Bolivia ha llevado ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) su preocupación por las intensas protestas y huelgas que se desarrollan en La Paz y otras regiones del país contra el Gobierno y la ausencia de medidas frente a la crisis económica, al considerar que “amenazan el orden democrático” y vulneran “los derechos” de la población.
“El Estado Plurinacional de Bolivia desea alertar, con profunda preocupación, sobre una serie de hechos que amenazan gravemente el orden democrático, la institucionalidad y los derechos fundamentales de nuestro pueblo”, ha manifestado el ministro de Exteriores, Fernando Aramayo, en una videollamada con el Consejo.
El canciller ha justificado su intervención ante el organismo hemisférico señalando que “desafíos que afectan la estabilidad institucional de un Estado miembro merecen la atención y el acompañamiento de la comunidad interamericana”. En la parte final de su discurso, ha solicitado el envío de una misión internacional de embajadores de la OEA para constatar sobre el terreno la situación política y social que atraviesa Bolivia.
Respecto a la coyuntura interna, Aramayo ha indicado que las protestas “exceden el legítimo ejercicio de la protesta social y política” y buscan “generar desestabilización institucional, debilitamiento del Gobierno y alteración del orden democrático”. Frente a ello, ha subrayado que el Ejecutivo boliviano “reconoce y respeta plenamente el derecho a la protesta pacífica, la libertad de expresión y la participación política, pilares de toda sociedad democrática y valores fundamentales del sistema”.
El ministro ha puesto el foco especialmente en los bloqueos de carreteras, argumentando que las restricciones al tránsito dificultan el suministro de alimentos, combustibles, oxígeno y medicamentos, entre otros productos básicos, y suponen una “vulneración deliberada de los derechos” de la ciudadanía boliviana.
La Comunidad Andina expresa su “preocupación”
En el ámbito regional, la Comunidad Andina (CAN) ha hecho pública su “preocupación por la situación política y social” en Bolivia, llamando a que “las diferencias existentes sean encauzadas dentro del marco constitucional y democrático”.
“La Presidencia Pro Tempore (en manos de Ecuador) y la Secretaría General consideran fundamental que la actual coyuntura sea abordada mediante un diálogo político constructivo, amplio y pacífico, que permita generar consensos y preservar la estabilidad institucional, en pleno respeto del Estado de Derecho y de las autoridades democráticamente electas”, ha subrayado la organización en un comunicado.
La CAN ha alertado igualmente sobre las “acciones y hechos que vienen generando perturbaciones en el normal desarrollo de la vida institucional y en la provisión de servicios esenciales en Bolivia, en un contexto que exige responsabilidad, cautela y apego irrestricto a los cauces democráticos y constitucionales”. En esta línea, ha instado a todos los actores a “actuar con responsabilidad y prudencia, privilegiando el entendimiento, la cooperación y los mecanismos institucionales democráticos para superar la actual coyuntura”.
En las últimas semanas, las manifestaciones y cortes de vías han marcado el pulso en este país andino. No obstante, la Policía boliviana ha informado de la habilitación de un corredor que ha permitido liberar al menos 70 cisternas con gasolina y diésel que permanecían retenidas en la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Senkata, en El Alto, y que serán utilizadas para garantizar el suministro de combustible a las estaciones de servicio de La Paz y El Alto, según ha publicado el diario boliviano “La Razón”.
Las protestas continúan condicionando el escenario sociopolítico de Bolivia, donde indígenas, campesinos y sindicalistas han llegado a cercar La Paz para reclamar la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, en una crisis que ya suma cuatro fallecidos y más de un centenar de detenidos.