PSIB, MÉS per Mallorca y el diputado no adscrito Agustín Buades han expresado su rechazo a la "prioridad nacional" impulsada por Vox, tal y como han explicado ante los medios tras reunirse con la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández. El objetivo del encuentro era concretar propuestas sociales para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán.
Los representantes parlamentarios han indicado este lunes que han trasladado al Govern un conjunto de propuestas alternativas. Esta cita ha sido la primera de una serie de reuniones previstas con los grupos de la Cámara autonómica para intentar cerrar un acuerdo sobre las medidas a aplicar.
En la reunión también han tomado parte la diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, y el parlamentario de Unidas Podemos, José María García. Vox no ha acudido por problemas de agenda y la consellera tiene previsto contactar con la portavoz en el Parlament, Manuela Cañadas.
La consellera de Bienestar Social ha remarcado la relevancia de mantener abiertos los cauces de diálogo con todas las formaciones con representación institucional, con el fin de articular una respuesta "coordinada, eficaz y ajustada a la realidad de las Islas".
"Es fundamental compartir información y trabajar desde el consenso para anticiparnos a cualquier impacto y proteger a las personas y familias que puedan verse más afectadas", ha señalado.
Fernández ha avanzado, además, que el Govern presentará en breve un paquete de actuaciones sociales "de aplicación inmediata", que se adaptará a la evolución del contexto y a las necesidades de la ciudadanía.
El PSIB ve complicado el acuerdo por la prioridad nacional
La diputada del PSIB Amanda Fernández ha apuntado que la cuestión de la prioridad nacional "pone muy difícil llegar a un consenso", ha señalado.
Ha recordado que la semana pasada se lograron pactar medidas económicas para apoyar a sectores dañados como el transporte, el taxi o los autónomos, pero que "faltaba la parte social". Asimismo, ha advertido de que es un "peligro" si el PP "acaba sometiéndose a las obsesiones xenófobas de Vox".
En esta línea, ha presentado un bloque de iniciativas para reforzar un escudo social centrado en las personas y familias más vulnerables. Entre ellas figura la declaración de Baleares como zona tensionada y el incremento de la renta social garantizada un 11,4 por ciento en 2026, sumado a un 15 por ciento adicional durante los tres primeros meses.
También ha reclamado una bonificación del 100 por ciento para las matrículas de jóvenes en la Universitat de les Illes Balears (UIB), el Conservatorio Superior de Música de Baleares (Csmib) y la Escuela Superior de Diseño de Baleares, de cara al curso 2026-2027.
Otra de las peticiones es suprimir el copago en los centros de día y en los servicios de ayuda a domicilio, así como aprobar dos pagos extraordinarios para las personas beneficiarias del Bono Social Térmico y mantener los actuales requisitos de acceso a estas ayudas, rechazando la iniciativa de PP y Vox de introducir criterios de residencia de tres o cinco años.
La diputada socialista plantea además ayudas adicionales para trabajadores fijos discontinuos y complementos a las prestaciones por desempleo, con el fin de compensar la pérdida de poder adquisitivo.
Por otro lado, la parlamentaria de MÉS per Mallorca, Marta Carrió, ha afirmado que la exigencia de Vox sirve para "generar pobreza" y "problemas de convivencia". "Va en contra de las propuestas de MÉS", ha añadido.
Carrió ha pedido a la consellera que active un paquete de apoyo específico para las familias. "Es el momento de aumentar las prestaciones, aumentar las ayudas a las personas dependientes, suplir temas de conciliación, aumentar las becas a estudiantes", ha pormenorizado.
Asimismo, Buades ha instado a la consellera a implantar una suspensión cautelar del "privilegio nacional" al considerar que la medida es perjudicial en un momento en el que Baleares atraviesa "una crisis humanitaria".
Durante la reunión, ha reclamado a la consellera que impulse medidas para proteger a los autónomos del impacto de la crisis, además de actuaciones para facilitar el acceso de las familias a los comedores escolares y reforzar las ayudas a la conciliación.
El PP pide prudencia y negociación
El portavoz de los Servicios Sociales del PP en el Parlament, Pedro Álvarez, que también ha participado en el encuentro, ha defendido la conveniencia de "adoptar una postura de prudencia y de diálogo" ante las propuestas planteadas, y ha indicado, en relación al rechazo del resto de grupos a la "prioridad nacional", que el Govern debe negociar y pactar las iniciativas.
Ha sostenido que la consellera de Servicios Sociales ha actuado con "buena voluntad" al convocar la reunión para buscar puntos de encuentro, pero ha reprochado que se hayan difundido planteamientos de manera unilateral a la opinión pública sin un acuerdo previo.
En esta línea, ha reclamado estudiar las propuestas "con calma y tranquilidad" para determinar cuáles son las opciones más adecuadas para la población, y ha señalado que algunas de las medidas no se habían abordado con anterioridad y deberán ser objeto de negociación.