La defensa de la libertad económica, la crítica a la sobrerregulación europea y la preocupación por el futuro energético e industrial de España marcaron la agenda institucional de la delegación madrileña en Bruselas. El presidente de CEIM, Miguel Garrido de la Cierva, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, coincidieron en trasladar a las instituciones comunitarias un mensaje claro: el actual marco normativo europeo amenaza con erosionar la competitividad empresarial si no se adapta a la realidad productiva.
La empresa, eje del crecimiento económico
Durante su intervención en un encuentro con empresas y asociaciones españolas en Bruselas, Garrido situó la libertad de empresa como “pilar esencial del crecimiento económico”. El presidente de CEIM insistió en que Europa se enfrenta a un dilema estratégico: o simplifica su marco regulatorio o corre el riesgo de perder peso en la economía global.
“Europa no puede aspirar a liderar la innovación si sigue imponiendo obstáculos regulatorios que frenan la inversión”, advirtió. En su diagnóstico, las pequeñas y medianas empresas son las más perjudicadas por una normativa que, según denunció, resulta “excesiva, compleja y poco previsible”.
El dirigente empresarial defendió la necesidad de avanzar hacia un entorno más equilibrado que combine seguridad jurídica con flexibilidad. En este sentido, reivindicó el papel del tejido empresarial español como ejemplo de internacionalización, destacando su capacidad para competir en sectores estratégicos como la energía, las infraestructuras, la tecnología o el turismo.
Un modelo económico basado en menos trabas
Uno de los ejes del discurso de Garrido fue la referencia constante al modelo económico de la Comunidad de Madrid. Según el presidente de CEIM, la región ha demostrado que la reducción de trabas administrativas, la estabilidad normativa y la confianza en la iniciativa privada generan un círculo virtuoso de inversión y empleo.
“Cuando se reducen trabas, se apuesta por la estabilidad y se confía en la empresa, se genera más inversión, más empleo y más oportunidades”, subrayó.
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Esta visión fue compartida por Ayuso, quien defendió que el equilibrio entre sector público y privado es imprescindible para sostener el crecimiento. La presidenta madrileña insistió en que los servicios públicos solo pueden mantenerse con una economía dinámica y una empresa “libre, estimulada y respetada”.
Europa como escenario del debate regulatorio
La visita institucional incluyó encuentros con eurodiputados españoles como Raúl de la Hoz e Isabel Benjumea en el Parlamento Europeo. En estas reuniones, Garrido trasladó la preocupación del empresariado madrileño por el impacto de las políticas comunitarias en la industria española. Uno de los puntos clave fue la política energética. El presidente de CEIM defendió la necesidad de un “mix energético equilibrado, estable y competitivo” que permita a las empresas operar en igualdad de condiciones frente a otros países.
En este contexto, mostró su inquietud por el calendario de cierre de las centrales nucleares en España, mencionando específicamente la Central Nuclear de Almaraz. Según Garrido, decisiones de este tipo deben analizarse no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también económico e industrial. “La energía nuclear es barata, segura y limpia”, afirmó, advirtiendo de que su desmantelamiento podría afectar al suministro y encarecer los costes energéticos.
Ayuso aprovechó su intervención para poner el foco en el sector primario y la industria agroalimentaria madrileña. Recordó que este ámbito genera más de 200.000 empleos en la región a través de unas 1.500 empresas y representa miles de millones de euros en exportaciones.
La presidenta destacó ejemplos concretos como el anís de Chinchón o las aceitunas de Campo Real, símbolos de un tejido productivo que combina tradición e internacionalización. Sin embargo, alertó de los desafíos que enfrenta el sector: desde la falta de relevo generacional hasta el exceso de burocracia. “Hoy muchos agricultores dedican más tiempo a rellenar papeles que a sus negocios”, denunció.
La PAC y la financiación europea
Uno de los mensajes más contundentes de Ayuso fue su defensa de una Política Agraria Común (PAC) más ambiciosa. La presidenta madrileña criticó los recortes y reclamó que las ayudas se actualicen conforme a la inflación. Asimismo, pidió mantener instrumentos clave como el FEAGA y el FEADER, fundamentales para garantizar la viabilidad del medio rural. “Sin financiación suficiente, las regiones no podremos mantener el medio rural vivo y competitivo”, advirtió.
El discurso de Ayuso en Bruselas no se limitó al ámbito económico. La presidenta lanzó duras críticas al Gobierno central, denunciando lo que calificó como una deriva institucional preocupante.
Entre los puntos más polémicos, mencionó presuntos casos de corrupción, cuestionó la política migratoria y criticó la relación del Ejecutivo con países como China o Irán. Ayuso alertó de que España podría convertirse en un país “aislado” desde el punto de vista diplomático y económico si continúa por esa senda. También denunció un supuesto “ataque constante a la separación de poderes” y advirtió sobre el impacto de determinadas políticas en la confianza empresarial.
Europa, entre la regulación y la competitividad
Tanto Garrido como Ayuso coincidieron en señalar que la Unión Europea se encuentra en un momento decisivo. Por un lado, debe mantener sus estándares sociales y medioambientales; por otro, necesita evitar que la regulación excesiva ahogue la actividad económica.
La presidenta madrileña criticó propuestas como la imposición del teletrabajo obligatorio, argumentando que no tienen en cuenta la realidad de países como España, donde el sector servicios y la vida en la calle son fundamentales. “Igualarlo todo es ir contra la realidad”, sostuvo.
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Otro de los ejes de su intervención fue la política migratoria. Ayuso criticó la regularización de personas en situación irregular sin controles suficientes, señalando el impacto que, a su juicio, puede tener sobre los servicios públicos.
“La ley y el orden son imprescindibles para garantizar la convivencia y la integración real”, afirmó.
En este sentido, anunció que la Comunidad de Madrid recurrirá determinadas medidas del Gobierno al considerar que generan inseguridad jurídica y sobrecargan a las administraciones autonómicas.
Madrid como escaparate
El viaje a Bruselas también sirvió para proyectar la imagen de Madrid como un referente de políticas liberales dentro de Europa. Ayuso presentó la región como un “motor económico” basado en la apertura, la atracción de inversiones y la celebración de grandes eventos internacionales.
Desde competiciones deportivas hasta eventos culturales, la presidenta defendió que Madrid se ha convertido en un polo de atracción global.
El discurso de Ayuso incorporó un marcado componente ideológico, con referencias a la defensa de las democracias liberales frente a regímenes autoritarios. En este contexto, anunció la recepción en Madrid de la líder opositora venezolana María Corina Machado, a quien presentó como símbolo de la lucha por la libertad. La presidenta vinculó esta defensa de los valores democráticos con el proyecto europeo, al que definió como un “faro de libertad” que no debe perder su esencia.
Un claro mensaje desde Bruselas
La visita de CEIM y del Gobierno madrileño a Bruselas ha servido para trasladar un mensaje doble: por un lado, la necesidad de revisar el marco regulatorio europeo para garantizar la competitividad empresarial; por otro, una crítica frontal al rumbo político y económico del Gobierno español.
En un contexto de incertidumbre global, marcado por la transición energética, la digitalización y los cambios geopolíticos, la delegación madrileña ha reivindicado un modelo basado en la libertad económica, la seguridad jurídica y la confianza en la empresa.
El debate, sin embargo, está lejos de cerrarse. La tensión entre regulación y competitividad seguirá siendo uno de los grandes ejes de la política europea en los próximos años, con implicaciones directas para el futuro de la industria, el empleo y el crecimiento económico en España y en el conjunto de la Unión Europea.