La agenda digital de los socialistas europeos tiene esta legislatura una prioridad marcada en rojo: la denominada Ley de Equidad Digital que la Comisión Europea presentará la próxima semana. El grupo lleva años presionando para sacar adelante una iniciativa que pretende corregir el desequilibrio de poder entre las grandes tecnológicas y los consumidores. El objetivo es combatir las prácticas comerciales desleales que, según sus estimaciones, cuestan a los usuarios cerca de 8.000 millones de euros.
Los informes que manejan los socialistas apuntan a que el 97% de las aplicaciones y páginas web más populares contienen "trucos" diseñados para manipular las decisiones de los usuarios. Entre ellos figuran rutas de clic deliberadamente largas, lenguaje engañoso o procesos de suscripción desproporcionadamente complejos. Se trata de mecanismos que dificultan determinadas decisiones de los consumidores, especialmente cuando quieren cancelar un servicio o abandonar una plataforma.
La propuesta pasa por prohibir de forma generalizada los denominados patrones oscuros mediante una actualización de la directiva sobre prácticas comerciales desleales. A ello se sumaría el veto a las llamadas "trampas de suscripción digital" y a las renovaciones automáticas ocultas. Los legisladores también defienden que el texto que finalmente adopte el Colegio de Comisarios garantice el derecho de los consumidores a disponer de una asistencia humana accesible y eficaz a la hora de resolver disputas o rescindir contratos.
El freno a los mecanismos de adicción digital
La intervención legislativa que reclaman los socialistas no se limita a las prácticas comerciales. Los datos que manejan apuntan también a que uno de cada cuatro niños y jóvenes experimenta patrones de conducta adictivos como consecuencia de interfaces diseñadas para retener su atención. Una preocupación que el grupo extiende igualmente a los adultos, ante el impacto que estos mecanismos pueden tener sobre sus hábitos de consumo digital.
La coordinadora socialista en el Comité de Mercado Interior del Parlamento Europeo, Laura Ballarín, defiende que la futura normativa blinde la seguridad "por diseño y por defecto". Esto implicaría obligar a las plataformas a desactivar de forma predeterminada determinadas funciones de neuromarketing, como la reproducción automática de contenidos, el desplazamiento infinito de pantalla (scroll infinito), las notificaciones push, las rachas o las recompensas artificiales.
Otra de las propuestas pasa por introducir avisos obligatorios sobre el tiempo de pantalla, acompañados de límites temporales en determinados supuestos. Ballarín sostiene que la protección frente a estos mecanismos no debería circunscribirse a los menores. "Los adultos también necesitan cinturones de seguridad, límites de velocidad y airbags porque el producto actual es inseguro", ejemplifica la eurodiputada.
Contra los precios ocultos y las subidas durante la compra
La apuesta socialista para la futura ley también alcanza a las prácticas comerciales relacionadas con la fijación de precios. El grupo reclama a la Comisión Europea que intervenga frente a los cambios constantes de tarifas, los costes ocultos que aparecen durante el proceso de pago o los incrementos desproporcionados en determinados eventos culturales y servicios de transporte.
Durante sus interlocuciones con el Ejecutivo comunitario para la elaboración de la propuesta, Ballarín ha defendido la transparencia total y la prohibición del denominado drip pricing. Esta práctica consiste en mostrar inicialmente un precio inferior al que finalmente debe abonar el consumidor, al que se van incorporando costes adicionales a medida que avanza el proceso de compra. La intención es que el precio final obligatorio aparezca desde el primer momento, sin recargos inesperados al llegar a la pantalla de pago.
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Los socialistas también quieren prohibir cualquier incremento del precio una vez iniciado el proceso de compra, incluso después de haber añadido el producto a la cesta. A esta medida se sumaría la limitación de los precios dinámicos basados en la demanda en sectores como el transporte, los eventos culturales y los espectáculos en directo.
El grupo pretende intervenir igualmente sobre el encarecimiento de los servicios en situaciones de crisis y emergencia, así como sobre los sistemas de fijación de precios basados en datos sensibles de los usuarios. El objetivo es evitar que la información personal o las circunstancias particulares de cada consumidor se conviertan en una herramienta para incrementar el coste de un mismo producto o servicio.
