L'incendio di Fermoselle mantiene evacuate 14 località mentre le squadre riescono a stabilizzare parte del perimetro.

La lotta contro il fuoco non cessa: 800 evacuati e 6.000 ettari rasi al suolo

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Il incendio boschivo di Fermoselle continua ad essere questo giovedì il principale focolaio di preoccupazione in Castilla e León. Anche se le squadre di estinzione sono riuscite a stabilizzare i fronti est e nord durante la notte, il fuoco continua a presentare un'evoluzione complicata nelle zone sud e ovest, dove si concentrano i maggiori sforzi per evitare che le fiamme continuino ad avanzare per il parco naturale di Arribes del Duero.

L'emergenza tiene fuori dalle proprie case più di 800 persone. In totale rimangono evacuati 14 comuni (Pinilla, Cibanal, Fornillos, Formariz, Zafara, Mámoles, Palazuelo, Cozcurrita, Badilla, Tudera, Argañín, Muga de Sayago, Pasariegos e Villar del Buey) mentre Fermoselle e Fariza continuano a essere confinate come misura preventiva. Per il momento, non ci sono nuovi sgomberi in corso.

Le persone evacuate rimangono distribuite tra il palazzetto dello sport di Bermillo de Sayago, il padiglione di Fermoselle, il centro Neurocare di Zamora e la residenza Tres Árboles, dove sono stati allestiti spazi per assistere a coloro che non hanno potuto tornare alle proprie abitazioni.

L'incendio colpisce già circa 6.000 ettari, secondo le stime disponibili, in una giornata segnata dal intenso lavoro dei mezzi terrestri e aerei dispiegati sul terreno.

Coltivatori e vicini collaborano per proteggere i paesi

Le condizioni durante la notte hanno permesso di migliorare la situazione nei settori est e nord dell'incendio, dove le squadre sono riuscite a stabilizzare l'avanzata delle fiamme. Tuttavia, il comportamento del fuoco continua a essere particolarmente complesso nei fronti sud e ovest, dove continuano a concentrarsi i principali mezzi di estinzione.

La orografia di Arribes del Duero, con profondi canyon, forti dislivelli e una vegetazione molto densa, rende difficile l'accesso delle squadre e costringe ad adattare continuamente la strategia per contenere l'incendio.

La lotta contro l'incendio non ricade unicamente sui professionisti dell'operativo. In diverse località, agricoltori e vicini hanno collaborato nelle ultime ore per proteggere abitazioni e aziende agricole di fronte all'avanzata del fuoco.

In Palazuelo de Sayago, i residenti della zona sottolineano che l'intervento degli agricoltori con macchinari agricoli è stato determinante per evitare che le fiamme raggiungessero il nucleo urbano, un'azione che si aggiunge al lavoro svolto dai pompieri, agenti ambientali, Guardia Civil, Unità Militare di Emergenza e il resto delle forze dispiegate sul terreno.

Strade chiuse

Oltre alle evacuazioni, Fermoselle e Fariza rimangono confinate mentre continuano i lavori di estinzione. Le autorità mantengono inoltre chiuse al traffico la CL-527 e le strade ZA-P-2221, ZA-P-2222 e ZA-P-2226 per facilitare il lavoro delle squadre di emergenza e garantire la sicurezza.

L'evoluzione del incendio di Fermoselle nelle prossime ore dipenderà in gran parte dalle condizioni meteorologiche e dalla capacità dell'operativo di consolidare i settori già stabilizzati e fermare l'avanzata delle fiamme nelle zone dove il fuoco continua a mostrare un comportamento più attivo.

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¿Qué protocolos deben seguirse para la evacuación y confinamiento de localidades en caso de incendio forestal en Castilla y León?

En Castilla y León, las decisiones de evacuación o confinamiento de localidades por incendios forestales se encuadran en el sistema autonómico de protección ciudadana y en el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales (INFOCAL), aprobado por Decreto 274/1999 y citado en la Orden FYM/478/2012. La Junta dirige la emergencia cuando se activa el plan autonómico, mientras los alcaldes actúan como autoridad más cercana, en coordinación con el 1‑1‑2 y los servicios de extinción. En la práctica, los protocolos distinguen entre evacuaciones preventivas, evacuaciones urgentes y confinamiento en edificios o domicilios seguros, siguiendo los criterios de riesgo del INFOCAL y de la Ley 4/2007 de Protección Ciudadana. A continuación se sintetizan los pasos básicos para autoridades locales y ciudadanía.

