El PPdeG ha reiterado su petición al Gobierno central para que paralice la reforma del Reglamento General de Costas y abra un mayor espacio de diálogo con las comunidades autónomas, mientras que el PSdeG ha defendido que la modificación normativa “adapta procedimientos para cumplir el derecho europeo”.
Durante la defensa de una proposición no de ley del Grupo Popular, el diputado Gonzalo Trenor reclamó al Ejecutivo de Pedro Sánchez la convocatoria de la Conferencia Sectorial con el fin de abordar la revisión de esta regulación y asegurar la protección de los actuales derechos concesionales de propiedad.
Entre reproches de “sectario” y “machista” al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el parlamentario del PP calificó de “profundamente preocupante e inaceptable” que el Gobierno pretenda “introducir modificaciones reglamentarias de calado” sin la “participación de las comunidades”. Por ello, reclamó una revisión “ordenada y transparente de la ley”, con debate en el Parlamento, intervención de las autonomías y la convocatoria “inmediata” de una conferencia sectorial que “permita abrir un proceso de diálogo”.
“ADAPTA LA NORMATIVA”
En respuesta, Carlos López Font (PSdeG) censuró que la Xunta “intente convertir un problema jurídico heredado en una confrontación política con el Gobierno de España” y defendió que el Ejecutivo “adapta la normativa española a las exigencias del derecho europeo” para, ha añadido, “evitar incumplimientos que podrían acarrear sanciones y una mayor inseguridad jurídica”.
El socialista, que avanzó el voto en contra de su grupo, subrayó que el Ministerio “no actúa por voluntad discrecional”, sino para “garantizar el cumplimiento del derecho europeo”. “Se clarifican criterios, se alinean con la normativa europea y se evitan litigios futuros. La verdadera inseguridad jurídica es la que ustedes proponen”, remarcó.
Posteriormente, Luís Bará (BNG) acusó al PP de “utilizar con falsa bandera a la costa al servicio del interés ajenos” y les instó a recuperar el texto original de la PNL, después de que el Grupo Popular registrase una autoenmienda este lunes.
“Si presentan la propuesta original, de hace un mes, el BNG no tiene ningún problema en votar a favor, asumiendo tres cuestiones: que las concesiones tienen que hacerse mediante procedimiento de concurrencia; que la concesión tenga una duración limitada; que no todas las instalaciones y actividades que están en dominio público tienen que estar ahí”, señaló, antes de reprochar al PP que “cuando hablan de seguridad jurídica, hablan de la seguridad de Ence y su permanencia en la ría”.
INICIATIVA REGISTRADA
El texto finalmente presentado por el Grupo Popular, tras introducir la autoenmienda, pide mostrar el “apoyo expreso” a la decisión de la Xunta de trasladar a la Comisión Europea la “realidad diferencial del litoral gallego” y los “previsibles impactos de la reforma del Reglamento general de Costas en Galicia con el objetivo de “defender los intereses” de la Comunidad y promover soluciones “compatibles con la preservación ambiental, la actividad económica sostenible, la seguridad jurídica y la cohesión territorial”.
Además, solicita que el Parlamento inste a la Xunta a requerir al Gobierno central la suspensión de la tramitación de la reforma y la apertura de “un proceso de diálogo institucional real” con las comunidades y los ayuntamientos costeros, así como con los sectores económicos afectados.
La iniciativa demanda igualmente la convocatoria de la Conferencia Sectorial para debatir la revisión de la normativa, la garantía de los derechos concesionales y de propiedad vigentes, el mantenimiento del régimen actual de prórrogas y concesiones hasta que exista un nuevo marco “consensuado” y la inclusión en la reforma de un análisis específico del impacto económico, social y territorial que los cambios “tendrían sobre Galicia y la cadena mar-industria”.
Asimismo, la propuesta del PP, que se votará este miércoles y previsiblemente saldrá adelante con el respaldo de los populares y del diputado de Democracia Ourensana, reclama al Ejecutivo central “respetar las competencias asumidas por Galicia en materia de ordenación y gestión integrada del litoral” y atender las alegaciones presentadas por la Xunta, las cofradías y las organizaciones empresariales implicadas.
“TRANSPARENCIA” DE CASA 47
En otro punto del pleno de este martes, el Grupo Popular defendió una proposición no de ley para exigir al Gobierno “transparencia” respecto al programa de la sociedad pública Casa 47.
El diputado Moisés Rodríguez (PPdeG) acusó al Ejecutivo de coalición de “opacidad” y “falta de transparencia”, y criticó que los “ingresos netos necesarios para acceder a una vivienda son de entre 2.700 y 3.000 euros”. Explicó que la iniciativa reclama “transparencia, control público y protección permanente de la vivienda construida sobre suelo público”. “Necesitamos claridad sobre los criterios de adjudicación”, insistió, subrayando que Galicia requiere “más suelo desarrollado, más vivienda pública, más colaboración institucional y más rigor”.
En réplica, el socialista Aitor Bouza defendió la “transparencia” y la publicación de todos los requisitos para optar a una vivienda de Casa 47, animando al diputado popular a consultarlos directamente en la web de la sociedad. También afirmó que “no es cierto” que los ingresos exigidos “estén por encima del salario medio” y recalcó que la protección de estas viviendas es “permanente”.
Por su parte, Saleta Chao (BNG) acusó al PP de tener “pocos escrúpulos” por volver a llevar al Pleno una cuestión que, recordó, “ya se llevó a la Comisión 2ª en febrero”. A la vez, arremetió contra la política de vivienda de la Xunta, a la que acusó de “echar balones fuera”. “¿Sabe cuántas viviendas públicas han acabado? 171. Aire, aire y más aire”, reprochó.