El Gobierno de España ha movido ficha antes de la presentación, el próximo miércoles, de la denominada Ley de Equidad Digital (DFA, por sus siglas en inglés), con la que la Comisión Europea pretende poner coto a los diseños "oscuros" de las plataformas tecnológicas. Moncloa, junto con los gobiernos de Dinamarca y Portugal, ha remitido un documento a la Comisión Europea en el que define esta iniciativa como "una oportunidad para avanzar en la protección de los consumidores, la competencia leal y la confianza en los mercados digitales".
El texto, al que ha tenido acceso DEMÓCRATA, reclama expresamente una nueva regulación para los influencers, el diseño de los mercados digitales y la protección de los consumidores. Los tres gobiernos consideran que la futura normativa debería garantizar que los usuarios puedan diferenciar fácilmente las recomendaciones independientes que aparecen en los algoritmos de sus redes sociales de aquellas que responden a un interés comercial. Todo ello, defienden, debe ir acompañado de un refuerzo de "la transparencia y la rendición de cuentas entre los actores implicados".
La propuesta abre así la puerta a establecer nuevas obligaciones para los creadores de contenido en el ámbito comunitario, especialmente en lo relativo a la identificación de publicaciones promocionales. La iniciativa impulsada por España señala directamente a este sector al pedir al Ejecutivo comunitario que la futura legislación "aborde las formas emergentes de influencia comercial que difuminan las fronteras entre las recomendaciones personales". El alcance de la medida no quedaría limitado a las redes sociales y estaría vinculado también al entretenimiento y la publicidad, incluida "la influencia digital y la generada por Inteligencia Artificial".
Los influencers, bajo el foco de la nueva regulación
La inclusión de los creadores de contenido en el documento sitúa a este sector entre los ámbitos que Madrid, Copenhague y Lisboa consideran prioritarios para la futura intervención comunitaria. La preocupación de los tres gobiernos reside en la dificultad creciente para distinguir entre una recomendación espontánea y una comunicación comercial, especialmente en unos entornos digitales en los que la publicidad y los contenidos personales conviven en los mismos espacios.
La intención es que la nueva regulación permita reforzar la identificación de los intereses comerciales que se esconden detrás de determinadas recomendaciones y contenidos. En este sentido, el documento reclama que las normas tengan en cuenta las nuevas formas de influencia que han surgido con la evolución de las plataformas y que no siempre encajan en los mecanismos tradicionales de publicidad.
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La referencia expresa a la Inteligencia Artificial amplía todavía más el alcance de la iniciativa. Los gobiernos consideran que la influencia comercial ya no se limita a los formatos publicitarios convencionales, sino que se extiende a contenidos y recomendaciones cuya naturaleza puede resultar menos evidente para los consumidores. Por ello, reclaman que la futura legislación contemple también estas nuevas fórmulas de promoción.
Bruselas quiere intervenir sobre el diseño de las plataformas
Tras una primera ola regulatoria centrada en establecer límites a las grandes compañías tecnológicas y después de presentar la legislación con la que se fijará una edad mínima para acceder a las redes sociales, el Ejecutivo que lidera Ursula von der Leyen quiere actuar directamente sobre los patrones que se ocultan en el diseño de las aplicaciones.
Moncloa defiende que, si bien la innovación digital ofrece beneficios "significativos", también permite a las empresas configurar entornos digitales capaces de influir en el comportamiento de los consumidores. El Gobierno pone así el foco en una dimensión que va más allá de la información que reciben los usuarios y que afecta directamente a la forma en la que las plataformas presentan sus servicios y condicionan las decisiones de quienes los utilizan.
"La autonomía del consumidor no depende únicamente del acceso a la información, sino también de cómo se diseñan los entornos digitales y de cómo se presentan las opciones", recoge el documento remitido a Bruselas. Esta premisa constituye uno de los argumentos centrales de los tres gobiernos para reclamar una intervención normativa que no se limite a garantizar la transparencia, sino que también examine los mecanismos que condicionan las decisiones de los usuarios.
