El juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes ha decidido este sábado paralizar de manera provisional la aplicación de la norma aprobada por el Congreso que abría la puerta a reducir la condena impuesta al expresidente Jair Bolsonaro y a otros implicados en los hechos golpistas del 8 de enero de 2023.
El magistrado, que actúa como instructor en la causa por la que el dirigente ultraderechista fue sentenciado a 27 años y tres meses de prisión, ha atendido dos recursos presentados por partidos de izquierda que cuestionan la constitucionalidad de la ley. Estas impugnaciones deberán ser analizadas por el pleno del Supremo antes de que se adopte una resolución definitiva sobre la validez de la norma.
“La interposición sobrevenida de un recurso directo de inconstitucionalidad y, en consecuencia, la sentencia pendiente en revisión constitucional concentrada, constituye un hecho procesal nuevo y relevante que puede influir en la resolución de las solicitudes presentadas por la defensa”, ha declarado el magistrado en su auto.
Según Moraes, las peticiones de revisión de condena formuladas por los acusados al amparo de la nueva legislación quedarán en suspenso hasta que la corte se pronuncie sobre la constitucionalidad de la misma. Así, tanto Bolsonaro como el resto de sentenciados deberán aguardar antes de poder optar a una eventual rebaja de sus penas.
El llamado proyecto de ley de Dosimetría fija que las condenas por los delitos de golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho no se apliquen de forma acumulativa cuando se ejecuten en un mismo contexto. Además, contempla una reducción de entre uno y dos tercios de la pena para los delitos de tentativa de golpe de Estado o abolición cuando se cometan de forma colectiva, siempre que el condenado no haya financiado la acción ni asumido un papel de liderazgo.
La normativa favorecería a los sentenciados por la trama golpista contra el actual presidente, Lula da Silva, entre ellos el propio Jair Bolsonaro, el excomandante de la Armada Almir Garnier, el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira, el exministro de la Casa Civil Walter Braga Netto y el exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) Augusto Heleno.