El Gobierno de Estados Unidos ha expresado este viernes su pesar por la decisión de la Justicia de Camboya de ratificar la pena de 27 años de prisión impuesta al dirigente opositor y activista político Kem Sokha. La condena, vigente desde 2023 por supuesta “conspiración con agentes extranjeros para desestabilizar al Estado”, es vista por Washington como un grave retroceso en materia de libertades y un lastre para la imagen exterior del país asiático.
“Estados Unidos está preocupado por la decisión de mantener la condena por traición de Kem Sokha, líder activista y de la oposición. Limitar el ejercicio de la libertad de expresión y asociación obstaculiza la posición internacional de Camboya”, ha manifestado el viceportavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un escueto comunicado.
En el mismo texto, Pigott ha recalcado que cualquier alegación que apunte a una supuesta participación estadounidense en este caso es “patentemente falsa e irresponsable”, desligando por completo a la Casa Blanca de las acusaciones sobre presuntos “complots contra el gobierno de Camboya”.
Ante este escenario, el Departamento de Estado ha pedido a las autoridades de Nom Pen que aseguren que la ciudadanía pueda ejercer sin trabas sus derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión, además de reclamar la puesta en libertad de “quienes han sido detenidos injustamente”.
La reacción de Washington se produce después de que un tribunal camboyano haya desestimado el recurso presentado por Kem Sokha, de 73 años, actualmente en arresto domiciliario. Si la sentencia se mantiene, el histórico opositor podría pasar el resto de su vida sin recuperar la libertad ni poder abandonar Camboya.
El mismo tribunal, con sede en la capital, ha rechazado igualmente las apelaciones de otros 33 activistas, sentenciados a penas que oscilan entre 18 meses y dos años de cárcel por supuestamente crear “agitación social”.
Tal y como anticipaban las organizaciones de derechos humanos, el fallo ha sido duramente cuestionado por los organismos que desde hace años denuncian una campaña de persecución política contra Kem Sokha. Entre ellos figura la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, dirigida por el austriaco Volker Turk, “extremadamente preocupado” por los veredictos.