Donald Trump ha pedido a los estadounidenses que acepten la expansión de los centros de datos necesarios para el uso de la inteligencia artificial, aunque su construcción acumula oposición en diferentes estados por el consumo de electricidad y agua, el impacto ambiental y el temor a que encarezcan las facturas domésticas.
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Durante un encuentro celebrado en la Casa Blanca con representantes de los sectores tecnológico y de las criptomonedas, el presidente estadounidense defendió que gobernadores y alcaldes deberían facilitar la instalación de estos complejos en sus territorios. "Si fuera gobernador o alcalde, querría esa planta en mi comunidad", afirmó Trump. El mandatario ha sostenido que los centros de datos crean numerosos puestos de empleos desde su fase inicial, durante la construcción, hasta su etapa final, además de suponer un gran caude de ingresos fiscales hacia la administración.
La intervención llega cuando los centros de datos se han convertido en un asunto político de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato, ya que tanto los candidatos demócratas, como los republicanos, han endurecido sus posiciones ante unas instalaciones que las grandes compañías tecnológicas necesitan para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial.
Siete de cada diez estadounidenses se oponen
La posición de Trump contrasta con la opinión expresada por una amplia mayoría de los ciudadanos. Una encuesta de Gallup publicada en mayo concluyó que el 71% de los estadounidenses se opone a que se construya un centro de datos de inteligencia artificial en su zona, mientras que un 48% rechaza firmemente esa posibilidad. De hecho, solo una cuarta parte de los encuestados respaldaba la instalación de uno de estos complejos cerca de su domicilio.
Por otro lado, la oposición de Trump atraviesa las principales sensibilidades políticas, aunque es más intensa entre los demócratas: el 56% se declaraba firmemente contrario, frente al 39% de los republicanos y el 48% de los independientes. De hecho, entre quienes rechazan estos proyectos, la mitad menciona su preocupación por el elevado consumo de recursos como el agua y la electricidad, seguidamente de aquellos que mencionan su preocupación por la contaminación, el ruido, la ocupación de suelo y las posibles consecuencias sobre el coste de la energía.
Los partidarios de los centros de datos utilizan argumentos similares a los expresados por Trump, como por ejemplo: dos tercios destacan los beneficios económicos y un 55% considera que pueden crear empleo, además del aumento de los ingresos fiscales.
Por qué Estados Unidos necesita más centros de datos
Los centros de datos albergan los servidores y equipos necesarios para almacenar información, prestar servicios en la nube y desarrollar herramientas de inteligencia artificial. El auge de los modelos generativos ha multiplicado la demanda de capacidad informática y ha impulsado proyectos de dimensiones mucho mayores que los construidos durante las décadas anteriores.
La Casa Blanca considera esta infraestructura una pieza estratégica para competir con China y es por ello que el plan de inteligencia artificial de la Administración Trump busca agilizar las autorizaciones de centros de datos, fábricas de semiconductores, líneas de alta tensión e instalaciones energéticas vinculadas a estos proyectos.
En julio de 2025, Trump firmó una orden para acelerar la concesión de permisos federales y facilitar la utilización de terrenos gestionados por el Gobierno. De hecho, su marco legislativo sobre inteligencia artificial, presentado en marzo de 2026, pide al Congreso que elimine obstáculos regulatorios y permita a los centros generar electricidad dentro de sus propias instalaciones, lo cual muestra el principal interés de la Casa Blanca.
De este modo, la estrategia pasa por evitar que las limitaciones de la red eléctrica frenen las inversiones tecnológicas ya que supondrían un gran retroceso para las tecnológicas.
El consumo eléctrico, en el centro de la polémica
Los centros de datos consumieron alrededor del 4,4% de toda la electricidad utilizada en Estados Unidos durante 2023, según un estudio del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley difundido por el Departamento de Energía. La proporción podría alcanzar el 11,8% al final de la década, aunque los distintos escenarios oficiales sitúan el resultado entre el 9,5% y el 15,3%. Las instalaciones necesitan suministro permanente para alimentar los servidores y energía adicional para refrigerar unos equipos que funcionan de manera ininterrumpida.
