La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha remarcado que la recién aprobada Ley vasca de Transparencia “consolida un modelo de gobierno abierto basado en los claros principios de la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas y la participación ciudadana”. La norma ha salido adelante en el pleno del Parlamento Vasco con el respaldo del PNV y del PSE-EE, socios en el Ejecutivo, y el voto en contra del resto de grupos de la oposición.
En una comparecencia posterior a la votación, Ubarretxena ha valorado que “Euskadi da un paso más y se sitúa en una posición de referencia en materia de transparencia y de buen gobierno”. A partir de ahora, el derecho de acceso a la información pública será “exigible”, de manera que todas las entidades que gestionen fondos o servicios públicos “deberán rendir cuentas sobre el uso de esos recursos públicos”.
La consejera ha explicado que los grupos de interés deberán operar con normas precisas y plena transparencia sobre “con quién se reúnen y qué intereses representan”, mientras que el Gobierno asumirá la “obligación de informar periódicamente” del grado de cumplimiento de sus compromisos, mediante objetivos que la ciudadanía pueda evaluar. Las instituciones estarán obligadas a difundir más información de forma proactiva, “de oficio”, con formatos más accesibles y comprensibles, sin esperar a que se les solicite.
Ubarretxena ha incidido también en que se “refuerza la protección de quienes denuncian irregularidades, garantizando su anonimato, confidencialidad y evitando cualquier tipo de represalia”. Para hacer efectiva la ley, se crea una autoridad independiente, Gardena, que supervisará el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en las administraciones y en las entidades privadas que reciben dinero público. Esta agencia contará además con un registro de 'lobbies' que permitirá conocer quién intenta influir en las decisiones públicas y en nombre de qué intereses. Su presidencia será designada por el Parlamento Vasco mediante mayoría reforzada y dispondrá de facultades sancionadoras frente a los incumplimientos.
Según ha expuesto la consejera, “este instrumento permite ejercer, de forma efectiva, un derecho fundamental, el derecho a estar informada e informado de cada paso que da la Administración, pero no sólo eso, esta ley pone también en manos de las personas que viven en Euskadi canales reales para participar activamente en la toma de decisiones públicas. No estamos ante una concesión del Gobierno, estamos ante el cumplimiento de una exigencia democrática de las personas a las que representamos”.
María Ubarretxena ha recalcado, además, que “un compromiso que asumimos con convicción, porque fortalecer la democracia no es una opción, es nuestra obligación, y lo es, aún más, en un contexto europeo y global en el que no dejan de surgir voces que cuestionan o incluso quieren debilitar la democracia”.
Desarrollo normativo y funciones de Gardena
La responsable de Gobernanza ha detallado que ahora se abre una fase de desarrollo reglamentario mediante varios decretos, para los que se fija un plazo máximo de seis meses. Entre ellos, se elaborará el decreto que apruebe los estatutos de Gardena y otro que concrete lo previsto en la ley sobre el registro de participación ciudadana y el registro de grupos de interés. Las iniciativas participativas impulsadas por la ciudadanía deberán articularse también por vía reglamentaria.
En este contexto, Gardena tendrá dos cometidos esenciales: “garantizar el acceso a la información y proteger al informante”, tareas que se definirán en detalle en sus estatutos dentro del plazo de seis meses. En relación con las personas que denuncien infracciones, Ubarretxena ha precisado que Gardena “garantizará el acceso a la información, tiene potestad sancionadora y regulatoria, y tiene las capacidades necesarias para garantizar el anonimato de las personas que denuncian las infracciones y que ejercen de lucha contra la corrupción”.
Las iniciativas ciudadanas que se presenten se regularán por decreto, donde se establecerán las condiciones para las personas promotoras, la documentación exigida, la admisión a trámite, el sistema de recogida de firmas, la posterior tramitación y, en su caso, la aprobación definitiva. Si una iniciativa fuera inadmitida por no cumplir los requisitos previstos en la normativa que se apruebe o los que se exijan a sus firmantes, podrá transformarse en una petición dirigida a la Administración, conforme a lo que marque la regulación aplicable.
En cuanto a las materias excluidas, la consejera ha enumerado que la participación ciudadana “no podrá plantear asuntos que sean contrarios al ordenamiento jurídico, que no sean competencia de la Comunidad Autónoma de Euskadi y que cuestionen la dignidad de la persona, los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidos por el ordenamiento jurídico vigente”. También ha aclarado que las iniciativas no podrán versar sobre la organización institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi ni sobre los recursos de su Hacienda pública. “Todo lo que no esté ahí, sería válido”, ha concluido.
Esfuerzo para la clase política y aportaciones de la oposición
Ubarretxena ha admitido ser “consciente” de que la puesta en marcha de la nueva ley exigirá “esfuerzos añadidos” a los cargos públicos y que, “en ocasiones, quizá, incomodidades”, pero ha defendido que “bienvenidos sean esos esfuerzos y esas incomodidades, porque nos obligarán a ser mucho más autoexigentes, más rigurosos y mejores servidores públicos”.
Aunque la norma ha sido aprobada únicamente con el apoyo del Gobierno Vasco (PNV-PSE-EE), la consejera ha insistido en que la ley “no es sólo la propuesta del PNV y el PSE-EE”, ya que “es un texto mejorado, con aportaciones relevantes, de otros grupos parlamentarios, como EH Bildu, Partido Popular o Sumar”. Durante la tramitación se han incorporado 47 enmiendas que, según ha destacado, han enriquecido de forma notable el proyecto inicial, de modo que “por tanto, la ley también es suya”.
Para finalizar, Ubarretxena ha reconocido que “el camino hasta aquí no ha sido sencillo, ha sido un proceso largo y con dificultades, pero ha merecido la pena, porque estamos convencidas de que esta ley contribuirá a construir instituciones mucho más transparentes y más responsables, y, sobre todo, ayudará a reforzar lo más importante, la confianza de la ciudadanía para con lo público”.