Un tribunal tunecino ha impuesto a la activista Sihem ben Sedrine una nueva pena de cinco años de cárcel por delitos de corrupción vinculados a su etapa al frente de una comisión encargada de pilotar la transición político-judicial, creada tras el derrocamiento en 2011 del régimen de Zine el Abidine ben Alí durante la llamada ‘Primavera Árabe’.
La defensora de los Derechos Humanos suma así otros cinco años de prisión por un presunto acuerdo de arbitraje y reconciliación aprobado por la Comisión para la Verdad y la Dignidad (IVD) dentro de su sistema de justicia transicional, en un expediente en el que figura también el empresario Lazhar Sta.
En agosto de 2024, ben Sedrine fue arrestada acusada de labores de “conspiración contra la seguridad estatal”, lo que la llevó a iniciar una huelga de hambre que terminó con su excarcelación en febrero de 2025. No obstante, posteriormente la Justicia la procesó por la supuesta falsificación de un informe elaborado por dicho organismo, además de por otros asuntos vinculados a su gestión al frente de la comisión.
En junio de 2026, la activista fue sentenciada a 15 años de prisión por esa presunta falsificación y a otros diez años adicionales por supuesto abuso de autoridad en dos causas más, una de ellas relacionada con el Banco Franco-Tunecino (BFT).
Según ha denunciado la ONG Amnistía Internacional, el procedimiento que desembocó en estas condenas estuvo marcado por “graves violaciones de las normas de un juicio justo”. Sihem ben Sedrine y su defensa no recibieron copia del escrito de acusación ni tuvieron acceso previo a los expedientes en su contra.
Las vistas judiciales se celebraron en un día de huelga de la abogacía y ni sus familiares, ni representantes de organizaciones civiles, ni periodistas pudieron entrar en la sala, criticando que no se ofreció ninguna explicación válida para estas restricciones.
En total, la activista afronta siete causas penales relacionadas con su papel como presidenta de la comisión. Los delitos que se le atribuyen —fraude, falsificación y abuso de poder con la intención de perjudicar los intereses de la administración— se asocian al informe final de la IVD y a sus conclusiones sobre tramas de corrupción en el sistema bancario.
Ben Sedrine, periodista y militante de 76 años, fue designada en 2014 como máxima responsable de la IVD, un órgano de rango constitucional encargado de recopilar testimonios de víctimas de torturas y otros abusos cometidos por el régimen entre 1955 y 2011.
En los últimos años se han multiplicado los arrestos y condenas contra activistas, informadores y figuras de la oposición, en un contexto que partidos opositores y colectivos de la sociedad civil califican de deriva autoritaria del presidente, Kais Saied, desde que en 2021 disolvió el Gobierno y el Parlamento y concentró en su persona todos los poderes.