El entonces máximo responsable del Consorcio Provincial de Bomberos durante la dana, José Miguel Basset, ha ratificado este lunes en el Congreso que la información sobre los efectos de la riada apenas llegaba al Cecopi y que, en consecuencia, se trabajó “a ciegas”. Además, ha recalcado que, frente a lo que sostiene el exsecretario autonómico de Emergencias, el imputado Emilio Argüeso, él no ordenó en ningún momento la retirada de los bomberos forestales que permanecieron en el Barranco del Poyo hasta poco antes de las 15.00 horas del 29 de octubre de 2024.
Basset ha incidido en que la versión de Argüeso es “absolutamente falso”, ya que ni tuvo conocimiento de la activación de esos efectivos —que llegaron a las 12.50 horas— ni de su salida del lugar, y nadie le consultó sobre las mediciones que estaban realizando. “Si yo hubiera sabido una información de ese calibre no duden ustedes que la habría puesto encima de la mesa como algo prioritario”, ha señalado.
Según ha explicado, fue posteriormente, a raíz de una información periodística, cuando pudo escuchar las grabaciones en las que sus compañeros comunicaban esas mediciones y, tras comprobar que el caudal había disminuido, pedían instrucciones. “Hay un momento de impás en que el operador de comunicaciones le pregunta al jefe, a un mando, que qué hacen y se oye a ese operador diciéndoles que se pueden retirar a base en expectativa de servicio, porque lo que estaba cayendo era importante”, ha detallado.
En su comparecencia ha relatado que el día 29, a primera hora, se incrementó hasta un 66% la dotación de bomberos forestales, y que la Generalitat, que a diferencia de otras emergencias previas no les convocó con antelación para planificar el dispositivo, únicamente solicitó recursos ese mismo día para el Barranco del Poyo y el río Magro, donde ya no lograron acceder porque el cauce se había desbordado.
Del mismo modo, Basset ha reconocido que la información sobre lo que estaba sucediendo sobre el terreno no se trasladó de forma adecuada al Cecopi. “Si no se nutre al Cecopi de la información de lo que está ocurriendo se trabaja a ciegas. No disponíamos de los datos para tomar las decisiones más adecuadas”, ha admitido, sin poder precisar “por qué falló ese flujo de información”.
“No sé qué hizo que el interlocutor que teníamos allí --en otra sala del centro de L'Eliana-- no nos dijera qué llamadas entraban y dónde teníamos el problema”, ha añadido, subrayando que incluso en esa sala se estaban recibiendo imágenes, pese a que hubo incidencias de comunicación por la caída de las líneas móviles.
Falta de datos clave y avisos centrados en la presa de Forata
“No sé exactamente cómo funciona la estructura de la información, pero sí sé que yo hasta las 16.00 horas del día siguiente, en un vuelo, no tuve conocimiento exacto de qué había pasado”, ha proseguido, antes de remarcar que “lo único que llegó” al Cecopi fue el aviso de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de que la presa de Forata “podía irse al garete”.
En respuesta al diputado del PP Óscar Clavell, Basset ha indicado que correspondía al Grupo de Seguimiento del Riesgo plantear el análisis de los datos dentro del Cecopi y que, al menos en su caso, no recibió ningún informe técnico que transformara los registros de lluvia en previsiones de caudales o de zonas potencialmente afectadas.
También ha apuntado que la CHJ no facilitó información sobre el impacto de las precipitaciones en barrancos como el del Poyo y que “los tiros fueron por otro sitio”, ya que toda la atención se centró en el posible desbordamiento de la presa de Forata. Además, ha afirmado que “hubo que arrancarles” datos sobre el caudal que estaba entrando y cuánto podía evacuar el rebosadero.
A su entender, los datos aportados por la CHJ resultaron insuficientes para anticipar el nivel de riesgo en el Poyo, porque ni siquiera se mencionó este barranco. En cuanto a la Agencia Estatal de Meteorología, ha señalado que la información facilitada durante la jornada “eran insuficientes” para prever con precisión las consecuencias reales sobre el territorio.