1. Marco normativo y planificación

El encuadre general viene dado por la Ley 4/2007 de Protección Ciudadana de Castilla y León, que organiza el sistema de protección ciudadana, fija niveles asistenciales y la coordinación a través del 1‑1‑2 Castilla y León (carta de servicios en la ORDEN PRE/667/2024). En materia forestal, el Decreto‑ley 2/2023 sobre prevención y extinción de incendios ([enlace]) remite al Plan INFOCAL y a la planificación específica de incendios, junto con la Ley 3/2009 de Montes de Castilla y León (citada en la Orden FYM/478/2012).

El Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales (Resolución de 2014 y su corrección de errores, [enlace]) y la normativa básica de protección civil actualizada por el Real Decreto 524/2023 sirven de marco estatal que INFOCAL debe seguir. A nivel autonómico, la época de peligro y las medidas preventivas se actualizan mediante órdenes anuales como el Plan Anual de Prevención y Extinción (Plan 2026, Plan 2025) y órdenes sobre épocas de peligro alto (2024, 2022).

2. Competencias y cadena de mando

Según la Ley 4/2007 (véanse sus principios organizativos en los fragmentos citados en la investigación), la Junta de Castilla y León garantiza la dirección y coordinación del sistema de protección ciudadana, mientras que los ayuntamientos son la primera instancia operativa. En un gran incendio forestal:

  • Junta de Castilla y León: activa INFOCAL, declara niveles de emergencia, coordina medios autonómicos y estatales y puede ordenar evacuaciones o confinamientos a escala supramunicipal.
  • Alcalde: máxima autoridad en el término municipal; ejecuta en su municipio las órdenes de la dirección del plan, puede adoptar medidas inmediatas de protección (por ejemplo, desalojo de un núcleo) informando al 1‑1‑2.
  • Centro 1‑1‑2: canaliza avisos, transmite instrucciones a la población y a los servicios locales, y articula la coordinación operativa.

La homologación de planes de emergencia y territoriales de protección civil se regula, entre otras, por las órdenes PAT/442/2007, IYJ/1410/2007 y PAT/1987/2004, que enmarcan la coordinación entre niveles.

3. Escenarios operativos básicos

3.1. Evacuación preventiva

Se utiliza cuando el incendio aún no amenaza de forma inmediata pero, según la previsión de INFOCAL y la dirección de extinción, existe riesgo razonable de que alcance el núcleo de población. De forma general:

  • La dirección del plan (Junta) indica al alcalde la conveniencia de evacuar determinados barrios o localidades.
  • El alcalde organiza la evacuación: aviso casa por casa, altavoces, redes municipales y coordinación de transporte para personas vulnerables.
  • Se designan puntos de encuentro seguros (pabellones, centros cívicos) definidos en los planes municipales homologados.

Las órdenes MAV de 2025 que recogen localidades evacuadas (MAV/945/2025, MAV/958/2025, MAV/967/2025, MAV/991/2025) evidencian este tipo de decisiones preventivas y coordinadas.

3.2. Evacuación urgente

Procede cuando el frente de fuego amenaza de forma inminente. En ese caso, la prioridad es salvar vidas, incluso por encima de una planificación perfecta:

  • Ante información del operativo o del 1‑1‑2, el alcalde puede ordenar la salida inmediata de una parte del pueblo, siempre comunicándolo al centro de emergencias.
  • La población debe abandonar la zona siguiendo los itinerarios indicados por fuerzas de seguridad y operativos de extinción, sin bloquear las vías con vehículos mal estacionados.
  • Se puede recurrir a confinamientos parciales en edificios muy seguros si las vías de salida no son viables, de acuerdo con las indicaciones del mando de extinción.
3.3. Confinamiento en domicilios o edificios seguros

INFOCAL y la experiencia de incendios recientes (recogida indirectamente en el Decreto‑ley 2/2023 y en las órdenes sobre épocas de peligro alto) contemplan el confinamiento cuando la evacuación sería más peligrosa que permanecer en un lugar protegido. Las pautas generales son:

  • Permanecer en edificios de obra, cerrando puertas, ventanas y persianas; tapar rendijas para evitar entrada de humo.
  • No utilizar vehículos para huir si las carreteras están afectadas por humo o fuego; seguir estrictamente las indicaciones del 1‑1‑2.
  • Los alcaldes deben difundir con claridad el mensaje de “confinamiento” y su duración estimada, y coordinar con sanidad y servicios sociales la atención a personas dependientes.

