El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido que sea la Justicia quien esclarezca los distintos procedimientos que afectan al entorno del Ejecutivo, aunque al mismo tiempo ha puesto en duda ciertas actuaciones que, a su juicio, evidencian un intento de "derribar al Gobierno" mediante fórmulas "nada democráticas".
Estas manifestaciones las ha realizado en los pasillos del Congreso, un día después de que el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenara el registro de la sede federal del PSOE en la calle Ferraz por parte de la Guardia Civil, dentro de una investigación sobre una presunta trama encabezada por el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán con el objetivo de obstaculizar pesquisas judiciales que afectan al partido y al Gobierno.
"Dejemos trabajar a la Justicia, que se esclarezca lo que se tenga que esclarecer", ha señalado Puente, que acto seguido ha lanzado su reproche: "En el entorno de estas investigaciones hay intereses claros que se están traduciendo en determinada información privilegiada y determinadas acciones en derribar un gobierno".
En este contexto, ha criticado que un medio de comunicación difundiera con antelación la inminente llegada de agentes de la UCO a Ferraz, actuación que finalmente se produjo a primera hora del miércoles 27 de mayo, y ha lamentado que esa primicia fuera aprovechada por el Partido Popular durante la sesión de control al Gobierno celebrada ese mismo día en el Congreso.
"Esto habla muy a las claras de cuál es el sentido y cuál es el trabajo que algunos están haciendo para derribar a un gobierno, no con una convocatoria electoral, no en las urnas, sino con otras mañas y con otras herramientas", ha denunciado el titular de Transportes, que interpreta una estrategia política y mediática coordinada.
Pese a ello, ha recalcado que el PSOE no piensa tolerar estas maniobras y continuará centrado en la acción de Gobierno "por el bien del país", descartando así un adelanto de las elecciones generales. "No vamos a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos", ha subrayado.
Pone en duda algunos señalamientos del juez Pedraz
Tras la decisión del juez Pedraz de imputar a Santos Cerdán y a la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, por supuestos pagos a la exmilitante Leire Díez para ejecutar operaciones contra jueces, fiscales y guardias civiles, Puente ha reclamado que la causa siga su curso, aunque ha cuestionado algunos de los elementos que figuran en el auto.
"De momento, de esa cloaca que dicen que se montó, dos personas ajenas al PSOE han desmentido categóricamente los hechos que se recogen en el auto" ha indicado, insistiendo en que no se puede adelantar ningún veredicto porque el procedimiento se halla todavía en una fase "inicial".
Al mismo tiempo, ha cargado contra el uso político de la causa: "Lo que no se tiene que esclarecer son los calendarios, las filtraciones, la utilización de una causa declarada secreta por formaciones políticas en la misma sesión de control del Parlamento. Eso no necesita ningún esclarecimiento porque está a los ojos de todo el mundo", ha criticado, remarcando que esta dinámica "daña seriamente la imagen de la Justicia" y la "presunción de imparcialidad" que, sostiene, deben preservar las investigaciones.
En relación con la gerente del PSOE, imputada por los supuestos pagos a Díez para desarrollar esas actuaciones, el ministro se ha remitido a lo expresado por el presidente Pedro Sánchez el día anterior, reiterando que "ha hecho un buen trabajo fiscalizando las cuentas" del PSOE y que "ahora mismo" no existe motivo alguno para poner en duda su honestidad.
Begoña Gómez, David Sánchez, el fiscal y Zapatero
Puente sostiene que los procedimientos judiciales que afectan a la familia del presidente del Gobierno, en concreto a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez, "no se sostienen". Además, ha mostrado su rechazo a la condena por revelación de secretos impuesta al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha cuestionado igualmente las actuaciones abiertas contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Sobre el proceso que arranca este jueves contra el hermano de Sánchez, ha defendido que fue contratado como músico por la Diputación de Badajoz en una etapa en la que el actual jefe del Ejecutivo era "un apestado" al que habían apartado de la Secretaría General del PSOE y que había dejado su escaño en el Congreso de los Diputados.
En contraste, ha denunciado lo que considera un caso equiparable: el de la hermana del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que, según ha relatado, accedió a una plaza en un conservatorio de música cuando su hermano ya presidía el Gobierno andaluz, pese a existir otra aspirante con mayor puntuación en el proceso selectivo.
Respecto a Zapatero, Puente ha recalcado que es "un ciudadano particular" sin responsabilidades derivadas de cargos públicos y que se dedica a actividades similares a las del resto de expresidentes. En la misma línea, ha calificado de "inaudita" la condena a García Ortiz por revelación de secretos, porque, a su entender, la propia resolución judicial no determina con claridad si fue él o alguien de su entorno quien filtró la información reservada.
La izquierda, "al límite" ante las investigaciones
Al ser preguntado por el impacto de estas causas en la militancia socialista y si percibe que exigen explicaciones, Puente asegura conocer bien "el pulso de los militantes" y considera que todo este escenario tendrá un "efecto contrario del que pretenden", ya que, en su opinión, estos supuestos ataques al Ejecutivo refuerzan el cierre de filas en torno a Sánchez.
"Hay mucha gente que ya manifiesta un absoluto hartazgo por los procedimientos, por las coincidencias en el calendario, por las filtraciones, por la utilización política de estas causas de manera espuria", ha señalado, describiendo un clima de profundo cansancio entre las bases progresistas.
El ministro afirma que no cree en las casualidades y que no se "chupa el dedo", del mismo modo que, según él, tampoco lo hacen los militantes socialistas ni los votantes de izquierdas, que, asegura, se encuentran ya "al límite".