Un tribunal de Túnez ha dictado una nueva pena de 20 años de prisión contra el dirigente del partido islamista moderado Ennahda, Rachid Ghanuchi, esta vez por cargos de “conspiración contra el Estado”. Esta resolución se añade a otras sentencias emitidas en los últimos años contra quien presidía el Parlamento tunecino cuando el presidente, Kais Saied, se hizo con todos los poderes en 2021.
La misma pena ha sido impuesta a otros dirigentes destacados de Ennahda, entre ellos Yusef Nuri y Ahmed Mejri, además del exministro de Exteriores Rafiq Abdesalem, que permanece fuera del país, según ha informado el diario tunecino “Business News”.
El procedimiento judicial está relacionado con un encuentro celebrado por el partido opositor durante el mes de Ramadán de 2023, ocasión en la que Ghanuchi, de 84 años y en prisión desde 2023, denunció la creciente “exclusión política” en el país magrebí bajo el mandato de Saied.
Las sentencias han sido rechazadas por Ennahda, que ha calificado el proceso de “juicio cruel” basado en “un vídeo manipulado”. En un comunicado difundido en redes sociales, la formación ha denunciado que el caso ha supuesto “pisotear los derechos constitucionales, esencialmente la libertad de expresión”, de los acusados.
En esta línea, el partido ha acusado a las autoridades de recurrir a la legislación antiterrorista para perseguir a “opositores políticos” y restringir la libertad de expresión, así como para “intimidar a ciudadanos y encubrir la creciente incapacidad de abordar la situación económica y social”.
Ante esta situación, Ennahda ha exigido la puesta en libertad de Ghanuchi. La formación, junto a otros grupos opositores y organizaciones de la sociedad civil, responsabiliza al presidente de una deriva autoritaria desde que en 2021 disolvió el Gobierno y el Parlamento y asumió la totalidad de las competencias.
La oposición, articulada en gran medida en torno al Frente de Salvación Nacional (FSN), ha denunciado las actuaciones del jefe del Estado y ha reclamado su renuncia, especialmente a raíz de la oleada de arrestos de opositores, activistas y periodistas, así como por las bajas tasas de participación registradas en el referéndum constitucional y en las sucesivas elecciones celebradas en Túnez desde entonces.