4. Papel de la ciudadanía y referencias adicionales

La Ley 4/2007 insiste en la “cultura de la seguridad”, en la que la ciudadanía adopta comportamientos responsables. Esto implica respetar las prohibiciones de uso del fuego fijadas en normas como la Orden FYM/478/2012, así como los refuerzos adoptados tras el Real Decreto‑ley 15/2022. Otras normas estatales y autonómicas relacionadas con emergencias y protección civil (por ejemplo, la Estrategia Nacional de Protección Civil o la regulación formativa de emergencias y protección civil en Castilla y León, EDU/1381/2024 y EDU/1309/2024) completan el marco.

Existen numerosas disposiciones conexas sobre protección civil, montes, fiscalidad y ayudas post‑emergencia (entre otras, TES/443/2022, ECD/1527/2015, Ley 1/2020, Ley 2/2019, LO 4/2015, Ley 2/2010, Ley 1/2021, Ley 9/2012, Decreto Legislativo 1/2013, Ley 7/2015, Ley 2/2022, Ley 10/2010, así como sentencias del Tribunal Constitucional sobre montes y cambios de uso: STC 97/2013 y STC 162/2014).

Procedimentalmente, y ante la falta de acceso al texto completo de INFOCAL en esta síntesis, no se dispone de más detalle normativo sobre los umbrales concretos de activación de evacuación o confinamiento. Pero cualquier autoridad local debe ceñirse siempre a las instrucciones de la dirección del plan autonómico y del 1‑1‑2, documentando sus decisiones y priorizando de forma absoluta la protección de la vida humana.

Otros enlaces relacionados citados en la investigación, aunque de carácter más sectorial o general, incluyen: sede electrónica de la Junta, peligro medio 2025, peligro bajo 2023, MAM/874/2008, y diversas normas y decisiones europeas y estatales sobre montes, material forestal y otras materias (por ejemplo STC 132/2017, Protocolo con Portugal, Orden INT/2584/2014, RD 1363/2011, RD 239/2007, RD 2065/2004, RD 3491/2000, Orden de 4 de febrero de 2000), que cierran el mosaico regulatorio.

¿Cómo se activa exactamente el Plan INFOCAL y qué niveles de emergencia contempla para decidir evacuaciones? ¿Qué obligaciones y posibles sanciones prevé la normativa de Castilla y León para quienes desobedezcan una orden de evacuación o confinamiento por incendio? ¿Qué ayudas o compensaciones económicas se han aprobado en Castilla y León para municipios y vecinos evacuados por los grandes incendios de 2025?

¿Quién es el responsable autonómico de gestionar las emergencias de incendios forestales en Castilla y León y cuáles son sus competencias?

En Castilla y León la gestión autonómica de las emergencias por incendios forestales se articula, de forma ordinaria, a través de la Consejería de Medio Ambiente y Energía, cuyo órgano técnico clave es la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, y del lado de protección civil mediante la Agencia de Protección Civil y Emergencias, dependiente de la Vicepresidencia Segunda. La Dirección General de Prevención y Extinción está dirigida por Ángel Manuel Sánchez Martín, mientras que la Agencia de Protección Civil y Emergencias la encabeza Irene Cortés Calvo. La competencia general de prevención y extinción recae en la comunidad autónoma, pero la dirección última de una emergencia concreta se fija en el plan autonómico de incendios (INFOCAL) y puede pasar al Estado si se declara emergencia de interés nacional. La base legal principal es la Ley 3/2009 de Montes de Castilla y León y la legislación de protección civil, desarrolladas por la estructura orgánica de la Junta.

