La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, acude este martes al Congreso para exponer el último informe sobre las fundaciones vinculadas a los partidos políticos, donde se desgrana el destino de los 12,87 millones de euros gestionados por estas entidades durante los ejercicios 2021 y 2022.
Según el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fundación Concordia y Libertad, ligada al PP, figura como la que más subvenciones públicas ha percibido, mientras que la Fundación Disenso de Vox, presidida por Santiago Abascal, concentra el volumen más elevado de aportaciones privadas, prácticamente todas procedentes del propio partido. La Fundación Pablo Iglesias del PSOE vuelve a aparecer en “números rojos”.
En total, las fundaciones políticas ingresaron 4,93 millones de euros en subvenciones públicas, 2,39 millones en 2021 y 2,53 millones en 2022. La Fundación Concordia y Libertad destaca al reunir casi dos millones por esta vía (1.976.009,64 euros) en el bienio analizado. La FAES de José María Aznar ya no figura en este apartado tras desvincularse del PP y optar por operar de manera independiente.
Ministerios que reparten más ayudas
El informe precisa que los ministerios de Cultura y de Asuntos Exteriores son los que más subvenciones han concedido a estas entidades. Al hilo de ello, el Tribunal recuerda al Gobierno la necesidad de exigir que todas las fundaciones que aspiren a estas ayudas estén correctamente inscritas en el registro del Ministerio del Interior.
Además de las subvenciones, las fundaciones recibieron 7,93 millones de euros en donaciones privadas y aportaciones de sus formaciones políticas. En este capítulo sobresale la Fundación Disenso, que acumula más de cinco millones: 2,5 millones en 2021 y otros 2,59 millones en 2022, en su mayoría transferencias desde Vox.
Ese volumen de recursos procedentes del partido y los testimonios de antiguos cargos de Vox sobre un supuesto desvío de fondos, como en Baleares, llevaron al PSOE a reclamar una fiscalización específica de la fundación de Abascal y a presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que finalmente fue archivada.
El órgano fiscalizador también resalta la situación de la Fundación Sabino Arana, del PNV, que entre aportaciones privadas y subvenciones públicas sumó 1,42 millones de euros en los dos años examinados.
Siete fundaciones en patrimonio negativo
En el lado opuesto, el Tribunal de Cuentas detecta siete fundaciones con patrimonio neto negativo al cierre de 2022. La más relevante por volumen es la Fundación Pablo Iglesias del PSOE, con un “agujero” de 2,25 millones de euros, pese a haber recibido 1,38 millones en subvenciones y aportaciones en el periodo fiscalizado.
También figuran en esta situación la Fundación Eduardo Obregón, vinculada al PRC de Miguel Ángel Revilla, con “números rojos” de 26.899 euros, y la Sociedad Fundación Elkartu, de Eusko Alkartasuna, inmersa en un proceso de disolución y con un saldo negativo de 709.162 euros.
En líneas generales, las fundaciones y entidades asociadas a partidos superan el examen del Tribunal, aunque se han detectado incumplimientos como donaciones ingresadas en cuentas bancarias ordinarias en lugar de en cuentas específicas para tal fin, o entregas en efectivo derivadas de convenios de colaboración que no fueron comunicadas al fiscalizador.
Por este motivo, el Tribunal plantea que se regule una cuantía mínima a partir de la cual las fundaciones y entidades vinculadas a partidos estén obligadas a notificar las donaciones recibidas de personas jurídicas.
Fundaciones próximas a IU sin rendir cuentas
El informe subraya que menos de una veintena de entidades presentaron sus cuentas dentro del plazo legal. Además, señala a tres fundaciones que no han entregado sus estados contables pese a estar obligadas, incurriendo así en un incumplimiento normativo: “Por la Europa de los Ciudadanos”, ahora denominada Fundación de estudios Críticos (FEC) y ligada a Izquierda Unida; el “Instituto de Estudios Políticos”, también próximo a IU en la Comunidad Valenciana; y la fundación “Horacio Fernández Inguanzo”, del Partido Comunista de Asturias.
Asimismo, se constata que doce y once fundaciones y asociaciones permanecieron inactivas en 2021 y 2022, respectivamente, algunas ya en fase de disolución o extinción. Ante este escenario, el Tribunal insta a los patronatos a culminar esos procesos y advierte de que no pueden mantenerse como simples tenedores de inmuebles ni como estructuras para canalizar recursos de los partidos de los que dependen.
Otro aspecto que denuncia el órgano fiscalizador es que sólo alrededor de una quincena de fundaciones están correctamente inscritas en el registro del Ministerio del Interior, pese a que así lo exige la ley, por lo que emplaza al Gobierno a actualizar y depurar dicho registro.
La normativa también obliga a las fundaciones políticas a someter sus cuentas anuales a auditoría externa, pero más de una decena eluden todavía esta obligación. Ante ello, el Tribunal de Cuentas sugiere fijar un umbral mínimo de ingresos a partir del cual sea obligatorio cumplir con este requisito. Todas las auditorías presentadas han sido favorables.