La Cámara de Diputados de Italia ha dado su visto bueno a un nuevo decreto de seguridad que ha generado fuertes dudas sobre su encaje constitucional y que ha forzado al Ejecutivo de la ultraderechista Giorgia Meloni a introducir cambios de última hora en varias de sus disposiciones. Entre los puntos más discutidos figura la controvertida retribución de 615 euros destinada a quienes prioricen expedientes de repatriación voluntaria de migrantes en situación irregular.
“El Gobierno da otro paso concreto para reforzar la tutela de los ciudadanos, defender a quienes visten un uniforme y afirmar con claridad un principio simple: en Italia, la legalidad no es negociable”, ha expresado Meloni en un mensaje publicado en redes sociales.
La jefa del Gobierno italiano ha sostenido que, con la norma aprobada este viernes, el Estado dispondrá de “más instrumentos para combatir la violencia, el deterioro, las ocupaciones abusivas, la criminalidad extendida y la inmigración ilegal”. “Nosotros seguimos adelante así: con seriedad, determinación y con la voluntad de dar respuestas concretas a los italianos”, ha argüido.
El texto legal —aprobado con 162 votos favorables, 102 en contra y una abstención tras dos jornadas de debate muy tensas— no solo incorpora este incentivo económico, sino que incluye además otras disposiciones, como el refuerzo de los controles sobre armas blancas o la “detención preventiva” de hasta doce horas para personas consideradas peligrosas.
Como gesto de protesta, los diputados de la oposición han entonado el ‘Bella Ciao’ en el hemiciclo, una acción que el vice primer ministro y líder de la Liga, Matteo Salvini, ha tildado de “falta de respeto”, según ha informado la agencia de noticias Rai.
Retribución a quienes trabajen en retornos
El Consejo de Ministros se ha visto obligado a aprobar una corrección técnica para que la retribución quede supeditada “a la finalización del procedimiento administrativo” y no únicamente “a la salida del migrante”, como contemplaba la redacción inicial. Asimismo, se han suprimido las referencias al Consejo Nacional Forense (CNF) como órgano responsable de aplicar el mecanismo de pago.
Paralelamente, el Ejecutivo ha ampliado el perfil de posibles beneficiarios eliminando “el requisito de que dicha asistencia deba ser prestada exclusivamente por un abogado” e incorporando a mediadores y asociaciones que trabajan con migrantes irregulares.
Estas rectificaciones llegan después de que el presidente de la República, Sergio Mattarella, citara al subsecretario a la Presidencia del Consejo de Ministros, Alfredo Mantovano, para trasladarle su inquietud por la medida, dado que juristas y especialistas consideraban que el incentivo chocaba con los principios de independencia y autonomía de la abogacía.
El gabinete de Meloni se ha visto así forzado a introducir cambios ‘ad hoc’ en el último momento, justo antes de que este sábado venciera el plazo para la aprobación parlamentaria del decreto y después de que el propio CNF comunicara que “nunca fue informado” de que debía gestionar las retribuciones “ni antes de que se presentara ni durante su proceso parlamentario”.
“La institución insta al Parlamento a intervenir para eliminar cualquier implicación, haciendo hincapié en que las actividades previstas no entran dentro de su competencia institucional”, indicó en un comunicado la CNF, órgano de representación institucional de la abogacía italiana.
El contenido del decreto, en su formulación original, provocó un fuerte rechazo entre los colegios de abogados, que denunciaban que desvirtuaba su papel y sus funciones, “esenciales para garantizar la estructura democrática de nuestro sistema jurídico”.
“Toda persona, sea migrante o ciudadana, tiene derecho a una defensa efectiva y a un abogado que sea, y parezca ser, libre de intereses creados en las decisiones tomadas en defensa de su cliente”, indicó el OCF, órgano sindical de la abogacía italiana.