Órganos autonómicos responsables y titulares

Según el organigrama de la Junta de Castilla y León, los dos órganos administrativos directamente vinculados a la gestión de incendios y emergencias son:

  • Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, integrada en la Consejería de Medio Ambiente y Energía. Es un órgano de rango de Dirección General y su titular es Ángel Manuel Sánchez Martín
  • Agencia de Protección Civil y Emergencias, adscrita a la Vicepresidencia Segunda de la Junta de Castilla y León, también con rango de Dirección General, dirigida por Irene Cortés Calvo.

Ambos aparecen como piezas centrales del dispositivo autonómico de incendios y del sistema de emergencias. La propia prensa autonómica y parlamentaria sitúa a la Consejería de Medio Ambiente y Energía como responsable política de la campaña de incendios, como se aprecia en la convocatoria en la que los consejeros de la Presidencia y de Medio Ambiente presentan la campaña de 2026 en la Comisión General de Coordinación Territorial, recogida en la agenda de la Junta. Además, el debate político reciente sobre la sustitución del anterior consejero por la nueva titular, María González Corral, se centra precisamente en su responsabilidad sobre los incendios, según informa Demócrata en esta pieza.

Competencias en prevención, extinción y planificación

En el plano normativo, la referencia clave es la Ley 3/2009 de Montes de Castilla y León. Tal y como recuerda Demócrata en su análisis sobre limpieza del monte, esta norma establece en su artículo 88 que el Ejecutivo autonómico debe elaborar los planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, en coherencia con la legislación estatal de montes (artículo sobre la Ley 3/2009). Sobre esa base legal se articula el operativo INFOCAL, que organiza medios humanos y materiales, tratamientos selvícolas, cortafuegos y vigilancia, como se ve también en la inversión anunciada por la Junta para tratamientos preventivos.

La Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales asume, de facto, la planificación y dirección técnica del operativo INFOCAL: diseño de los planes anuales, despliegue de cuadrillas y medios aéreos y terrestres, y coordinación de las brigadas de investigación de incendios (BIIF) que trabajan con la Guardia Civil en la determinación de causas, como se describe en la información sobre los 15 incendios intencionados investigados en Zamora (incendios intencionados en Zamora). El propio debate parlamentario ha explicitado que esta Dirección General se crea para reforzar el servicio de prevención de incendios, aunque la oposición la critique como “cortina de humo”, según la crónica de Demócrata ya citada.

En paralelo, la comunidad figura entre las que más recursos destinan a incendios en España. Demócrata cifra en 222,7 millones de euros el presupuesto de Castilla y León en 2026 para el ámbito forestal vinculado a prevención y extinción, situándola en el tercer lugar a nivel nacional (ránking del gasto).

Gestión operativa de emergencias y protección civil

Más allá del componente forestal, la gestión de la emergencia como situación de protección civil corresponde a la estructura de emergencias de la Junta y, en particular, a la Agencia de Protección Civil y Emergencias. El marco general lo explica una pieza divulgativa de Demócrata: la prevención y extinción es competencia de las comunidades, que organizan sus dispositivos y presupuestos, mientras el Estado actúa como refuerzo y apoyo (quién moviliza la UME).

En cada incendio concreto, el director de la emergencia o director del plan de protección civil activado es quien decide medidas como evacuaciones, confinamientos o restricciones, basado en la información técnica del director de extinción. Así lo recoge Demócrata en su explicación sobre evacuaciones: cuando la emergencia está bajo gestión autonómica, la dirección corresponde al responsable designado en el plan autonómico de incendios forestales (quién decide una evacuación). En Castilla y León, ese diseño recae en INFOCAL y en el sistema de Índice de Gravedad Potencial (IGR), que clasifica los incendios en niveles 0, 1 y 2, como se ve en las incidencias recientes de Salamanca y León (reactivación de incendios).

La Agencia de Protección Civil y Emergencias se encarga, además, de la coordinación interadministrativa y del 1-1-2, así como de la integración del operativo autonómico en estructuras supraautonómicas cuando la emergencia lo exige. Un ejemplo es la cooperación con Galicia para mantener medios de extinción desplazados a León y Madrid, en el marco de la emergencia de interés nacional declarada por el Gobierno, recogida en la nota de la Xunta.

