El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) salió este martes en defensa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de que uno de sus agentes disparara el domingo en el torso a una persona migrante en Austin (Texas), causándole heridas de extrema gravedad.
En una serie de mensajes en redes sociales, el DHS cargó contra algunos medios de comunicación y contra cargos públicos favorables a las políticas de 'santuario' —que restringen la colaboración entre autoridades locales y federales—, a quienes acusó de "no haber perdido tiempo en difundir mentiras" sobre lo ocurrido. El departamento recalcó que "ninguna campaña de difamación ni narrativa falsa impedirá que el ICE cumpla con su labor de detener a inmigrantes indocumentados" y publicó varios desmentidos sobre afirmaciones que no atribuyó a ninguna fuente concreta.
En ese hilo, el organismo dirigido por Markwayne Mullin sostuvo que la víctima, identificada como Wilber Rafael Garcés Pérez, venezolano de 28 años, "fue objeto de una parada vehicular específica" y negó que se tratara de una intervención "indiscriminada". Afirmó además que "el factor que convierte a alguien en objetivo de las autoridades migratorias es si se encuentra o no ilegalmente en Estados Unidos".
El DHS también acusó al joven de protagonizar un "peligroso intento de evadir el arresto". Según el departamento, "resistirse a los agentes y evadir la detención supone un peligro para nuestros agentes, para los inmigrantes indocumentados y para el público en general". Seguridad Nacional recordó que sus efectivos se han visto implicados en varios tiroteos en 2026, con civiles heridos y fallecidos por disparos de agentes federales.
En la misma línea, el organismo advirtió: "Recordamos a la ciudadanía que resistirse a los agentes y evadir la detención constituye un delito grave y un delito federal", e instó a los responsables de jurisdicciones consideradas 'santuario' a "dejar de fomentar este comportamiento peligroso que pone en riesgo a nuestros agentes y al público".
El departamento señaló directamente a varios representantes demócratas: los congresistas neoyorquinos Alexandra Ocasio-Cortez y Dan Goldman, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador de California, Gavin Newsom, a quienes responsabilizó de alentar actitudes que, a su juicio, dificultan la actuación migratoria.
En relación con la atención médica prestada al herido, Seguridad Nacional negó haberse opuesto a la extracción de la bala o a que se le suministraran analgésicos, así como haberle impedido dormir en una cama, extremos que el propio Garcés Pérez había denunciado a través de declaraciones difundidas por su abogada en una comparecencia ante la prensa.
El DHS argumentó igualmente que el joven no disponía de un permiso de trabajo en vigor y subrayó que, aunque lo tuviera, "un permiso de trabajo NO otorga estatus legal". "El inmigrante indocumentado no tenía un permiso de trabajo válido ni estatus de protección, y contaba con una orden definitiva de expulsión emitida por un juez de inmigración", añadió el organismo.
Un juez frena temporalmente la expulsión
Mientras tanto, un juez federal ha paralizado la deportación de Garcés Pérez, según informó su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, en una publicación en redes sociales. La letrada precisó que el magistrado ha ordenado que el venezolano esté presente en la primera vista del caso, fijada para el miércoles 30 de septiembre.
Lincoln-Goldfinch explicó que su cliente continúa con "mucho dolor" y mantiene la bala alojada en el cuerpo. Detalló en otro hilo que fue trasladado del hospital a un centro de detención "horas después de recibir el disparo". "Wilber afirma que, durante ese traslado, le esposaron, le pusieron grilletes en los tobillos, le colocaron una cadena en la cintura y le trataron con dureza", relató la abogada.
Según su defensa, tras haber recibido morfina en el hospital, las autoridades federales solo le han administrado paracetamol e ibuprofeno y permanece en una cama no regulable pese a sufrir una fractura de clavícula y conservar aún el proyectil en el cuerpo, lo que le provoca una "pérdida de movilidad".
Estos hechos han suscitado críticas del congresista demócrata por Texas Joaquín Castro, quien afirmó en redes que "Wilber llegó a Estados Unidos de forma legal. Tenía permisos de trabajo y era solicitante de asilo". "Nada de esto debería haber ocurrido jamás", añadió, avanzando que este miércoles acudirá a visitarlo junto al representante Greg Casar —también demócrata y tejano— "para ver cómo se encuentra y exigir su puesta en libertad".
Casar reclamó además este martes la retirada de los agentes federales de Inmigración desplegados en Austin tras el incidente: "Estaremos todos más seguros cuando el ICE se largue de Austin", sentenció en un acto público.