El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado este viernes la presentación de cargos contra cuatro residentes extranjeros en el estado de Nueva Jersey, acusados de haber participado de manera irregular en comicios federales y de haber aportado datos falsos durante sus trámites para obtener la ciudadanía estadounidense.
Las imputaciones, enmarcadas en un grupo de trabajo centrado en la integridad del sistema electoral, detallan que los investigados —que carecían de nacionalidad estadounidense en el momento de los hechos— se inscribieron en el censo electoral declarando falsamente ser ciudadanos, condición imprescindible para poder votar en elecciones federales, según un comunicado difundido por el propio Departamento de Justicia.
De acuerdo con la Fiscalía, los cuatro habrían llegado a depositar su voto en distintas convocatorias electorales, incluidas elecciones presidenciales y legislativas celebradas entre 2020 y 2024, pese a no reunir los requisitos legales. Más tarde, cuando iniciaron sus solicitudes de naturalización, habrían incurrido de nuevo en irregularidades al negar bajo juramento cualquier participación previa en procesos electorales.
El fiscal federal Robert Frazer ha remarcado que los cargos “reflejan el compromiso de esta Fiscalía con la protección de la integridad de nuestro sistema electoral y con garantizar que quienes intenten eludir nuestras leyes electorales y nuestro proceso de naturalización rindan cuentas ante la justicia”.
En la misma línea, el fiscal general interino, Todd Blanche, ha señalado que la Administración del presidente Donald Trump “no tolerará que extranjeros intenten votar en (sus) elecciones sabiendo que no cumplen los requisitos”, y ha insistido en que los acusados “mintieron para registrarse como votantes y luego volvieron a mentir a las autoridades de inmigración”.
Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, ha enfatizado que “el voto de personas no ciudadanas es un delito federal, sin excepción”, asegurando que las fuerzas de seguridad seguirán actuando para que “quienes cometan tales actos no queden impunes”.
En la investigación han colaborado varias agencias federales, entre ellas el FBI, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Desde el área de Investigaciones de Seguridad Nacional, su responsable, Todd M. Lyons, ha indicado que el caso demuestra que “aún queda trabajo por hacer” en la lucha contra el fraude electoral.
Según las acusaciones, los implicados se exponen a sanciones que van desde multas y hasta un año de prisión por voto ilegal, hasta penas de hasta diez años de cárcel en los supuestos más graves relacionados con el fraude en los procedimientos de naturalización.
Las autoridades han subrayado que, por el momento, se trata de cargos formales y que los cuatro sospechosos gozan de la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine lo contrario.