El Gobierno británico ha hecho públicos varios documentos sobre la designación en 2001 del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor como enviado especial para el comercio, de los que se desprende que no se realizaron comprobaciones internas ni auditorías formales para detectar posibles conflictos de interés o riesgos para la reputación del país.
“No hemos encontrado pruebas de que se haya llevado a cabo un proceso formal de diligencias debidas o de verificación de antecedentes. Tampoco hay pruebas de que se haya considerado dicha posibilidad”, ha indicado el ministro de Comercio y Seguridad Económica, Chris Bryant, en un comunicado remitido al Parlamento.
En su explicación, Bryant ha señalado que aquel nombramiento “representaba una continuación de la participación de la Familia Real en la promoción del comercio y la inversión tras la decisión del duque de Kent de renunciar a sus funciones como vicepresidente de British Trade International, organización gubernamental responsable de promover el comercio internacional y la inversión extranjera”.
El responsable de Comercio ha precisado que la publicación de estos documentos responde a una petición formulada por diputados el pasado mes de febrero, con el objetivo de aclarar los motivos que llevaron a situar al expríncipe Andrés en ese puesto, en un contexto marcado por las investigaciones sobre sus vínculos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.
“Identificar los documentos históricos solicitados por la Cámara no ha sido una tarea sencilla. Hace 25 años, los departamentos gubernamentales utilizaban principalmente sistemas de archivo en papel. Hemos tenido que localizar archivos que pudieran contener información relevante, recuperarlos del archivo y realizar búsquedas manuales”, ha detallado el ministro, aludiendo a las dificultades para reconstruir el expediente.
Según ha añadido, buena parte de los papeles difundidos han sido revisados y parcialmente censurados “para eliminar información personal” y cualquier dato que pudiera dañar las relaciones exteriores de Reino Unido. “Hemos consultado con la Policía para garantizar que la divulgación de esta información no perjudique su investigación”, ha expresado Bryant, en referencia a las pesquisas abiertas sobre el caso.
Asimismo, el ministro ha indicado que también se ha suprimido del lote documental información relativa a “comunicaciones con la Realeza”. “Puedo asegurar a la Cámara que hemos actuado con la máxima transparencia”, ha precisado, defendiendo la actuación del Ejecutivo en este proceso.
Entre los textos difundidos figura un documento que apunta a que la difunta reina Isabel II pidió expresamente que Andrés Mountbatten-Windsor fuera designado como enviado comercial del Reino Unido, según se desprende de una carta firmada por el director ejecutivo de British Trade International.
El expríncipe Andrés fue arrestado en su residencia de Sandringham a finales de febrero por presunta mala conducta en un cargo público, una detención que tuvo lugar pocas semanas después de que la Casa Real británica iniciara el procedimiento formal para retirarle sus títulos oficiales.
El antiguo miembro de la Familia Real fue además desalojado de la mansión en la que vivía en Windsor, al oeste de Londres, una medida que el entorno real defendió como “necesaria” pese a que él seguía rechazando las acusaciones y a que en octubre de 2025 renunció a sus dignidades, incluido el título de duque de York.