El PP someterá al Pleno del Congreso de la próxima semana una proposición no de ley (PNL) con la que pretende suprimir la exigencia de cita previa obligatoria para realizar gestiones ante la Administración General del Estado, garantizar la atención presencial tanto con cita como sin ella y adoptar las medidas organizativas necesarias para compatibilizar los servicios presenciales con los canales telemáticos.
En el texto que se debatirá el próximo martes, los 'populares' insisten en que la relación entre la ciudadanía y la Administración Pública debe ajustarse a los principios de “accesibilidad, eficacia, proximidad y servicio al interés general”.
La iniciativa, recogida por Europa Press, recuerda que la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas reconoce a las personas físicas el derecho a escoger si se relacionan con la Administración de manera presencial o electrónica, “salvo en los supuestos legalmente tasados”.
Además, remarcan que “en ningún caso la norma establece la obligatoriedad de la cita previa como condición exclusiva” para recibir atención presencial y que la “imposición” de este sistema se ha convertido en la práctica en un “obstáculo efectivo al ejercicio de derechos administrativos”.
No puede convertirse en una barrera
Aunque admiten que, especialmente desde la pandemia de coronavirus, se ha demostrado que la cita previa puede ser una “herramienta útil de organización”, el PP advierte de que “no debe convertirse en una barrera de acceso”.
Según su diagnóstico, en numerosos organismos dependientes de la Administración General del Estado resulta extremadamente difícil obtener una cita previa o esta se concede con “demoras prolongadas”, lo que provoca “inseguridad jurídica” y, en ocasiones, “pérdida de derechos por vencimiento de plazos”.
“No se trata de eliminar la cita previa como instrumento de gestión, sino de devolverla a su naturaleza original: un sistema voluntario que facilite la organización del servicio a quien libremente desee utilizarlo”, recalcan los 'populares', que defienden que la atención “directa, inmediata y presencial debe seguir siendo una opción real y efectiva”, en particular para las personas mayores afectadas por la brecha digital o para quienes precisan una respuesta urgente.
Por todo ello, el PP propondrá que el Pleno inste al Gobierno a suprimir la obligatoriedad de la cita previa como requisito exclusivo para la atención presencial en las oficinas de la Administración General del Estado, a asegurar la atención directa a cualquier ciudadano que la demande, con o sin cita, y a poner en marcha las medidas organizativas oportunas para hacer compatibles la atención presencial, la telemática y un sistema de cita previa de carácter voluntario.