El comisario responsable de Protección de los Consumidores, Michael McGrath, dará a conocer los detalles de la propuesta el próximo miércoles. La iniciativa figuraba entre las encomiendas de su carta de misión cuando llegó al cargo y constituye también una de las prioridades del grupo socialista en el Parlamento Europeo durante la actual legislatura.
Inicialmente estaba previsto que la denominada 'Kids Act', centrada en la protección de los menores en el entorno digital, formase parte de este mismo paquete legislativo. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario optó finalmente por separar ambas iniciativas en dos bloques. La decisión responde a la intención de abordar de manera diferenciada la protección de los menores y la del conjunto de consumidores que participan en los mercados digitales.
Frenar los diseños adictivos y el gasto compulsivo
Madrid, Copenhague y Lisboa también exigen que la futura normativa actúe sobre los mecanismos de participación comúnmente asociados con el diseño adictivo de las plataformas. Los tres gobiernos advierten de que estas herramientas están destinadas, principalmente, a maximizar el tiempo que los usuarios permanecen en los servicios digitales. El documento apunta, además, a que determinados patrones de diseño pueden terminar fomentando "un gasto excesivo o compulsivo". La preocupación no se limita, por tanto, al tiempo de exposición a las aplicaciones, sino que alcanza también a las consecuencias que determinados mecanismos pueden tener sobre las decisiones económicas de los consumidores.
Las expectativas de los tres gobiernos pasan por que la propuesta comunitaria aborde las recomendaciones personalizadas y los mecanismos de adaptación al tiempo de uso, al tiempo que "asegura una elección y control significativo por parte del consumidor". Se trata de intervenir sobre elementos que, aunque forman parte de la experiencia habitual de navegación, pueden condicionar la capacidad de decisión de los usuarios.
La reclamación sitúa así el diseño de las plataformas en el centro del debate regulatorio. Frente a una aproximación centrada exclusivamente en la información que las empresas deben facilitar, los tres países defienden que también es necesario examinar cómo se construyen los entornos digitales y qué incentivos incorporan sus funcionalidades.
Evitar lagunas y duplicidades normativas
Fuentes conocedoras de la tramitación de esta normativa vienen explicando que la futura Ley de Equidad Digital ayudará a "cerrar lagunas y puntos ciegos normativos". Para ello, el documento remitido por España, Dinamarca y Portugal abre la puerta a "mejorar la claridad y la capacidad de aplicación de las normas de protección del consumidor". Los tres gobiernos consideran que la nueva legislación debe servir para reforzar el marco existente sin generar solapamientos regulatorios. El objetivo sería evitar duplicidades entre las distintas normas que ya regulan la actividad de las plataformas y, al mismo tiempo, impedir que la aparición de nuevas prácticas comerciales deje espacios sin una cobertura normativa suficientemente clara.
Esta cuestión resulta especialmente relevante en un entorno en el que las obligaciones de las grandes compañías tecnológicas se encuentran repartidas entre diferentes instrumentos legislativos comunitarios. La futura DFA deberá determinar cómo encajan las nuevas exigencias dentro de ese marco y qué aspectos necesitan una intervención adicional para garantizar una protección efectiva de los consumidores. En este contexto, España, Dinamarca y Portugal reclaman a Bruselas una propuesta que combine la protección de los usuarios con la seguridad jurídica de los operadores económicos. La intención es que las nuevas obligaciones puedan aplicarse de manera efectiva sin imponer cargas innecesarias ni reproducir requisitos que ya estén contemplados en otras disposiciones.
"Hacemos un llamamiento a la Comisión Europea para que presente una DFA ambiciosa y eficaz que proteja la autonomía de los consumidores, garantice unos mercados digitales justos y genere la confianza del consumidor que sustenta la competitividad de Europa", concluye el documento.