Basset ha relatado igualmente que el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, le telefoneó directamente a las 14.30 horas para pedirle que solicitara la intervención de la UME. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba ocurriendo algo de lo que el Cecopi no tenía constancia y le sorprendió que el regidor se dirigiera a él personalmente para advertirle de que se estaban “ahogando”. Ha subrayado, además, que la UME ya estaba realizando seguimiento desde la fase de prealerta.
Es-Alert, críticas internas y papel de la Generalitat
Tras aclarar que él no era el director técnico de la emergencia “ni nada que se le parezca”, ha manifestado que será la Generalitat quien deba justificar por qué se le ha colocado como “cabeza de turco” —tal y como expresó el diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna— y ha insistido en que no rechazó el apoyo que le ofrecían otros cuerpos de bomberos.
“La potencia sin control no sirve de nada. Lo único que pedía era que me dieran un poco de margen para organizar toda la ayuda que se nos venía encima porque estaba todo colapsado”, ha rememorado, recalcando que tuvo que diseñar él mismo un sistema para ordenar la llegada y distribución de esos refuerzos.
Respecto al retraso en el envío del Es-Alert, Basset ha explicado que sobre las 18.15 horas el subdirector de Emergencia, Jorge Suárez, y él ya habían acordado el texto del aviso que consideraban necesario remitir, pero ha dicho desconocer por qué no se envió hasta las 20.11 horas.
Ha detallado que fue Suárez quien planteó el primer borrador cuando les informaron de forma “muy genérica” de la situación en la presa de Forata, pero “nadie respondió” a esa propuesta. Ante la falta de reacción, Basset pidió a la CHJ más datos sobre el estado del embalse, aunque la información continuó siendo poco precisa. Con lo que tenían, abrió su portátil y redactó tres líneas.
Basset ha puntualizado que un mensaje de emergencia no debe superar las tres líneas y ha de dejar claro a la población “qué ocurre y qué se tiene que hacer sin dar lugar a ninguna duda”, para remarcar que, si hubieran dispuesto de más datos, “quizá se hubiera hecho en otros términos”.
En este sentido, ha querido dejar constancia de que no emplearon más de 20 minutos en consensuar el contenido entre él y Suárez y que no es cierto, como mantiene Argüeso, que el envío se demorara por una discusión entre ambos sobre la conveniencia de activar o no el Es-Alert.
Cuestionado sobre si el mensaje debería haber incluido la orden de confinamiento, ha explicado que el plan de emergencias contempla tres opciones —alejar a la población, confinar y evacuar— y que, por tanto, era una posibilidad contemplada.
Ha reiterado que, más allá de la propuesta de texto, todo el procedimiento de envío le queda “en otra sala” y que la activación del sistema se realiza fuera de su ámbito directo. “Desconozco cuál es el circuito”, ha señalado, antes de admitir, en respuesta a Sánchez Serna, que estaba “demasiado ocupado” como para percibir las presiones que pudiera estar recibiendo la consellera de Emergencias, Salomé Pradas.
Según ha contado, cuando el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, llegó al Cecopi actuó “como presidente”, pero en ningún momento se les informó de que se hubiera producido un relevo en la dirección de la emergencia, que seguía en manos de Pradas.
Interpelado más tarde por el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, sobre si teme que los responsables políticos trasladen sus obligaciones a los técnicos, el compareciente ha asegurado que ya se ha intentado hacer.
En cualquier caso, y con la perspectiva del tiempo, considera que la gestión de la dana podría haberse llevado “de manera diferente”, aunque insiste en que para ello era imprescindible contar con información suficiente, porque en una emergencia los acontecimientos se suceden “sin control” y hay que ajustar la respuesta “en cada momento”. “Sin esos datos tienes un grado muy elevado de tomar decisiones erróneas”, ha reconocido.