La organización Amnistía Internacional (AI) ha reclamado este jueves que se abra una investigación para determinar si constituyen “crímenes de guerra” la “destrucción deliberada” de casas de población civil en el sur de Siria atribuida al Ejército israelí desde diciembre de 2024, fecha en la que cayó el régimen de Bashar al Assad. Al mismo tiempo, ha recordado la “obligación” de Israel de proporcionar reparación por estas “graves” vulneraciones del Derecho Internacional Humanitario.
“Hay que investigar como crímenes de guerra la destrucción deliberada por el Ejército israelí de viviendas civiles en la gobernación de Quneitra, en el sur de Siria, desde diciembre de 2024, sin que existiera una necesidad militar imperiosa”, ha reivindicado AI en un comunicado, en el que subraya que Israel debe ofrecer una compensación “acorde a los daños concretos que han sufrido las víctimas”.
En ese texto, la ONG sitúa el inicio de los hechos a comienzos de diciembre de 2024, tras la caída de Bashar al Assad, cuando las fuerzas israelíes cruzaron desde los Altos del Golán, ocupados por Israel desde 1967, hacia tres pueblos dentro de la zona desmilitarizada de la ONU, “asaltando viviendas y ordenando a los residentes que se marcharan”.
Durante los seis meses posteriores, AI atribuye a los militares israelíes la destrucción o el deterioro de, al menos, 23 edificaciones en tres localidades que, según los testigos citados por la organización, “eran sus casas y las de sus vecinos”, lo que provocó el “desplazamiento de familias enteras”.
“La destrucción ilegal de bienes civiles se ha convertido en una característica de las operaciones militares de Israel en la región, documentada en los últimos años en Gaza y Líbano, y ahora, como ha determinado nuestra investigación, también en Siria”, ha señalado la ONG, que afirma que el Ejército israelí “de forma reiterada y deliberada” ha “expulsado a familias de sus casas y luego ha destruido estas”, en clara infracción del Derecho Internacional Humanitario.
La directora regional adjunta para Oriente Próximo y el Norte de África de Amnistía Internacional, Kristine Beckerle, ha recalcado que “no cabe esgrimir la protección de la frontera de Israel para justificar la demolición y voladura de viviendas y pueblos en el territorio de otro país”. Ha añadido que en el sur de Siria “las familias han sobrevivido a una década de conflicto”, en la que “muchas de ellas han reconstruido sus casas solo para ver que son derribadas una vez más, sin que exista ninguna necesidad militar imperiosa”.
AI afirma haber localizado nueve bases militares levantadas por las fuerzas israelíes desde diciembre de 2024 en las gobernaciones de Quneitra y Deraa, en el sur de Siria y colindantes con los Altos del Golán, zona que Israel “se anexionó ilegalmente en 1981”, ampliando posteriormente las áreas bajo su control en territorio sirio.
La “línea amarilla” y la zona de separación de seguridad
Amnistía recuerda que en abril de este año el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció la creación de una “zona de separación de seguridad”, delimitada por lo que definió como la “línea amarilla”. De acuerdo con la investigación de AI, ese perímetro abarca sectores de Siria donde se documentaron “casas de civiles dañadas y destruidas”, además de partes de los Altos del Golán.
La organización subraya que el artículo 53 del IV Convenio de Ginebra prohíbe a la “potencia ocupante” destruir bienes, salvo que “tales destrucciones sean absolutamente necesarias a causa de las operaciones bélicas”. Sin embargo, denuncia que el Ejército israelí “entró en la zona desmilitarizada de la ONU en la gobernación de Quneitra desde los Altos del Golán (...) alegando que era una medida necesaria para protegerse de amenazas potenciales”.
Tras esa entrada, prosigue AI, los militares “empezaron a derribar y destruir casas pese a la ausencia de hostilidades activas”, mientras “estableció posiciones y bases militares en la zona” hasta declarar que formaba parte de una “zona de separación de seguridad”. “Se desplazó a familias y se demolieron sus casas sin que se les diera un alojamiento alternativo, una indemnización o una fecha prevista para su retorno”, ha denunciado la entidad.
Pueblos afectados: Al Hamidiya, Rasim al Rawadi y Al Rafid
Los testimonios recogidos por Amnistía detallan que, en Al Hamidiya, varias viviendas fueron derribadas con excavadoras y se destruyeron terrenos de cultivo. Una mujer, que mantiene el anonimato como el resto de testigos, relató que su marido, fallecido durante la guerra en Siria, “levantó la casa ladrillo a ladrillo”.
En Rasim al Rawadi, un vecino explicó a la organización que soldados israelíes “detuvieron a residentes durante varias horas en la escuela pública y luego ordenaron a todo el mundo que se marchara del pueblo”. Cuando las familias regresaron un mes después, “al menos tres casas sufrieron daños y dos fueron derribadas”, según su relato.
Un escenario parecido se vivió en Al Rafid, donde las tropas israelíes entraron el 20 de diciembre de 2024 y, de acuerdo con un testigo, una excavadora redujo los ladrillos de una vivienda “a arena” en cuestión de “minutos”. A estos efectivos también se les atribuye la demolición de una antigua base militar cercana que perteneció al Gobierno de Bashar al Assad.
A raíz de estas conclusiones, Beckerle ha censurado la “práctica habitual de Israel de destruir casas civiles en Gaza, el sur de Líbano y el sur de Siria”, una dinámica que, denuncia, “se viene llevando a cabo con total impunidad, y desplaza y destroza la vida de innumerables familias de toda la región”. Por ello, ha pedido a la comunidad internacional que condene de forma “inequívoca” estos hechos y que “ejerza una presión real para poner fin a estas violaciones recurrentes e impedir que se sigan devastando las vidas civiles en la región”.
“Debe exigirse que los responsables rindan cuentas de sus actos y que se indemnice a las personas afectadas”, ha concluido la responsable regional de Amnistía Internacional.