Relación con la normativa estatal y las emergencias de interés nacional

Cuando los incendios superan la capacidad autonómica y se declara una emergencia de interés nacional, la dirección superior pasa al Ministerio del Interior y la Unidad Militar de Emergencias (UME) asume la dirección operativa, como explican varias piezas de Demócrata sobre los incendios de Madrid y Ávila y la figura de la emergencia nacional. En esos casos, los responsables autonómicos de Castilla y León se integran en el mando único, pero no pierden su papel en el dispositivo de extinción ni en la aportación de medios.

En resumen, en situación ordinaria el responsable autonómico de gestionar las emergencias de incendios forestales en Castilla y León es el conjunto formado por la Consejería de Medio Ambiente y Energía y su Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, junto con la Agencia de Protección Civil y Emergencias, cada una con competencias diferenciadas: una, sobre el frente forestal y el operativo técnico; la otra, sobre la emergencia de protección civil, la coordinación interinstitucional y las decisiones sobre la protección de personas y bienes.

¿Qué otras comunidades autónomas han experimentado incendios forestales de magnitud similar en los últimos años y cómo han gestionado la emergencia?

En los últimos años, además de Madrid, varias comunidades autónomas han sufrido incendios forestales de gran magnitud: Castilla-La Mancha (incendios de La Mierla en Guadalajara y Jarilla muy cerca de Extremadura), Castilla y León, Aragón (Cinco Villas), Andalucía (Huelva, Almería y Jaén), Comunitat Valenciana (Vall d’Uixó, Castellón), Murcia, Galicia y Asturias, entre otras. La gestión se ha articulado siempre a través de los planes autonómicos especiales de protección civil frente a incendios forestales (Infoca en Andalucía, Infomur en Murcia, Pladiga en Galicia, planes de Aragón, Castilla-La Mancha, etc.), reforzados con medios estatales (UME, BRIF, hidroaviones del MITECO) coordinados por Interior. En los casos más graves, se ha elevado el nivel operativo (2 o 3), con evacuaciones masivas, confinamientos, cortes de carreteras y, cuando se declara «emergencia de interés nacional», asumiendo la dirección superior el Ministerio del Interior.

Andalucía: Infoca, nivel 2 y apoyo de la UME

En Andalucía se han registrado varios grandes incendios recientes. El fuego de Huelva que quemó más de 5.000 hectáreas llevó a la Junta a elevar el Plan de Emergencia por Incendios Forestales al nivel 2 y a pedir la intervención de la UME, sumando al dispositivo del Plan Infoca, bomberos, Guardia Civil, policías locales, Protección Civil y Cruz Roja, con más de 500 efectivos y cortes de carreteras y de la línea Huelva‑Zafra, según informó Demócrata en esta crónica. En Almería, el incendio de Los Gallardos arrasó unas 7.000 hectáreas, obligó a evacuar alrededor de 1.600 personas y contó con despliegue prolongado de la UME, de acuerdo con esta información y este seguimiento. Además, la Junta ha mostrado cómo opera el plan Infoca en fases de emergencia 1 en casos como el incendio de Santa Elena (Jaén), detallando despliegues masivos de helicópteros, aviones anfibios y brigadas BRICA en su nota oficial sobre Santa Elena.

Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón: megaincendios interiores

Castilla-La Mancha ha sufrido incendios de gran magnitud como el de La Mierla (Guadalajara), con niveles operativos 2, evacuación de municipios completos, participación de la UME y duplicación de efectivos militares a petición de la Junta, según recogen esta pieza, este balance intermedio y este análisis del impacto social. En 2025, el incendio de Jarilla (Cáceres) y el de Molezuelas‑Castrocalbón (Zamora) ilustran cómo Castilla y León y Extremadura han tenido también grandes fuegos con más de 12.000 hectáreas quemadas, 20 medios aéreos y decenas de localidades evacuadas, descrito por Demócrata en este reportaje.

Aragón destaca con el incendio de Cinco Villas, con unas 12.000 hectáreas afectadas y más de un millar de personas evacuadas en cinco municipios, bajo la Situación Operativa 2 del plan autonómico, lo que implica participación de medios estatales, según esta información.

