El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha concluido que el protocolo que permite a Italia crear y gestionar centros de repatriación e internamiento en territorio albanés se ajusta al derecho comunitario, siempre y cuando “se respeten plenamente los derechos y las garantías individuales” de las personas migrantes.
En su análisis, el letrado europeo, cuyas conclusiones no obligan al Alto Tribunal pero suelen orientar la mayoría de sus sentencias, sostiene que la normativa de la UE no prohíbe a un Estado miembro ubicar un centro de internamiento fuera de sus fronteras. No obstante, subraya que en ese caso debe observar “todas las garantías” previstas por la Unión como si el centro estuviera en su propio territorio.
“El Abogado General considera que, en principio, el Tribunal de Justicia debería considerar que el Protocolo y la normativa italiana relativa a dicho protocolo son compatibles con el derecho de la Unión, siempre que se respeten plenamente los derechos y las garantías individuales de los migrantes previstos en el sistema europeo de asilo”, se lee en su dictamen.
Entre los derechos que deben preservarse figuran el acceso a asesoramiento jurídico, la asistencia lingüística y la posibilidad de mantener contacto con sus familias y con las autoridades competentes. También recalca la obligación de asegurar que los menores y otros colectivos vulnerables dispongan “del conjunto de garantías establecidas” en el sistema europeo de asilo, incluyendo el acceso a la sanidad y a la educación.
Las conclusiones del abogado general recuerdan igualmente que los migrantes deben poder acudir a un juez y disponer de un procedimiento ágil de revisión judicial para impedir internamientos injustificados. Además, precisan que la norma que faculta a los solicitantes de asilo a permanecer en un Estado miembro mientras se examinan sus peticiones no implica un derecho automático a ser retornados al territorio de ese Estado.
El caso que ha llevado al TJUE a abrir sus deliberaciones se originó cuando dos migrantes, previamente internados en Italia en virtud de órdenes de expulsión, fueron trasladados a un centro en Albania. Una vez allí, presentaron solicitudes de protección internacional.
Posteriormente, se dictaron nuevas órdenes de internamiento contra ambos y se remitieron al Tribunal de Apelación de Roma para su validación. Este órgano judicial se negó a confirmarlas al considerar que la normativa nacional aplicable vulneraba el Derecho de la Unión. Las autoridades italianas recurrieron entonces al Tribunal Supremo de Casación, que decidió elevar dos cuestiones prejudiciales al TJUE.
El tribunal italiano pide que se aclare si el marco jurídico de la Unión sobre el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular y sobre los procedimientos de protección internacional ampara el internamiento de solicitantes de asilo en Albania y si permite su retención en un Estado tercero distinto del Estado miembro responsable de examinar sus solicitudes.
El Gobierno de Giorgia Meloni firmó en 2023 un acuerdo con Albania por el que este país aceptaba recibir a migrantes rescatados en aguas internacionales, activando así uno de los proyectos clave de su Ejecutivo para combatir la inmigración irregular y tratar de disuadir nuevas llegadas.