El organismo de supervisión interna del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha comunicado este jueves que ha puesto en marcha una auditoría sobre cómo se gestionaron y difundieron los archivos vinculados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, después de que varias víctimas del pederasta denunciasen que sus datos personales habían sido expuestos.
“Nuestro objetivo preliminar es evaluar los procesos del Departamento de Justicia para identificar, editar y divulgar los registros en su poder según lo exigido en la ley”, ha señalado la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia (OIG) en una nota publicada en su página web.
El control se centrará en “la identificación, recopilación y producción” de la documentación relevante; en las normas y procedimientos aplicados para “editar y retener” los expedientes y en “los procesos para abordar las inquietudes” planteadas sobre su difusión pública.
Los demócratas de la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han acusado al Departamento de Justicia de ocultar documentos que relacionarían al entonces presidente, Donald Trump, con un supuesto abuso sexual de una menor, después de que la Administración se viera forzada a hacer públicos tres millones de documentos tras la entrada en vigor en noviembre de la Ley de Transparencia aprobada por el Congreso.
Entre esos materiales figura una declaración recogida por el FBI en la que se recoge el testimonio de una mujer que afirmó haber sido violada por el pedófilo cuando tenía unos 13 años, además de haber sufrido abusos sexuales por parte de Trump, quien supuestamente la golpeó en la cara mientras la obligaba a practicarle sexo oral.
En ese mismo expediente aparece también el relato no corroborado de un chófer de limusina que habría trasladado a Trump al Aeropuerto Internacional Dallas-Forth Worth en 1995 y que asegura haber escuchado al magnate hablar de Epstein, presuntamente durante una llamada telefónica, y hacer comentarios sobre “abusar de alguna chica”.
El caso Epstein y el papel de Pam Bondi
La entonces fiscal general Pam Bondi se vio obligada a dar explicaciones a mediados de febrero tras una controvertida comparecencia ante la comisión judicial de la Cámara, en la que pidió perdón a las víctimas —aunque únicamente por el daño causado por Epstein— y prometió “exigir responsabilidades” con “todo el rigor de la ley”.
“No hay evidencias de que Donald Trump haya cometido ningún delito”, defendió Bondi, calificando el interrogatorio de “ridículo” y acusando a los representantes demócratas de estar “tratando de desviar la atención” de los logros del segundo mandato del dirigente republicano.
En una sesión especialmente tensa, con varias víctimas presentes en la sala, la congresista demócrata por Washington, Pramila Jayapal, reprochó al Departamento que difundiera inicialmente sin censura los nombres de las supervivientes, a excepción de uno, junto con “numerosos archivos” que incluían “correos electrónicos, direcciones y fotografías de desnudos” de las afectadas, así como la identidad de Jane Doe, que “estuvo protegida durante décadas”.
El demócrata por Nueva York, Jerry Nadler, consideró “impactante” que no se ocultase la identidad de las víctimas mientras sí se protegía la de sus “abusadores”. “No sé si esto se debe a incompetencia o si fue deliberado y malicioso”, manifestó, subrayando además que resulta “preocupante” que las autoridades no hayan llevado a “ninguno de los perpetradores ante la justicia”.
En la misma línea, el representante demócrata por California, Ted Lieu, acusó a Bondi de haber mentido bajo juramento, al referirse a un testigo que se puso en contacto con el FBI para denunciar presuntas agresiones sexuales atribuidas a Trump, según consta en los documentos divulgados por el propio Departamento de Justicia.
“Hay más de 1.000 víctimas de trata sexual y no ha responsabilizado a ningún hombre. Qué vergüenza. Si tuviera un poco de decencia, renunciaría en cuanto concluya esta audiencia”, remachó el congresista demócrata.