Comunitat Valenciana, Murcia, Asturias y Galicia

En la Comunitat Valenciana, el incendio de la Vall d’Uixó (Castellón) se ha calificado como «fuera de capacidad de extinción», con 15.000 evacuados y desalojos en 15 municipios, priorizando la protección de la población y las evacuaciones preventivas, según este relato. Murcia activó el nivel 2 del Plan Infomur y reclamó UME y medios aéreos de otras comunidades para un incendio en pedanías de la capital, con evacuación de viviendas y más de 200 llamadas al 112, de acuerdo con esta noticia. En Asturias, el incendio del monte Areo (Gijón) llevó a activar el Plan INFOPA en situación 1 y el plan municipal de emergencias, con CECOPAL y coordinación de bomberos, protección civil y servicios sanitarios, tal como recoge este artículo.

Galicia acumula históricamente grandes incendios en Ourense y otras provincias; la Xunta vincula esta realidad a su apuesta por más medios aéreos y por reforzar unidades de grandes incendios, como explica en esta nota sobre Pladiga y en sus partes diarios, por ejemplo este informe en gallego y su versión en castellano, donde se describe un incendio de unas 9.000 hectáreas que llega a Zamora y requiere UME y confinamientos masivos vía Es‑Alert.

Patrones comunes de gestión: planes autonómicos y refuerzo estatal

En todas estas comunidades la respuesta se estructura sobre los planes especiales autonómicos (Infoca, Infomur, Pladiga, etc.), que definen niveles: en nivel 1 actúan recursos propios; en nivel 2 se incorporan medios estatales (UME, BRIF, hidroaviones del 43 Grupo, Guardia Civil, Policía Nacional) y, si la crisis supera la capacidad autonómica, Interior puede declarar «emergencia de interés nacional» (nivel 3), asumiendo la dirección, como explica Demócrata en esta guía sobre niveles y este análisis sobre la UME, y el propio Ministerio en esta nota sobre el CECOD y este balance de 2024.

La campaña estatal se anticipa y refuerza de forma creciente, como recogen esta nota de Interior 2024 y este anuncio de 2026, y se apoya en la mejora tecnológica de la UME descrita en esta presentación y en la coordinación con MITECO y Defensa detallada en este comunicado conjunto. Greenpeace advierte, pese a algunos buenos datos en 2024, de la tendencia a megaincendios y de la necesidad de reforzar prevención y gestión de grandes fuegos, en esta declaración.

Cooperación interterritorial y europea

En campañas extremas, el Estado coordina refuerzos entre comunidades (como en 2025, con medios de Cataluña, País Vasco, Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha apoyando en Ourense y León, según esta actividad de Moncloa y esta nota de Interior) y recurre al Mecanismo Europeo de Protección Civil para traer aviones Canadair de otros países, como recogen Demócrata en esta pieza y la Comisión en esta información. Todo ello se inserta en una tendencia nacional de aumento de grandes incendios, con años récord como 2022 y 2025, descritos en este balance, este recuento de afectados y este dato récord.

Entre otras piezas de contexto político y social publicadas por Demócrata o medios oficiales, aunque no centradas en la gestión de incendios, figuran análisis judiciales como este sobre el caso Kitchen, notas sobre cooperación exterior en incendios como este despliegue en Chile, o crónicas internacionales y políticas como esta sobre Trump y Meloni, así como otras referencias sectoriales y autonómicas: evento en Extremadura, nota sobre un incendio en Paüls (Cataluña), informe sobre la Figuera, balance de Baleares, parte gallego adicional, otro balance de la Xunta, campaña de incendios de Defensa en 2026, campaña 2024 de Interior e informes de asignación de medios.

¿Cómo se decide en la práctica pasar de un nivel 1 a un nivel 2 o 3 en los planes de incendios de cada comunidad? ¿Qué diferencias hay entre los operativos autonómicos (Infoca, Infomur, Pladiga, etc.) en cuanto a medios y presupuesto? ¿Qué medidas de prevención y cambios normativos se están planteando a raíz de los grandes incendios de 2025 y 2026?

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