La concentración de proyectos ya está modificando la demanda en algunos estados. La Administración de Información Energética señala que el consumo eléctrico del sector comercial de Virginia aumentó en casi 30 millones de megavatios hora entre 2019 y 2025, un crecimiento relacionado principalmente con la elevada presencia de centros de datos.
Por lo tanto, el temor de los vecinos es que las inversiones necesarias para ampliar redes, centrales y líneas de transporte terminen trasladándose a los recibos domésticos, además de la preocupación en alza por el uso de agua para refrigerar los centros de datos, situados en territorios afectados por sequías o con recursos hídricos limitados.
Trump promete que las tecnológicas pagarán su energía
La Casa Blanca ha intentado responder al malestar mediante el denominado "Compromiso de Protección de los Consumidores de Electricidad": un acuerdo voluntario por el que las empresas tecnológicas y energéticas se comprometen a financiar la infraestructura necesaria para abastecer los nuevos centros de datos.
Trump amplió la iniciativa en julio con la incorporación de 23 gobernadores y 187 compañías, entre empresas eléctricas, promotores y operadores de centros. El presidente aseguró entonces que los hogares no tendrían que asumir el coste energético generado por la expansión de la inteligencia artificial.
Sin embargo, el compromiso no tiene carácter vinculante, por lo que su capacidad para contener las facturas ha despertado dudas entre organizaciones de consumidores y grupos ecologistas. El propio marco legislativo de la Casa Blanca reconoce que los usuarios residenciales no deberían pagar las infraestructuras que necesitan estos complejos.
Por otro lado, Trump mantiene que el aumento de la capacidad de generación permitirá abaratar la electricidad, pues tal y como afirmó durante la presentación del acuerdo: "no se puede luchar contra los centros de datos. Hay que aceptarlo".
Texas, Nueva York y otros estados endurecen las condiciones
La resistencia ha provocado cambios en gobiernos de distinto signo político. En Texas, el gobernador republicano Greg Abbott ordenó paralizar temporalmente nuevas autorizaciones mientras los reguladores revisan el consumo eléctrico y de agua de los proyectos.
Abbott también ha planteado retirar parte de las ventajas fiscales concedidas al sector y garantizar que los consumidores no paguen las ampliaciones de la red. La reacción resulta significativa porque Texas había competido activamente por atraer inversiones tecnológicas.
Nueva York suspendió durante un año la aprobación de grandes centros de datos para estudiar nuevas protecciones ambientales y energéticas. Arizona congeló durante tres años determinadas exenciones fiscales, mientras Illinois frenó nuevos incentivos hasta que los legisladores establezcan condiciones más estrictas.
En Pensilvania, el gobernador demócrata Josh Shapiro ha acusado a algunos promotores de presionar a los pequeños municipios para acelerar proyectos que carecen de financiación, electricidad disponible o clientes confirmados. Su Administración contabiliza informaciones sobre más de un centenar de propuestas en el estado.
Las controversias también afectan a suelo agrícola, montes y pequeñas localidades. Los residentes denuncian el ruido constante de los sistemas de refrigeración, el funcionamiento de generadores diésel de emergencia y la transformación de zonas rurales mediante complejos que pueden superar el tamaño de estadios o fábricas.
Un asunto electoral para demócratas y republicanos
La oposición a los centros de datos ha generado coaliciones poco habituales entre agricultores conservadores, asociaciones vecinales, ecologistas y organizaciones vinculadas a la izquierda. El rechazo ha llevado a candidatos de ambos partidos a reclamar que los promotores paguen sus propias infraestructuras, reduzcan el consumo de agua y aporten más información sobre sus operaciones.
Trump se desmarca de esa cautela y presenta los centros como una oportunidad económica y una necesidad estratégica. Su argumento combina la competencia tecnológica con China, la creación de empleo y la recaudación fiscal, pero la encuesta de Gallup muestra que los beneficios nacionales de la inteligencia artificial no han disipado las reservas locales.
La disputa se trasladará a las elecciones de noviembre. Mientras la Casa Blanca acelera permisos y busca nuevas fuentes de energía, los gobiernos estatales y municipales conservan competencias esenciales sobre el uso del suelo, las licencias locales, el agua y la conexión de los proyectos a la red.