El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde este miércoles a una proposición no de ley (PNL) impulsada por el PSOE con el objetivo de avanzar en la erradicación del matrimonio forzado a escala global.
La propuesta, que se ha sometido a votación sin cambios respecto al texto registrado, ha sido aprobada con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo Vox, que ha votado en contra, y el Partido Popular, que ha optado por la abstención.
Durante el debate celebrado el martes, la diputada socialista Blanca Cercas definió el matrimonio forzado como "una de las formas más graves y más ocultas de violencia contra las mujeres y contra las niñas".
En su intervención, alertó de que esta práctica "atroz" no puede ampararse en motivos culturales, religiosos ni espirituales y remarcó que constituye una vulneración de los derechos humanos que se produce "en los cinco continentes".
La PNL defiende varias líneas de actuación, entre ellas reforzar la cooperación internacional de España con un enfoque de derechos humanos centrado en las víctimas, así como poner en marcha políticas de prevención mediante la educación en igualdad y campañas de sensibilización.
Un día internacional contra el matrimonio forzado
La iniciativa también plantea promover en el seno de la Organización de las Naciones Unidas la creación de un día internacional dedicado a la erradicación del matrimonio forzado, en coherencia con los objetivos de la Agenda 2030.
"Señorías, todos sabemos que compartir la vida con alguien solo puede nacer de una decisión libre, del respeto, de la igualdad, del afecto, porque el cariño verdadero no se impone y si se impone no es cariño, sino que es violencia", subrayó Cercas desde la tribuna.
Desde el Partido Popular, Ana Alós coincidió en señalar el matrimonio forzado como una "lacra real y gravísima", pero cuestionó la capacidad del Gobierno para liderar esta agenda internacional, al acusarle de mantener una política exterior "basada en el silencio cómplice" ante países donde, según apuntó, se dan o se toleran estas prácticas.
"Señorías, esto tiene un nombre, hipocresía, porque su proposición no de ley habla de seguir promoviendo medidas, de seguir impulsando, de seguir trabajando, pero la realidad es que su Gobierno no está liderando nada", afirmó la diputada popular.
Alós defendió que la lucha contra el matrimonio forzado debe apoyarse en instrumentos "realistas", una estrecha coordinación internacional y una evaluación efectiva de resultados, y reprochó al Ejecutivo haber convertido su política de igualdad en un "escaparate".
Por parte de Sumar, Viviane Ogou situó el matrimonio forzado dentro de la "esclavitud moderna" y alertó sobre la existencia de redes y dinámicas internacionales que sostienen este fenómeno.
Sumar reclama enfoque económico y Vox vincula el problema a la inmigración
En este marco, Sumar registró una enmienda a la PNL socialista con la intención de reforzar la dimensión socioeconómica en la lucha contra el matrimonio forzado. "Sabemos que para erradicar el matrimonio forzado es una cuestión que se tiene que hacer con concienciación, pero creemos que la cuestión económica tiene que ser central en esta batalla", recalcó Ogou.
En nombre de Vox, María de los Reyes Romero sostuvo que "sin consentimiento no hay matrimonio", sino "sometimiento", y tildó estas prácticas de "barbarie". Además, relacionó el incremento de casos en España con las políticas migratorias del Gobierno, al que acusó de promover una "inmigración ilegal y descontrolada" y de convertir las calles en "escenarios de problemas importados".
"Señorías del Partido Socialista, basta ya de postureo y de buenismo irresponsable. Sus políticas, bajo el pretexto de ser humanitarias y feministas, están causando graves daños a los españoles y especialmente a las mujeres y en los barrios más humildes. Ustedes están convirtiendo nuestras calles en escenarios de problemas importados", aseguró.
Para Vox, la vía para combatir el matrimonio forzado pasa por retirar las subvenciones públicas a entidades que amparen estas conductas o no colaboren en su eliminación, diseñar un protocolo nacional que implique a todas las Administraciones en la lucha contra esta "lacra" dentro del territorio español y "endurecer el Código Penal para castigar esta barbarie como se merece".
Reclamo de recursos y aplicación efectiva de las medidas
Desde Junts, Pilar Calvo defendió que el problema debe afrontarse con una perspectiva de derechos humanos, educación y cooperación internacional, incluyendo acceso a la educación, a la higiene menstrual y a recursos básicos. En esta línea, reclamó que, para que la propuesta resulte "creíble", cuente con financiación suficiente para las comunidades autónomas.
El diputado de ERC Jordi Salvador i Duch anunció el respaldo de su grupo a la iniciativa, aunque exigió más medios. "No somos demasiado partidarios de que los grupos del Gobierno aporten proposiciones no de ley, sin más. Nos gustaría que vinieran acompañados de algo más de materia", señaló.
Por último, la representante del PNV, Nerea Renteria, avisó de que "el reto no es aprobar más marcos", sino lograr que lo que se apruebe "sirva para algo". "Esta proposición no de ley puede ser útil, pero solo si se traduce en políticas concretas, medibles y eficaces", concluyó.