El Pleno del Congreso ha tumbado este miércoles la moción sobre la "prioridad nacional" elevada por Vox. Los de Abascal se han quedado solos en la votación de la iniciativa, que ha sido rechazada con 310 votos en contra, incluyendo al PP tras pactar la medida como hoja de ruta dentro del acuerdo para investir a María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura.
La propuesta partía de una interpelación realizada por Vox al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y planteaba una revisión profunda del modelo de acceso a recursos públicos en materia migratoria y de protección social.
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PSOE y Sumar denuncian un "pacto de la vergüenza"
Desde el PSOE, el diputado Juan Francisco Serrano ha atacado al diputado de Vox Ignacio Hoces, que ha defendido la moción en el Pleno, recordando que es “hijo de un duque”. “Si usted es hijo de un duque, ¿cómo va a entender a los que somos hijos de la inmigración? Es imposible”, ha asegurado, cuestionando su autoridad moral para hablar de integración.
El socialista también ha cargado contra el PP por su acuerdo de gobierno con Vox en Extremadura. “Menudo papelón tiene el Partido Popular para defender este pacto de la vergüenza”, ha criticado, al tiempo que ha preguntado a los populares si “su prioridad nacional es quitarle a los niños de inmigrantes el médico o la atención sanitaria”.
Asimismo, la diputada de Sumar, Candela López, ha denunciado que Vox “vuelve hoy a mostrar lo peor de la condición humana con sus propuestas racistas, xenófobas, totalitarias y totalmente excluyentes” que “únicamente hablan de un proyecto de sufrimiento, muerte y destrucción” y que, a su juicio, “siembran la semilla de odio”.
Restringir ayudas a migrantes y endurecer la política migratoria
La moción planteaba “repatriar a todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal” en España; fijar “la prioridad nacional” para el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y los programas de vivienda; vetar la atención sanitaria a los migrantes en situación irregular, salvo en casos de urgencia, y derogar el real decreto que regula la regularización extraordinaria de migrantes.
Durante el debate, el diputado de Vox Ignacio Hoces ha defendido que su propuesta busca la “prioridad nacional”, es decir, “prioridad de los españoles en el acceso a las ayudas públicas, en la vivienda y en las prestaciones sociales” frente a lo que considera una “anarquía migratoria” en la que, a su juicio, se encuentra España.
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“Queremos que España deje de ser el hospital de África y América y por eso, como primer paso, queremos la derogación del Real Decreto que extiende toda la sanidad pública española a los inmigrantes ilegales y, por supuesto, queremos también la derogación del Real Decreto de Amnistía Migratoria”, ha subrayado.
Enmienda del PP
El Partido Popular por su parte había registrado una enmienda a la moción con ajustes al texto original, aunque manteniendo el concepto de "prioridad nacional" como criterio para el reparto de recursos públicos. Los 'populares' defendían una política migratoria “clara y responsable” orientada a evitar situaciones de irregularidad y adaptar la legislación española al nuevo Reglamento Europeo de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo. Una enmienda que Vox ha rechazado.
En nombre del PP, la diputada Carmen Navarro ha defendido la enmienda de su grupo, que “recoge literalmente el pacto alcanzado con el gobierno de Extremadura”, y ha reivindicado la “prioridad al arraigo” dentro del “marco infranqueable” de “la Constitución, la ley y el Estado de Derecho”.
Además, ha reprochado a “la bancada socialista” que “aplaude la regularización masiva, premia la irregularidad y alimenta el efecto llamada” y ha asegurado que lo que plantea su partido “no es xenofobia” sino “sentido común”. “Con esta regularización que pretenden, el PP está en absoluto desacuerdo. Entendemos que se debe y se puede hacer de otra manera, con seriedad”, ha insistido.
En cuanto al acceso a ayudas y prestaciones, el PP planteaba su vinculación a criterios de "arraigo y permanencia" en el territorio, incluyendo periodos mínimos de empadronamiento y residencia, una elación continuada con el sistema mediante cotización y contribución económica o la xclusión de prestaciones estructurales para personas en situación irregular, salvo casos de emergencia.
Asimismo, la enmienda de los 'populares' también incorporaba cambios en el acceso a vivienda protegida y alquiler social. Nuevos criterios para garantizar un mínimo de 10 años de arraigo para optar a vivienda protegida en compra, al menos 5 años de residencia para acceder a alquiler social y la valoración de factores económicos, familiares, laborales y formativos como prueba de integración.