Colombia afronta este domingo unas elecciones presidenciales clave en las que se decidirá quién relevará a Gustavo Petro en la Casa Nariño. La contienda se ha estrechado entre el continuismo que encarna Iván Cepeda, heredero de su agenda social, y las candidaturas de derecha de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, en un clima de fuerte polarización y con el lastre del fracaso del actual Gobierno a la hora de consolidar la paz.
En el censo electoral figuran 41,1 millones de ciudadanos, incluidos los residentes en el exterior, que han podido empezar a depositar su voto durante la semana. En esta ocasión, la cita en las urnas se limita a escoger fórmula presidencial, ya que las elecciones legislativas tuvieron lugar en marzo.
Para evitar una segunda vuelta, cualquier aspirante debe rebasar el umbral del 50% de los sufragios. Cepeda es el único que, según algunos estudios demoscópicos, tendría opciones de lograrlo. En todo caso, los sondeos coinciden en situarle como favorito indiscutible para asegurar al menos su presencia en el desempate previsto para el 21 de junio.
El candidato de Pacto Histórico ha prometido dar continuidad a la agenda progresista de Petro, reforzando el papel del Estado en ámbitos como las pensiones y la sanidad, y reabriendo procesos de diálogo de paz únicamente con aquellos grupos armados que renuncien a asesinar a líderes sociales.
Las encuestas más favorables le otorgan hasta un 44% de intención de voto, mientras que las más prudentes lo colocan alrededor de diez puntos por debajo. Sin embargo, Cepeda podría verse en apuros en una eventual segunda vuelta frente a una coalición de fuerzas conservadoras.
Filósofo, veterano congresista y reconocido defensor de los Derechos Humanos, ha cimentado parte de su proyección pública en la batalla judicial contra el expresidente Álvaro Uribe por sus presuntos nexos con el paramilitarismo y el uso de falsos testigos, causa por la que Uribe fue condenado y posteriormente absuelto.
Cepeda ha intervenido en distintos procesos de paz, incluido el que culminó en 2016 con la desmovilización de las FARC, y ha logrado que se reconociera como genocidio la masacre de más de 5.700 militantes de la Unión Patriótica (UP), formación a la que pertenecía su padre antes de ser asesinado en 1994 en una trama que implicó a agentes del Estado y a grupos paramilitares.
La derecha busca aglutinar el voto
El principal rival de Cepeda en las encuestas es el autodenominado 'outsider' Abelardo de la Espriella, empresario y controvertido ultraderechista que ha ejercido como abogado de personajes polémicos como el estafador condenado David Murcia Guzmán o Alex Saab, señalado como testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
“Recuperar la fuerza por la razón o por la fuerza en el marco de la ley” es uno de los lemas centrales de su campaña. Admirador confeso del expresidente estadounidense Donald Trump y de su estrategia antidrogas, De la Espriella se alinea con otros dirigentes conservadores de la región que miran al modelo de mano dura del salvadoreño Nayib Bukele.
Entre sus propuestas figura un plan de choque para atajar la crisis humanitaria del sistema sanitario colombiano y una ofensiva frontal contra la corrupción, con la promesa de devolver “esos más de 20 millones de euros” que calcula se desvían anualmente a los bolsillos de los ciudadanos.
Bajo el rótulo independiente Defensores de la patria, algunos sondeos le sitúan entre el 30% y el 37% de los votos, mientras que otras encuestas, como las de la emisora Caracol o el diario “El Tiempo”, amplían la ventaja de Cepeda hasta los diez puntos.
La tercera aspirante en liza es la senadora Paloma Valencia, integrante de una histórica familia conservadora en la que figura el expresidente Guillermo León Valencia. La candidata del Centro Democrático, respaldada por Uribe, rondaría el 14% de los sufragios, un porcentaje insuficiente para disputar la segunda vuelta.
Al igual que De la Espriella, plantea endurecer las operaciones militares contra los grupos armados, incluso con apoyo de Estados Unidos, incrementar las penas y rechaza la justicia transicional surgida del acuerdo de paz de 2016, así como cualquier salida negociada al conflicto.
Valencia defiende una concepción tradicional de la familia, niega que el aborto sea un derecho de las mujeres y rechaza la adopción por parejas del mismo sexo, postura que reiteró públicamente ante su compañero de fórmula, Juan Daniel Oviedo, candidato abiertamente homosexual.
Su figura sigue marcada por la polémica propuesta de dividir el departamento del Cauca en dos, uno para las comunidades indígenas —a las que acusó de connivencia con las FARC—, “para que ellos hagan sus paros, sus manifestaciones y sus invasiones, y uno con vocación de desarrollo”, destinado al resto de la población.
Retos urgentes para el nuevo Gobierno
Entre las principales inquietudes del electorado destaca la crisis del sistema público de salud. A la escasez de medicamentos y de personal sanitario se añaden problemas de gestión, falta de recursos y la presión que supone la llegada de miles de venezolanos a las zonas fronterizas en busca de una atención médica que no encuentran en su país.
Petro concluirá su mandato con su ambiciosa reforma sanitaria archivada en el Congreso tras más de un año de debates. El proyecto buscaba reforzar la red de atención primaria y, sobre todo, que el Estado asumiera el control directo de los recursos, eliminando la intermediación de empresas privadas, a las que responsabiliza del mal uso de los fondos, el punto más controvertido de la iniciativa.
Junto a la salud, la corrupción y la seguridad figuran entre las mayores preocupaciones ciudadanas. Colombia continúa entre los países más violentos de la región. De acuerdo con datos oficiales, en 2025 la cifra de homicidios alcanzó su nivel más alto desde 2021, con 14.000 asesinatos. En los últimos cinco años, las organizaciones armadas han duplicado sus efectivos, con el Clan del Golfo como ejemplo más visible.
La apuesta de Petro por una “paz total” ha chocado con la realidad de que el narcotráfico sigue siendo un negocio mucho más rentable que las alternativas legales que ofrece el Estado, pese a la reducción de la pobreza, el incremento del salario mínimo y unas previsiones de crecimiento ligeramente superiores a la media regional.
El Gobierno sí ha logrado avances en materia agraria, con la formalización de 1,7 millones de hectáreas, el impulso a la sustitución de cultivos ilícitos en lugar de su erradicación forzosa y algunas de las mayores incautaciones de cocaína de los últimos años. Sin embargo, la superficie sembrada con coca se mantiene en máximos históricos.
Quien resulte elegido tendrá que intentar cumplir sus promesas en un Congreso donde el Pacto Histórico es la primera fuerza en Senado y Cámara, seguido del Centro Democrático. Este equilibrio anticipa una legislatura muy polarizada, en la que partidos tradicionales como liberales y conservadores serán determinantes para articular mayorías y posibles coaliciones de gobierno.