presentar la propuesta de disolución cuando esté en trámite una moción de censura.
• No cabe una nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo en el supuesto específico del artículo 99.5 (bloqueo de la investidura).
• Mientras estén declarados los estados de alarma, excepción o sitio, no puede disolverse el Congreso (artículo 116.5 de la Constitución).

Además, el artículo 99.5 de la Constitución prevé que, si transcurren dos meses desde la primera votación de investidura sin que ningún candidato obtenga la confianza del Congreso, el Rey disuelve automáticamente ambas Cámaras y convoca elecciones, con el refrendo del presidente del Congreso.

Este supuesto excepcional se desarrolló mediante la Ley Orgánica 2/2016, que añade una disposición adicional séptima a la LOREG. Esa disposición establece que en estas elecciones automáticas el real decreto de convocatoria se expide al día siguiente de expirar el plazo de dos meses, se publica y entra en vigor ese mismo día, y fija la fecha de los comicios para el día cuadragésimo séptimo posterior a la convocatoria. Para este caso, la campaña electoral se acorta a ocho días y se simplifican varios trámites (mantenimiento de juntas electorales, representantes, avales y solicitudes de voto exterior).

En los procesos ordinarios (fin natural de la legislatura o disolución anticipada a iniciativa del presidente), la LOREG establece el marco temporal general del proceso y de la campaña: la campaña comienza el día trigésimo octavo posterior a la convocatoria, dura quince días y termina a las cero horas del día inmediatamente anterior a la votación, según el fragmento consultado. Sobre esa base, el calendario completo del proceso (desde la convocatoria hasta la proclamación de electos) se organiza en la propia LOREG y en instrucciones de la Junta Electoral Central, como la Instrucción 3/2019, adaptándolas cuando coinciden varias elecciones.

Los resultados oficiales de las elecciones generales al Congreso del 23 de julio de 2023 muestran un claro predominio de los dos grandes partidos estatales (PP y PSOE), acompañados por Sumar y Vox como fuerzas medias y por varios partidos nacionalistas e independentistas con entre el 1% y el 2% del voto. A escala estatal, solo ocho partidos superaron el umbral del 1% de voto, y todos ellos obtuvieron representación en el Congreso. Además, formaciones con apoyos más concentrados territorialmente como BNG o Coalición Canaria lograron escaño pese a no alcanzar el 1% estatal. A continuación detallo los datos exactos disponibles por partido, según el escrutinio oficial del Ministerio del Interior recogido por medios como RTVE.

Resultados estatales por partido (23J 2023, Congreso)

Partidos con más del 1% de voto a nivel estatal y representación en el Congreso:

• PP (Partido Popular): 137 escaños, 8.091.840 votos, 33,1% del voto válido a nivel estatal.
• PSOE (Partido Socialista Obrero Español): 121 escaños, 7.760.970 votos, 31,7%.
• Vox: 33 escaños, 3.033.744 votos, 12,4%.
• Sumar: 31 escaños, 3.014.006 votos, 12,3%.
• ERC (Esquerra Republicana de Catalunya): 7 escaños, 462.883 votos, 1,9%.
• JxCAT–Junts per Catalunya: 7 escaños, 392.634 votos, 1,6%.
• EH Bildu: 6 escaños, 333.362 votos, 1,4%.
• EAJ‑PNV (Partido Nacionalista Vasco): 5 escaños, 275.782 votos, 1,1%.

De acuerdo con el resumen de resultados utilizado en el análisis de EPData, no hay partidos que superen el 1% estatal sin escaño. El texto consultado señala además que el bipartidismo (PP+PSOE) alcanzó el 64,8% del voto, lo que explica buena parte de la distribución de escaños.

Partidos con menos del 1% y representación

Aunque tu pregunta se centra en los partidos con más del 1% de voto, las fuentes mencionan dos casos relevantes que, pese a no llegar a ese umbral estatal, sí consiguieron escaño por la concentración territorial de sus apoyos:

• BNG (Bloque Nacionalista Galego): alrededor del 0,6% estatal y 1 escaño.
• CCa (Coalición Canaria): alrededor del 0,5% estatal y 1 escaño.

El detalle exacto de su porcentaje estatal no aparece desglosado con más precisión en los fragmentos disponibles; para datos pormenorizados por partido, circunscripción y tipo de voto puede consultarse el acuerdo de la Junta Electoral Central publicado en el BOE y la documentación oficial asociada, como el BOE sobre resultados del 23J y el documento sobre voto CERA de la Junta Electoral Central ([enlace]).

Contexto general de la elección

Según los datos recogidos por EPData, la participación fue del 69,64% del censo. El resultado dejó un Congreso muy fragmentado en el que ningún bloque alcanzaba la mayoría absoluta sin apoyos de varias fuerzas nacionalistas e independentistas, algo que se analiza también en piezas de contexto parlamentario como el reportaje de Demócrata sobre el bloque de investidura (análisis del bloque de investidura).

Para análisis comparados de este resultado con series históricas o con elecciones en otros niveles (europeas, autonómicas, etc.) se han usado igualmente fuentes como ABC, la ficha sintética de Wikipedia, trabajos sobre historia electoral como [enlace] y el propio modelo de agregación de encuestas del periódico Demócrata (encuestas de Demócrata).

Otros enlaces relevantes consultados

En el marco de esta respuesta también se han revisado, entre otros, contenidos de Demócrata y de fuentes estadísticas y oficiales: artículos de actualidad y análisis de el periódico Demócrata como [enlace], [enlace], [enlace] y otros; notas del INE como contabilidad nacional y EPA; documentación de la Junta Electoral Central y el BOE sobre otras elecciones (resultados europeas 2024, corrección de resultados europeos); y notas del Govern catalán sobre comicios autonómicos (resultados 12M, participación 12M, [enlace]), así como análisis de otros medios como El País y referencias audiovisuales como [enlace].