Las entradas de conciertos, en el punto de mira
Uno de los ámbitos en los que los socialistas quieren introducir mayores restricciones es el de la reventa de entradas. Su propuesta pasa por prohibir a escala comunitaria la comercialización de localidades por encima de su valor nominal original y establecer controles más estrictos sobre el uso de bots para realizar compras masivas.
La iniciativa busca intervenir en un mercado en el que la combinación de la reventa automatizada, la escasez de entradas y los incrementos de precios puede terminar dificultando el acceso de los consumidores a determinados espectáculos. Ballarín reivindica que los eventos deportivos y los conciertos "no deberían ser solo para ricos", en un momento en el que, a su juicio, "se están convirtiendo en un lujo".
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La eurodiputada extiende también este planteamiento a los servicios de vehículos de transporte con conductor (VTC), sobre los que reclama mayores garantías frente a la personalización de tarifas. En este sentido, defiende que el precio "debería costar lo mismo independientemente de tu origen, tus datos o la batería que le quede a tu móvil".
El dilema de los videjouegos
El sector del videojuego también formará parte del perímetro de la futura regulación. Los socialistas quieren evitar que la Comisión Europea rebaje la ambición de la iniciativa en ámbitos como los mecanismos de azar y la opacidad que generan las monedas virtuales, que pueden terminar ocultando el gasto real de los jugadores.
Entre sus propuestas figura la obligación de que las plataformas muestren los precios de las compras internas en moneda real, en lugar de recurrir exclusivamente a divisas virtuales que dificultan conocer cuánto dinero se está gastando. También plantean prohibir las denominadas loot boxes —cajas de recompensa cuyo contenido se desconoce hasta el momento de la compra—, los mecanismos de pay to win y otras funciones similares vinculadas a las apuestas.
El grupo considera que estas prácticas no deben abordarse exclusivamente desde la perspectiva de la protección de los menores. "La mayoría de los jugadores no son niños, sino adultos", explican desde el entorno socialista, que reclama que la futura regulación tenga en cuenta el conjunto del mercado.
Los influencers también tendrán que rendir cuentas
La responsabilidad de las plataformas y los operadores digitales se extendería también a un colectivo que todavía carece de una regulación específica armonizada a escala europea: los influencers. Aunque algunos Estados miembros, como Francia, ya han comenzado a intervenir sobre esta actividad, los socialistas quieren que Bruselas establezca obligaciones comunes para el conjunto de la Unión.
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Los datos que manejan apuntan a que únicamente el 20% de los creadores de contenido declara de manera sistemática cuándo una publicación tiene carácter comercial o está patrocinada. Ante esta situación, el grupo de Iratxe García reclama que la futura ley establezca la obligación de identificar los patrocinios y contemple la responsabilidad legal personal de los influencers cuando promocionen productos ilegales o fraudulentos. Ballarín considera, no obstante, que las obligaciones no deben recaer únicamente sobre quienes publican los contenidos. La eurodiputada pide que la Comisión siga también el rastro de las empresas que financian estas campañas. "Hay que seguir el dinero", sostiene. "Las marcas y las agencias también deben rendir cuentas", sentencia desde el Parlamento Europeo.
La personalización, otra frontera regulatoria
El último de los grandes ámbitos sobre los que los socialistas quieren intervenir es el de la personalización de los servicios digitales. El grupo advierte de que determinados sistemas pueden aprovechar las vulnerabilidades emocionales de los usuarios para orientar sus decisiones de consumo. Entre los ejemplos que señalan figuran las plataformas de citas y las aplicaciones de apuestas, que pueden utilizar información personal para adaptar sus ofertas y estímulos.
Ante este escenario, reclaman a la Comisión Europea que establezca la no personalización como configuración predeterminada en todos los servicios digitales. La propuesta se completaría con la extensión de las restricciones a la publicidad dirigida a todos los comerciantes digitales, más allá de las grandes plataformas que ya están sujetas a las obligaciones de la Ley de Servicios Digitales (DSA).
La intención de los socialistas es que la futura Ley de Equidad Digital no se limite a actualizar las obligaciones de las grandes tecnológicas, sino que extienda las garantías de protección al conjunto del mercado digital. Una intervención que pretende abarcar desde la forma en la que se presentan los precios y se contratan las suscripciones hasta los mecanismos de recomendación, la publicidad y la comercialización de contenidos digitales.